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The Economist dio a conocer el 3 de enero la nota titulada “Las reformas energéticas de México dañarán la economía y el estado de derecho”, sumándose a las publicaciones que abordan la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador con un prejuicio liberal porque para ellas el único camino de una economía saludable es dejar en manos del mercado y la iniciativa privada el devenir de una nación.
En la nota se dice que “los planes de López Obrador […] suponen una grave amenaza, no sólo para la economía, sino también para el estado de derecho”, ya que “harían que la electricidad fuera más sucia y más cara”. Diversos medios insisten en que rescindir los contratos actuales atenta contra el estado de derecho, pero omiten que los contratos que no tendrán vigencia —en cuanto se apruebe la reforma— son aquellos que se utilizan para aprovecharse de la red de transmisión y distribución de la CFE para no pagar lo que deberían (algo que nos ha costado a los mexicanos alrededor de 21 mil millones de pesos en los 3 años recientes). Por lo demás, se harán nuevos contratos para establecer alianzas con la iniciativa privada y fomentar la generación de energía de una forma justa y en beneficio de los habitantes de México. Si una empresa opera legalmente para producir energía no debe temer por la reforma.
Respecto de las energías sucias, resulta muy atractivo para los medios y las personas en contra de la reforma reincidir en una frase como si se tratara de un eslogan, pero no: la CFE no propone energía más cara ni sucia; de hecho, en 2021 del total de energía que inyectó a la red, 38,45% fue limpia. Asimismo, del total de energía limpia que entre privados y la CFE inyectaron a la red, el 55% fue producida por la CFE.
Como parte de la transición que desea implementar, la CFE construirá la planta solar más importante de América Latina, que impactará directamente en 4 millones de personas. Además, dará mantenimiento a sus centrales hidroeléctricas con el fin de producir más energía limpia. Estas acciones se sumarán a la convicción de no construir una planta de carbón más. (Es importante mencionar que la CFE solamente cuenta con 3 plantas de carbón mientras otras naciones generan energía con un número significativamente más alto: China con 946, Estados Unidos con 286, o India con 253, sólo por citar tres ejemplos.)
Más adelante, la nota dice que la reforma de 2013 “ha sido un enorme éxito” debido a que “[e]l organismo que gestiona la red da prioridad a las fuentes más baratas. Como muchas de las centrales eléctricas de la CFE son viejas e ineficientes, las empresas privadas salen bien paradas de este acuerdo. También lo hace el medio ambiente, ya que muchas de las empresas privadas producen energía verde”. The Economist olvida mencionar que la reforma es un “gran éxito” pero sólo para las empresas privadas: al aprovechar las instalaciones de la CFE, éstas generan ganancias sustanciosas sin pagar la red de distribución y transmisión. Por otro lado, muchas empresas generan energía limpia y barata, pero gracias a la distorsión del mercado se les paga la tarifa más alta posible; en suma, la rentabilidad es atractiva para ellas pero no para los usuarios. La reforma cambiará ese oscuro panorama.
La nota señala que “la CFE podría no tener la capacidad de producir suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de México”, pero esto es totalmente falso. Como demostró en febrero de 2021 con el apagón de Texas, la CFE tuvo la capacidad de abastecer casi el total del sistema eléctrico de México (algo que no hicieron las empresas privadas porque para ellas lo único importante son las ganancias). En este momento la Comisión Federal de Electricidad no opera al total de su capacidad ya que la reforma de 2013 la ata de manos para priorizar a los particulares. La vocación eminentemente social de la CFE la compromete a no subir las tarifas de luz más allá de la inflación, algo que la iniciativa privada no podría conseguir.
Finalmente, The Economist se equivoca al escribir que “[l]os cambios propuestos [por el presidente] también violarían probablemente varios acuerdos comerciales, incluido el firmado con Estados Unidos y Canadá”. La reforma eléctrica no intenta despojar a las empresas privadas de lo que tienen, sino fomentar nuevos vínculos para sumar fuerzas. Si la CFE y los privados ganan de manera justa, los habitantes de México también ganarán.
