Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 24 segundos
Además, en la FGR hay 38 denuncias contra el organismo, presentadas por la Procuraduría Fiscal, la UIF, y la propia Secretaría de la Función Pública.
Creada en este mismo sexenio como un mecanismo de apoyo al campo y al consumo de alimentos de las clases más desprotegidas, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) acumula, en casi cuatro años, observaciones por 9,500 millones de pesos.
Debido a lo anterior, en la Fiscalía General de la República (FGR) existen 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El titular de esta última, Roberto Salcedo Aquino, explicó en la conferencia de prensa matutina presidencial que, desde la creación de Segalmex —entre 2019 y diciembre de 2021— se han llevado a cabo 84 actos de fiscalización “que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones, con montos observados por 6,000 millones de pesos”.
Ya en el 2022, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.
Adicionalmente, expuso Salcedo Aquino, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la cuenta pública de 2020, incluyó 22 pliegos de observaciones por 3,465 millones de pesos.
“Los montos observados por ambas instituciones son de 9,500 millones de pesos”, advirtió el titular de la SFP y añadió que estos montos están en proceso de aclaración, de documentación y, según sea el caso, de recuperación.
Salcedo Aquino también explicó que, en la FGR, se han presentado 38 denuncias en contra de Segalmex, por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la UIF, así como las propias SFP y FGR.
El titular de la SFP también recordó que está bajo proceso un funcionario de la institución —René Gavira, ex director de Administración y Finanzas— por efectuar inversiones en el mercado de valores por 950 millones de pesos, supuestamente sin reportarlas a la dirección general de la institución, Ignacio Ovalle, quien apenas el pasado 19 de abril —ya destapado el escándalo— fue designado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob) y sustituido por Leonel Cota Montaño.
“Con información actualizada a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas”, concluyó Salcedo Aquino.
Por Raúl Castro-Lebrija
