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Por Ayesha Borja y Rael Espin
La reforma constitucional en materia laboral de febrero de 2017, por la que desaparecenlas Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crean los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación, es hoy una realidad. Su implementación en todo el país está a pocos meses de concluir, ya que fue planeada para llevarse a cabo de manera gradual en tres etapas, la primera de las cuales inició a partir del 18 de noviembre de 2020, la segunda el 3 de noviembre de 2021 y la tercera está previsto que arranque en mayo de 2022.
Esta reforma constitucional y la correspondiente reforma legal a diversas disposiciones normativas efectuada en mayo de 2019, entre las que se encuentran la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Defensoría Pública, trajo consigo un cambio de paradigma con respecto a la forma en que se impartía la justicia laboral en México. El Nuevo Modelo de Justicia Laboral se construye sobre tres pilares fundamentales: La conciliación prejudicial obligatoria, la oralidad de los nuevos tribunales laborales, y la protección de la libertad de sindicación, la democracia sindical y la negociación colectiva.
Como parte de los beneficios que ofrece este Nuevo Modelo de Justicia Laboral, tenemos que al frente de cada uno de estos Tribunales especializados, estará un Juez que está obligado a conducirse con apego a la legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia en todas sus actuaciones. Por su parte, el proceso deberá regirse bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio.
De este modo, los procesos en los que se diriman los conflictos laborales prometen ser mucho más breves, sencillos y justos para ambas partes de la relación laboral, sin formalismos innecesarios ni juicios que se prologuen indefinidamente, mediante el abuso del ofrecimiento de pruebas y a través de la interposición de medios de defensa notoriamente improcedentes, con el propósito de elevar los honorarios de los abogados litigantes, lo cual era una práctica común en el viejo sistema.
Otra de las principales ventajas del Nuevo Modelo de Justicia Laboral, es que ahora se garantiza el acceso a una adecuada defensa de los justiciables, exigiendo como requisito legal que la representación de las partes recaiga en abogados con título y cédula profesional, con lo que se pretende acabar de una vez por todas, al menos en esta materia, con el denominado “coyotaje” que tanto ha dañado la credibilidad de los profesionales del derecho en México.
Para lograr este propósito, el Instituto Federal de Defensoría Pública juega un papel fundamental. Con 23 años de haberse creado, la Defensoría Pública es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, dotado de independencia técnica y operativa, el cual recién adquirió competencia en materia laboral, que se suma a las materias penal, administrativa, fiscal, civil y mercantil, en las que es competente para brindar sus servicios a nivel federal en las modalidades de orientación, asesoría y representación legal de manera totalmente gratuita, a través de 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos con presencia en las 32 entidades federativas.
Es importante señalar que a partir de la gestión del Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros al frente de este organismo como su Director General, la Defensoría Pública se ha enfocado en atender de manera prioritaria a personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, y en general a quienes por razones sociales o económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular, además de ofrecer representación especial para niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido y como parte de sus nuevas atribuciones en materia laboral, la Defensoría Pública ha impulsado que las y los trabajadores, sus beneficiarios, derechohabientes, jubilados, pensionados, sindicatos y sus agremiados, pequeños emprendedores y microempresarios, vean garantizados sus derechos a una adecuada defensa y de acceso a la justicia de manera efectiva, mediante la designación de un asesor jurídico del Instituto que asuma su representación jurídica ante los Tribunales Laborales competentes.
Actualmente solo están pendientes de integrarse a este Nuevo Modelo de Justicia Laboral los estados de Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Ciudad de México en asuntos individuales (en la primera etapa se inauguró en esta ciudad el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos). Con ello, el Estado mexicano da cumplimiento a los compromisos adquiridos internacionalmente sobre la necesidad de implementar una justicia laboral de calidad, con la participación de la Defensoría Pública como uno de sus actores principales.
Acudir a la Defensoría Pública a recibir los servicios que brinda es muy fácil. Si sufriste algún despido injustificado, quieres demandar el pago de tu salario o prestaciones laborales, o deseas que te reconozcan el carácter de beneficiario de un trabajador fallecido, así como si eres jubilado o pensionado y no sabes cómo solicitar el ajuste de tu pensión, o simplemente requieres orientación o asesoría sobre tus derechos laborales o sindicales, en el Instituto Federal de Defensoría Pública podemos ayudarte.
Solamente tienes que acudir a nuestras oficinas centrales ubicadas en Bucareli 22 y 24, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040 en la Ciudad de México o a cualquiera de nuestras Delegaciones en toda la República, el directorio de las mismas lo puedes consultar en nuestra página de Internet www.ifdp.cjf.gob.mx/ o puedes comunicarte a Defensatel al 800 22 42 426 las 24 horas, los 365 días del año, donde serás atendida o atendido por un abogado de la Defensoría que te proporcionará orientación y asesoría legal gratuita.
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