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Por eso, el organismo aseguró que es urgente incrementar la base de contribuyentes —incluyendo a trabajadores informales—, así como justificar el uso y destino de los recursos públicos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que, si bien las finanzas públicas no han generado problemas hasta el momento, “hacia adelante se perciben riesgos de preocupación”.
“Especialmente en cuanto a la sostenibilidad de las fuentes de recursos, tanto recurrentes como no recurrentes. Ello representa riesgos para la sostenibilidad del gasto gubernamental y la estabilidad de la deuda pública, sobre todo hacia el proceso electoral y subsecuentemente”, expuso.
Frente a este panorama, el CEESP hizo dos propuestas para incrementar la recaudación, que pueden aplicarse mediante una reforma fiscal o una serie de cambios en el renglón.
En primer término, propuso “ampliar el universo de contribuyentes a quienes se apliquen efectivamente los diversos impuestos. Ello haría a la recaudación más eficaz y equitativa al dar un trato igual a todos los ciudadanos con relación a sus ingresos”.
Hoy, 24 y 27% de los ingresos del gobierno son generados por las grandes empresas y los trabajadores cautivos.
Por ello, “con el fin de elevar la eficacia de la recaudación y favorecer la equidad del sistema, la base tributaria debe incluir al sector informal y a trabajadores no cautivos, posiblemente tomando en cuenta alguna gradualidad y otras facilidades para su incorporación, pero con el fin decidido de su inclusión”.
En segundo término, el CEESP propuso justificar el uso y destino de los recursos públicos.
“El destino de todo gasto público debe ser justificado. El Congreso tiene la obligación de asegurar que el gasto propuesto se destine adecuadamente a las prioridades nacionales”, resaltó.
“Un requisito mínimo para ello —continuó— es la transparencia del padrón de los beneficiarios de los programas, particularmente los de transferencias sociales. También los programas deben contar con objetivos y reglas de operación claros, que permitan su evaluación rigurosa a fin de que el legislativo pueda impulsar correcciones sobre bases objetivas y serias”.
Algo similar debe hacerse en cuanto a la inversión pública. “Es fundamental que los proyectos que se propongan cuenten con un análisis que demuestre su rentabilidad social, como lo marca claramente la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, además del resto de estudios requeridos propios de los proyectos de inversión, como su viabilidad técnica y su impacto ambiental”.
Bajo estas dos propuestas, “es posible que la política fiscal o, en su caso,una reforma, sea un pilar de la estabilidad macroeconómica y genere incentivos a la tributación”.
