Decreto de AMLO afectará al mercado formal de vehículos usados y nuevos

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La palabra del dueño y 2 mil 500 pesos el costo para legalizar un auto “chocolate”.

Redacción

“Afectarán aún más al mercado interno las modificaciones al Decreto que fomenta regularización de vehículos usados”, señaló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El decreto del presidente López Obrador se publicó el domingo en el Diario Oficial de la Federación. Entre las novedades es que ahora son 12 estados donde se regularan los autos chocolate y en un periodo del 20 de julio al 20 de septiembre de 2022.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y se suma Sinaloa y Zacatecas.

Por esto, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) e Industria Nacional de Autopartes (INA), ofrecieron una conferencia de prensa virtual para mostrar su molestia.

“Las modificaciones al decreto incluyó la suma de los estados de Sinaloa y Zacatecas al mismo, una ampliación para su regularización hasta el 20 septiembre de 2022 (el anterior era hasta el 20 julio) y elimina la figura del pedimento de importación con el apoyo de un Agente Aduanal”, señaló  Guillermo Rosales Zárate presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Estiman que el golpe a la industria se reflejaría en dejar de comercializar 200,000 unidades, alrededor de un 20% de las ventas en el mercado e incluso el gobierno dejaría de recaudar recursos; en promedio, por cada vehículo nuevo que se vende, llega al erario 40,000 pesos.

“A todas luces no estamos solamente ante un procedimiento viciado, sino que las consecuencias que tendrá  repercutirán en el número de vehículos que se les conceda la regularización y con ello estaríamos en la condición de afectación al mercado formal de vehículos usados y nuevos, agregó.

Además, explicó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al Registro Público Vehicular establecer módulos de registro y solicitó a las entidades federativas establecer condonaciones en impuestos para su emplacamiento para facilitar la regularización prometida, dejando en 2 mil 500 pesos el costo de cada regularización vehicular.

Los distribuidores de automotores tienen dos principales preocupaciones sobre las facilidades publicadas, apuntó Rosales Zárate, la primera es que el Registro Público Vehicular (REPUVE) será el organismo encargado de recibir la documentación de los interesados, una instancia que está en el franco abandono y sin ninguna inversión reciente que asegure su funcionamiento, cuando el organismo con facultades correctas sería Aduana M{exico; y la segunda es que los propietarios, únicamente con la firma de una carta bajo protesta de decir verdad, darán cuenta a las autoridades sobre las condiciones legales y ambientales de la unidad en territorio mexicano, esto sin que otra instancia pueda corroborar el dicho o contradecirlo.

“Esto da la pauta para dilucidar con toda precisión que el procedimiento carece de mínimos elementos de control por parte del Estado Mexicano para asegurar que los vehículos a los que se les dará legal estancia no cuentan con reporte de robo ni sobre sus condiciones físico-mecánicas, además deja de lado cualquier consideración de llevar a cabo la verificación de sus emisiones contaminantes para asegurar que los vehículos a los que se le dará legal estancia no cuentan con reporte de robo ni sobre sus condiciones físico-mecánicas, además deja de lado cualquier consideración de llevar a cabo la verificación de sus emisiones contaminantes”, advirtió el Presidente Ejecutivo de la AMDA.

Esta simplificación lo único que facilitará será un envejecimiento acelerado del parque vehicular a nivel nacional, ya que las unidades una vez emplacadas podrán circular y comercializarse fuera de las entidades federativas donde fueron regularizadas, impactando el precio a la baja hasta en un 20% de las unidades nacionales usadas de similar o idéntico año-modelo ya circulando en México, afectando la cadena de renovación de usado a seminuevo y de seminuevo a nuevo.

“Todo esto sin contar una elevación en los índices de emisiones contaminantes al medio ambiente en las regiones donde circulen y no haya verificación vehicular, ya que a una gran parte de esas unidades ilegales les fue quitado el convertidor catalítico en su entrada al país para venderlo y con ello recuperar algo de la inversión inicial hecha para adquirirlo”,  finalizaron.

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