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La ofensiva gubernamental contra la agencia nacional de noticias Notimex ocurrió poco después de que el presidente Vicente Fox ofreció transformarla en “una auténtica agencia de Estado, con independencia editorial, autonomía financiera y administrativa”.
Desde hace más de dos décadas apostaba su supervivencia a una iniciativa del Legislativo que le garantizara autonomía y solvencia. Sobrevino, sin embargo, el recorte sustantivo del presupuesto, atribuido por analistas como Raúl Trejo Delarbre a “la disputa entre las secretarías de Gobernación y la de Hacienda”, por su control.
La agencia, que surgió en 1968 como una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, reforzó por años la presencia del Estado al interior del país y en el extranjero, además de prestar un servicio sustantivo para la sociedad, la de representar una mirada de México en el mundo y para el mundo.
La llegada de nuevas tecnologías se dio simultáneamente con el poco interés comercial en su desarrollo, de manera que la importancia de la agencia noticiosa decayó hasta que en el régimen foxista sufrió las primeras consecuencias al ver disminuido su presupuesto: En el 2000 ejerció 133.8 millones de pesos, en 2001 obtuvo 160.2 millones, en 2002 descendió a 120, en 2003 sólo sumó 105 millones y para 2004 apenas alcanzó 96 millones. En el gobierno actual se le asignó un presupuesto de más de 180 millones de pesos.
Comparativamente con otros medios públicos, Notimex ejercía el menor presupuesto con relación al Canal 11 del IPN y al Canal 22. Adicionalmente, la agencia generaba recursos propios por la venta de sus servicios noticiosos, que le permitían mantener a sus corresponsales en el extranjero. La transparencia fue, sin embargo, un tema en el que se tenía que profundizar para mejorar y lograr mayores alcances.
La cuesta abajo presupuestal tocó fondo en diciembre de 2003 cuando la Secretaría de Hacienda la puso en la lista negra de las 16 empresas paraestatales para las que proponía su disolución o liquidación. Mientras tanto asignó a Notimex apenas 90 millones para operar en el 2004.
En el 2002 Francisco Ortíz Pinchetti fue despedido y relevado por el ingeniero químico José Antonio Díaz, quien fuera secretario del Subsecretario de Gobernación, José Luis Durán Reveles.
Paradójicamente, los años en que Notimex fue conducido por periodistas, la imagen de la agencia a nivel nacional e internacional mejoró, aunque no al nivel que merecía.
Enrique Aranda, en el gobierno de Vicente Fox, aseguraba que estaba garantizada su sobrevivencia, aunque su presupuesto era raquítico.
La razón es que se apostaba a que se aprobara en el Legislativo una iniciativa para transformar a Notimex en una ‘agencia de Estado’. La propuesta, suscrita por los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, se denominó Iniciativa de ley que crea la agencia de noticias del Estado Mexicano y reformaría la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo tercero de la ley de Entidades Paraestatales. Este proyecto fue una respuesta a la embestida de las grandes empresas de comunicación cuyos recursos propios les permiten prescindir de los servicios noticiosos de Notimex, así como a las restricciones para adquirir sus productos por los medios que consideraban que su información era “incómoda”. Desde entonces, se imponía la necesidad de políticas editoriales claras y enfocadas a fortalecer al Estado mexicano, no a un gobierno en turno.
En síntesis, la iniciativa contemplaba:
1) Descentralizar la agencia para hacerla una entidad autónoma, tipo IFE o Banco de México
2) Crear una junta de gobierno en lugar del Consejo de Administración con representación del gobierno pero que incluya a consejeros independientes –empresarios de la radio y la televisión en la que participe la sociedad
3) Revivir el Consejo Editorial como entidad consultiva con periodistas y académicos (entre 10 y 13) y participantes honorarios
4) Crear un defensor de la audiencia, a la manera del ombudsman del lector
5) Replantear el código de ética en su operación cotidiana.
Y 6) Que el presidente nombrara al Director General como una facultad que le es propia y que sea ratificado por el Senado. En este punto, la propuesta de Notimex, contraria a la de la comisión legislativa, sugería que fuera una Junta de Gobierno la que ratificara a su directivo.
Por otra parte, se establecería que el periodo máximo en el cargo para un director, fuera de cuatro años. El cambio en el cargo, era decisión de la Secretaría de Gobernación. Otro aspecto novedoso de la propuesta es que no dependía más de los recursos fiscales, como lo hacen a nivel internacional las agencias del mismo rango. Se trató de establecer una sana relación comercial entre la agencia y el Estado. En este sentido, desde entonces Notimex tenía alternativas, como desarrollar un portal de las tradiciones culturales del país para que se conociera a nivel mundial y ofrecerlas como un producto atractivo que a la vez le permitan una relación de transparencia comercial. Enrique Aranda, entonces director durante el gobierno de Vicente Fox, apostaba por impulsar la contratación de sus servicios a nivel institucional: “embajadas, secretarías y empresas paraestatales”, para obtener más recursos adicionales.
Notimex evolucionó en su regulación pero no fue suficiente para darle autonomía. Hoy entrará en liquidación y el periodismo pierde. La huelga de periodistas fue reconocida por la Secretaría del Trabajo del gobierno del presidente López Obrador. Los acuerdos, lamentablemente, nunca llegaron.
