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Según el organismo, los cambios propuestos por el gobierno y que se discuten en el Congreso dañarían las finanzas públicas, tendrían impactos significativos para los consumidores y afectarían el clima de inversión en el país.
La reforma constitucional en materia eléctrica que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría un costo para la Comisión Federal de Electricidad de hasta 512,000 millones de pesos entre 2022 y 2028, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De esos recursos -añadió el organismo— 427,000 millones se tendrían que destinar a generación de electricidad, otros 70,000 millones a inversión y 15,000 millones más a tareas de operación y mantenimiento.
Todo lo anterior, cuando esas inversiones podrían realizarse perfectamente por parte de empresas privadas, quienes asumirían tanto la responsabilidad como los riesgos financieros.
El IMCO aseguró que la reforma constitucional en materia de electricidad que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, obligaría a la CFE a incurrir en costos adicionales para generar y suministrar la energía eléctrica que demanda el país.
“Estos costos tendrían impactos significativos para los consumidores, afectarían el clima de inversión, así como las finanzas públicas y la economía del país”, alertó el organismo.
El IMCO recordó que la reforma del gobierno de López Obrador pretende que la CFE genere hasta el 54% de la electricidad del país.
“Al cierre de 2020 la CFE generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada en México. Aunque la CFE tiene capacidad instalada de generación para producir un mayor porcentaje de energía, esta capacidad no es utilizada; esto se debe a que sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos”, consideró el organismo.
Ante esta situación, el IMCO generó diversos escenarios sobre la forma en que impactaría la reforma constitución al a la CFE, siendo el primero de ellos un costo de 512,000 millones de pesos entre 2022 y 2028.
Lo anterior, partiendo de la base de que la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico —en Puerto Peñasco, Sonora—, en la renovación de 14 de las 60 centrales hidroeléctricas y el resto de la demanda se cubra con termoeléctricas, carboeléctricas y plantas de los llamados ciclos combinados.
“No es necesario erogar recursos públicos adicionales en un segmento donde actores del sector privado, mediante la correcta regulación por parte de organismos autónomos, pueden asumir el riesgo financiero y la responsabilidad”, señaló el IMCO.
Por el contrario, “la CFE debe priorizar las inversiones en sus monopolios legales; es decir, reforzar y expandir sus redes de transmisión y distribución donde, si la empresa no invierte, nadie más lo hará”.
Por Raúl Castro-Lebrija
