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En México, de 32 entidades federativas sólo 15 cobran tenencia vehicular y 17 la han eliminado por una serie de factores, lo que ha implicado pérdidas potenciales por 79,809 millones de pesos (mdp) para estos gobiernos subnacionales, dijo en un trabajo de investigación presentado el lunes la organización México Evalúa, experta en monitorear el desempeño de las finanzas del Sector Público.
Este monto millonario podría destinarse a duplicar las inversiones de dichos estados en materia de desarrollo de infraestructura, o en ampliar hasta en 10 veces el gasto estatal en Seguridad Pública, aseveró, al presentar los principales hallazgos del documento “Ingresos vehiculares y tenencia: hacia el fortalecimiento de la independencia fiscal local”.
Recuerda que, a partir de 2012, el cobro de tenencia en México es determinado y recaudado exclusivamente por los gobiernos estatales, y que este cambio de potestades, que implicó el cobro de un impuesto mixto federal–estatal por otro sólo estatal, generó el supuesto de que las entidades se interesarían en realizar dicho cobro, pero no ha sido así, por lo que tampoco se ha cumplido con el objetivo de fortalecer la recaudación local.
Durante 2012, 26 de las 31 entidades de la Federación hasta ese año, tenían integrado en su legislación el impuesto sobre la tenencia, pero con el paso del tiempo, 17 entidades lo han derogado y las 9 que lo mantienen han determinado amplias exenciones y subsidios.
Para 2019, sólo 15 estados de los 32 tenían vigente el cobro de tenencia, apunta México Evalúa.
En consecuencia, agrega en su estudio, la independencia fiscal de los gobiernos estatales ha avanzado de forma muy lenta en los últimos años, cuando el promedio de ingresos propios frente a los ingresos totales de las entidades se ha incrementado de 8.2% en 2010, a sólo 10.6% en 2019.
“Los estados han desaprovechado el impulso de un mayor parque vehicular”, afirma la organización experta.
Disparidad
Si bien en 19 estados el mayor número de autos empujó un alza de los ingresos vehiculares, sólo en cuatro de ellos la tasa de crecimiento de la recaudación de impuestos vehiculares fue superior al crecimiento de su parque vehicular, lo que sucedió en Puebla, Coahuila, Durango y Baja California Sur.
Por el contrario, 13 estados –Ciudad de México, Jalisco, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Morelos, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Guanajuato– presentaron pérdidas en su recaudación, pese a un mayor parque vehicular registrado.
“Es decir”, resaltó el think tank, “desperdiciaron por completo el ‘empuje de los autos’ para fortalecer su recaudación y mejorar su independencia fiscal”.
En 2018, la recaudación tributaria a nivel estatal entre los países de la OCDE promedió el 5.1% del PIB, pero en México los estados y municipios sólo recaudaron mediante impuestos propios el 0.7% del PIB. En promedio, apenas el 10.6% de los ingresos de los estados son propios, lo que los hace fuertemente dependientes de las transferencias federales.
Razones
México Evalúa sostiene que la dependencia fiscal de las entidades federativas está asociada a mayores niveles de pobreza.
“En los tres primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador hemos constatado por qué la dependencia fiscal de las entidades federativas limita seriamente la capacidad de remontar los problemas públicos”, expone.
A la caída de los precios del petróleo de 2015 se han sumado las contracciones económicas de 2019 y de 2020, y el resultado ha sido la restricción de los recursos que llegan a las entidades, “con la consecuente amenaza a la estabilidad financiera local, a la provisión misma de los servicios públicos e incluso al Pacto Federal”, alerta la firma especializada en el tema.
“Si esta condición no se corrige, los gobiernos subnacionales seguirán dependiendo de la Federación y no tendrán recursos propios para financiar servicios públicos, como los de agua, transporte, seguridad y salud, por mencionar algunos”, alerta.
La organización asevera que, en consecuencia, es imperante desarrollar un esquema de financiamiento sostenible para estos gobiernos.
De acuerdo con estimaciones propias, México Evalúa apunta que de lograrse una coordinación entre la Federación y los estados que resulte en el restablecimiento de la tenencia estatal, se estima un potencial recaudatorio de ingresos vehiculares del orden de los 122,779 mdp, con base en el parque vehicular reportado en 2019, el reporte más reciente.
La cantidad significaría un 145% adicional a lo obtenido en 2019, al pasar de 50,444 mdp a 72,735 mdp.
Con los mecanismos que deban incorporarse para la independencia fiscal de las entidades del País, el porcentaje de recursos de los estados frente al total, que incluye las transferencias federales, aumentaría de 10.8% a 14.2%, proyecta.
De la nada, no
México Evalúa advierte que la incorporación sistemática del impuesto derivado de la tenencia no puede surgir de la nada.
“Para México Evalúa es necesario que la Federación lo incentive
desde la Ley de Coordinación Fiscal, ya sea obligando a su cobro y/o premiando el esfuerzo fiscal mostrado a nivel estatal”, indica.
Además, los municipios pueden involucrarse de manera mucho más activa en la consolidación de este cobro.
“El potencial de recaudación adicional que calculamos (79,809 mdp) tendría un impacto significativo en las finanzas públicas de los estados.
“Éste serían 10.7 veces superiores a los recursos transferidos a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2020 (por 7,426 mdp), o 33% mayor a todo el gasto que destinaron las entidades a inversión pública en 2020 (por 59,601 mdp)”, sostiene.
Pagar la tenencia sale caro, indica la organización especializada. Pero sale más caro no hacerlo, agrega.
