Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 24 segundos
Columna de opinión publicada originalmente en la edición del 24 de noviembre de 2021 del diario El País.
Por Valeria Moy
Ciudadano/a mexicano por nacimiento y menor a los 65 años de edad al inicio de su cargo. Tener reconocida competencia en materia monetaria y haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en alguna autoridad financiera. Eso es lo que marca la ley para quienes aspiren a ser miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México.
Dicen por ahí que la política monetaria es más arte que ciencia. El grado de dificultad que trae aparejado el manejo monetario del país está a años luz de lo que se necesita para ejecutar cualquier política fiscal.
Los requisitos de solidez técnica están ahí por una razón. Hay que entender de economía, pero también conocer los mercados financieros y entender los movimientos mundiales de capitales y su interconexión con la economía real. En la conducción de la política monetaria se necesita saber navegar en un mar de variables complejas manteniendo la cabeza fría y aislada de los movimientos políticos que intenten desviar la ruta.
El manejo del banco central debe estar separado de la política fiscal para evitar que el primero funcione como la impresora de billetes del segundo. En un contexto en que el banco central dependiera del ejecutivo, se prestaría a que se viera a la autoridad monetaria como una herramienta de financiamiento. Hemos visto ya versiones de esa película y en ninguna hay un final feliz. Han sido películas de terror, de hecho, para las familias mexicanas.
Basta recordar las décadas de los setenta y los ochenta para que entender los riesgos de monetizar los déficits públicos. De ahí viene la necesidad de un banco central autónomo, con capacidad técnica y por supuesto con plena capacidad de decisión dirigida a los objetivos —al objetivo en el caso de México— que le marca la ley.
Banco de México está regido por una Junta de Gobierno con cinco miembros. De ellos, cuatro son subgobernadores y el quinto es el Gobernador del Banco, posición que hoy ocupa Alejandro Díaz de León y que termina su encargo el último día de diciembre.
Díaz de León podría haber seguido un segundo periodo, pero fue el presidente quien, de forma anticipada, aclaró que no sería de esta manera. En junio, seis meses antes de lo necesario, López Obrador anunció que nominaría al entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para el puesto.
Empecemos por ahí. Alejandro Díaz de León ha hecho un excelente trabajo al frente de Banco de México dando a los inversionistas certidumbre sobre la calidad técnica de las decisiones de esa institución.
El banco central, durante la pandemia, echó mano de todas las herramientas monetarias que tenía a su alcance para facilitar la liquidez en el momento más crítico de la historia económica reciente.
Un segundo periodo de Díaz de León hubiera sido más que bien recibido en la comunidad financiera mexicana e internacional.
Sin embargo, el hubiera no existe y el presidente decidió reemplazar a su entonces secretario de Hacienda enviándolo al Banco de México.
Herrera dejó la secretaría en julio y la comparecencia que tenía ante la comisión permanente del Congreso en agosto, justo para discutir su futuro encargo, fue cancelada. Y esta semana nos enteramos de que de hecho López Obrador le anunció que no sería ratificado.
No conozco hasta el momento las razones por las que el presidente cambió de decisión y ha nombrado a Victoria Rodríguez para el cargo. Pero sí sé que hay pocas cosas tan importantes para la estabilidad macroeconómica de un país como un buen manejo de la política monetaria.
Banco de México tiene hoy como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.
Más allá de las definiciones técnicas, todos entendemos la inflación. La vivimos. Nos damos cuenta cuando la compra en el supermercado es más cara, cuando pagamos más de luz y cuando el tanque de gas se queda a la mitad por lo mismo con lo que antes se llenaba.
El incremento reciente en este indicador repercutió en un aumento de la pobreza laboral de más de un millón de personas entre el segundo y el tercer trimestre del año; pésimas cifras para un país que debería de estar en plena recuperación económica.
Durante mucho tiempo ha existido el debate de si el banco central de México debería de tener un objetivo dual, como en Estados Unidos, una meta de inflación buscando el pleno empleo.
Al leer las minutas de las reuniones de política monetaria de la Junta de Gobierno queda claro que en las decisiones de tasas que ahí se toman se consideran implícitamente factores como el crecimiento económico y el mercado laboral, así como el contexto nacional e internacional del momento. No se toman decisiones aisladas y sin contexto, pero el objetivo prioritario sigue siendo mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.
La realidad norteamericana es distinta de la mexicana.
En México, hemos visto concretarse las tentaciones de usar al banco central como una máquina de billetes para financiar el gasto público y así, en teoría, lograr crecimiento económico. La inflación alcanzada en consecuencia mermó el poder de compra del ingreso de los mexicanos sumiendo a millones en la pobreza. Hoy, afortunadamente, el engranaje institucional del Banco impide que esto suceda.
La fortaleza de la Junta de Gobierno, su independencia y el carácter técnico de sus integrantes permite que el banco central siga siendo un pilar fundamental de la economía mexicana.
El manejo de la política monetaria no debe estar supeditado al gasto del Gobierno. El Banco de México tiene una de las funciones prioritarias de la economía mexicana: mantener la certeza en que esos billetes y monedas que usamos como medio de cambio sigan sirviendo para ello. La autonomía de Banco de México está ahí por algo.
Hay que defenderla.
