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Según el organismo, la reforma sería un retroceso a los años 1960, incrementaría el costo de la electricidad, abriría un boquete en las finanzas públicas, cancelaría la transición a energías limpias y violaría el T-MEC.
La reforma constitucional que propone el ejecutivo en materia de energía eléctrica “es innecesaria, equivocada e inaceptable”, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico semanal, el organismo advirtió que, en caso de ser aprobada, “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) centralizaría las funciones más neurálgicas del sistema eléctrico nacional, acabando con el mercado de electricidad y convirtiéndose prácticamente en el único productor, comprador y vendedor en el sector”.
“Sería, como se le denomina a ese fenómeno en la teoría económica, un monopolio y a la vez un monopsonio. Es decir, único productor y vendedor y único comprador”, alertó.
De acuerdo con el CEESP, la inversión total de la CFE ha estado por debajo de lo planeado. “De acuerdo con las cifras de la SHCP, hasta noviembre del 2021 la inversión física de la CFE sumó 29,700 millones de pesos, lejos de los 52,500 millones aprobados para todo el año”.
“El sistema bajo la ley actual funciona bien en favor del país”, insistió la institución. “Sus beneficios ya eran palpables y no acababan de concretarse totalmente”.
Es decir, “los costos del sistema disminuyeron, las empresas cuentan con un suministro más competitivo, los recursos presupuestarios de la CFE se optimizaron y permitían ya su rentabilidad, se avanzaba en la transición energética hacia energías limpias, y se presentaron los flujos de inversión en infraestructura del sector más altos de la historia, privilegiando dichas fuentes”.
De hecho, “en 5 años, la inversión en el sector alcanzó alrededor de 250,000 millones de pesos. En términos anuales las cifras son aproximadamente el doble de la capacidad de inversión de la CFE”.
Además, “la inversión masiva y la creación del mercado eléctrico de la ley actual han permitido bajar en alrededor de 50% los costos totales del sistema y los precios de mercado son menores que las tarifas de la CFE”.
Por todo ello, “la aprobación de la reforma constitucional sería un fuerte retroceso hacia una situación parecida a la de los años 1960. Incrementaría el costo de la electricidad, abriría un boquete en las finanzas públicas, cancelaría la transición hacia energías limpias y violaría los preceptos del tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC). El golpe a la confianza en el país sería desastroso”.
Por Raúl Castro-Lebrija
