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De acuerdo con el principal organismo empresarial de México, el acuerdo “puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”.
También el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) mostró su oposición y preocupación por el decreto que cataloga “de interés público y seguridad nacional” las obras de infraestructura del gobierno mexicano.
De acuerdo con el organismo, el acuerdo “puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”.
Adicionalmente, el decreto “no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo”.
Mediante un comunicado, el CCE expresó “su desacuerdo y fuerte preocupación” por el decreto publicado ayer lunes en el Diario Oficial de la Federación ya considerar los proyectos de infraestructura como seguridad nacional “evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción”.
El decreto no toma en cuanta “que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley”.
“Es importante señalar que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”, argumentó el CCE.
El decreto obliga a las dependencias públicas a autorizar las obras del gobierno federal en cinco días hábiles, “lo que prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.
Finalmente, el CCE hizo un llamado “a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, pues son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”.
Por Raúl Castro-Lebrija
