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Con esto quedó saldado el trámite legislativo para que el litio sea un mineral reservado exclusivamente para el Estado y se creará un organismo encargado de su exploración, explotación y aprovechamiento.
Con 87 votos a favor, 29 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó en lo general la reforma a la Ley Minera propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con esto se logran dos cosos: por principio, el mineral de litio queda reservado exclusivamente para el Estado Mexicano sin que pueda ser concesionado a empresas extranjeras.
Según el texto de la iniciativa “la Secretaria de Economía otorgará concesiones solamente a personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades garrías, pueblos y comunidades indígenas”.
Este martes, el presidente López Obrador anunció además que se revisarán los contratos que tienen las empresas de capital chino Bacanora Lithium y Ganfeng Lithium para cerciorarse que hayan sido otorgados, efectivamente, para la exploración de este mineral y que sr haya cumplido con el requisito de consultar a las comunidades.
En caso negativo, adelantó el mandatario, los contratos serán cancelados.
Adicionalmente, con la aprobación de la iniciativa se creará un organismo público descentralizado que se encargará de la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral que tiene diversas aplicaciones industriales.
De hecho, el Ejecutivo ahora tendrá un periodo de 90 días para decretar la constitución de dicho organismo.
Según ha señalado el presidente López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas, se tratará de una institución como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, aunque todavía no se ha definido si estará adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de Energía (Sener) o a la de Economía (SE).
La misma iniciativa fue aprobada ayer lunes en fast track por la Cámara de Diputados, en una híspida sesión en la que el bloque opositor compuesto por PRI, PAN y PRD abandonó el salón de sesiones aduciendo violaciones al proceso legislativo y solicitando mayor tiempo para analizar el documento enviado por el presidente López Obrador el pasado domingo.
Por Raúl Castro-Lebrija
