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La supuesta menor desigualdad pregonada por el presidente en su IV Informe se basa en información “poco o nada verificable”..
Luego de los supuestos avances en materia económica presentados en el IV Informe de Gobierno, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López obrador “vive una realidad alterna”.
Y por esta razón, “es deseable considerar una reforma que hiciera más sencilla, ágil, transparente y útil la exigencia de cuentas al Ejecutivo sobre su gestión”.
En su análisis económico semanal, el CEESP se refirió al mensaje con motivo del IV Informa de Gobierno del presidente López Obrador y reconoció que “en esta ocasión el discurso fue más articulado y menos beligerante que los informes previos. Sin duda, su objetivo principal es el apoyo electoral para la llamada cuarta transformación”.
“Resalta el hecho de que el discurso en materia de un beneficio social, particularmente de menor desigualdad en la población, se apoyó en cifras de 2020 y a una información diversa poco o nada verificable, pero que aparentemente ha rendido frutos favorables en la percepción de la población”, añadió.
Por esta razón, “de acuerdo con el discurso presidencial, parecería que el gobierno vive una realidad alterna a la que arrojan las cifras oficiales. Subraya una recuperación de la economía a los niveles prepandémicos cuando la mayoría de los países la alcanzaron hace tiempo”.
De acuerdo con el CEESP, el tono triunfalista de los informes presidenciales es tradicional. “El presidente hace lo mismo que sus antecesores, aunque pocas veces, si acaso, tantos indicadores han mostrado el deterioro que ahora muestran en el cuarto año de gobierno. Ello por diversas razones exógenas, pero también otras atribuibles a la gestión de gobierno”.
El organismo lamentó que el Congreso de la Unión no cuente con los elementos necesarios “para exigir cuentas y exigir responsabilidades de manera objetiva al Ejecutivo”.
El sistema de planeación del desarrollo de la Constitución obliga a la administración pública federal a ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo (PND), a sus programas y al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobados por el Congreso. “Pero lo hace mediante un proceso de planeación demasiado complicado y oneroso, que finalmente termina siendo inoperante y de letra prácticamente muerta”.
Dado lo anterior, “sería deseable considerar una reforma al sistema de planeación que lo hiciera más sencillo, ágil, transparente y útil, para que el pueblo, a través de sus representantes, tuviera la oportunidad de exigir cuentas al Ejecutivo sobre su gestión, en sesiones democráticas presenciales”.
Por Raúl Castro-Lebrija
