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Fuente: La Lista
Emilio Lozoya permanecerá en prisión preventiva justificada hasta que su proceso por asociación delictuosa, operaciones con recursos lícitos y cohecho por el caso Odebrecht culmine.
José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control federal, hizo valer la orden de una magistrada del Tercer Tribunal Unitario que amparó al exdirector de Pemex para que la audiencia de noviembre del año pasado, donde se le sentenció a prisión preventiva, fuera repuesta.
De acuerdo con información publicada en La Lista, la audiencia fue híbrida y solo estuvieron presentes Emilio Lozoya, como imputado, y Alejandro Rojas Bruneda, uno de sus abogados. Miguel Ontiveros, el segundo abogado; la Fiscalía de la República (FGR); y los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Pemex tuvieron presencia a través de videoconferencia, pues el juez dijo que el 30 % de personal del Reclusorio Norte está contagiado por covid-19.
En la audiencia advirtió a la defensa del exdirector que evite seguir presentando escritos con motivo de su inmediata libertad, ya que “esa cuestión se encuentra decidida legalmente”, comunicó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Asimismo, el juez federal justificó su decisión de cambiar la prisión preventiva, pues desde el 2020 Lozoya tenía libertad condicional y portaba un brazalete con geolocalizador.
Los motivos que el juez presentó para no cambiar la medida preventiva, aunque reconoció que Emilio tiene disposición para colaborar, fue que este posee los recursos económicos, así como relaciones políticas y familiares que le permitirían huir.
Sin embargo, el caso Odebrecht no es la única razón por la que Lozoya enfrenta cargos, aunque, sí es la principal para que esté en prisión. Su caso legal en el tema de agronitrogenados lo mantiene bajo libertad condicional, así lo ordenó un Tribunal Unitario.
Cabe destacar que la decisión de mantenerlo en libertad condicional cambió cuando el pasado noviembre la periodista Lourdes Mendoza lo exhibió cenando en un restaurante de lujo ubicado en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.
De igual manera la FGR presentó pruebas de una cuenta bancaria que contenía dos millones de euros a nombre de una empresa donde Emilio Lozoya era accionista. Aunado a que en 2019 salió del país y, pese a que su defensa argumentó que se trató de un viaje empresarial, el juez anuló el razonamiento, pues se tuvo que emitir una ficha roja de la Interpol así como una orden de aprehensión.
El juez aclaró que tampoco culminó el criterio de oportunidad (cooperar con las autoridades a cambio de no enfrentar un proceso legal), ya que Lozoya no cubrió el reparo de los daños, cantidad que asciende a más de 7 millones de dólares.
Casi por concluir, de ser culpable por los delitos mencionados al principio, el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, podría enfrentar una sentencia mínima de 12 años o hasta los 39, pena que busca la FGR.
Finalmente, el abogado Alejandro Rojas sugirió que apelarán a la resolución. Mientras tanto, el caso de Emilio Lozoya entrará a la etapa intermedia del proceso legal en donde la FGR desahogará todas las pruebas que tiene en su contra, con las que busca alcanzar la máxima sentencia condenatoria.
