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La agencia de riesgos Moody´s Investors Service dijo el fin de semana que la aprobación de la reforma eléctrica causaría una rebaja a la nota Soberana de México, actualmente en “Baa1” con Perspectiva Negativa.
Al difundir una actualización semestral de la opinión de crédito del País, la agencia hizo un apartado especial sobre la propuesta constitucional para reformar al Sector Eléctrico que envió el Poder Ejecutivo al Congreso el 30 de septiembre pasado y cuyo revuelo causó que la discusión legislativa se posponga a abril de 2022.
“En su forma actual, consideramos la reforma negativa para los generadores de energía privados y para los soberanos”, sostuvo Moody´s que recuerda que la propuesta del Ejecutivo es de naturaleza constitucional pues busca superar “los desafíos legales que han tenido iniciativas anteriores” hoy enfrentadas en tribunales.
Moody´s mantiene a la CFE en el mismo estatus de México de Grado de Inversión, lo que contrasta con la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex), que exhibe por parte de la calificadora un grado especulativo (“Ba2”) en escala internacional desde principios de 2020.
La agencia aseveró el fin de semana que los riesgos de la reforma constitucional del Ejecutivo van relacionados con la inhibición de “aún más” de la inversión privada, y las perspectivas de crecimiento de mediano plazo del País ante el aumento de las preocupaciones alrededor de la “la estabilidad” del entorno regulatorio.
En su actualización semestral, también toma en cuenta otros aspectos que están colocando presión a México, como la creciente polarización en los aspectos políticos internos, que incluye la revocación de mandato presidencial programada para el 22 de marzo del próximo año.
“El referéndum, que tendrá lugar en medio de una presidencia (sexenal) introduce incertidumbre política”, asevera Moody´s sobre el ejercicio.
Deterioro
Moody´s dijo que la iniciativa presidencial de reforma al sector eléctrico, además, erosiona el marco institucional de México al eliminar el regulador independiente (Comisión Reguladora de Energía, CRE) y el mecanismo basado en el mercado para el establecimiento de precios de la electricidad (Centro nacional de Control de Energía, Cenace).
Al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de un mayor apoyo financiero del gobierno a la CFC, en la medida que las inversiones para asegurar que el suministro de energía crezca al ritmo de la demanda eléctrica tendrían que provenir de la empresa del Estado, que ha limitado su capacidad financiera.
En su convención anual de este año recientemente celebrada, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) expuso en el documento “Nueva economía: Iniciativa Privada, políticas públicas y desarrollo” presentado en su plenaria que la propuesta del gobierno federal inhibe la inversión y la operación del Sector Eléctrico, y, en consecuencia, la recuperación de la economía del País.
Se estima que la demanda eléctrica en México crezca 3% a tasa anual, para un alza de 50% global sobre el requerimiento del insumo en los próximos 15 años. Sólo en 2021 se prevé una demanda máxima cercana a los 36,105 Megawats (MW) mientras que para 2022 será de 1,083 MW en términos de las capacidades de centrales eléctricas nuevas, lo que implica inversiones mayores a los 32 mil millones de pesos (mdp).
En octubre pasado, Moody´s, una de las tres firmas calificadoras de peso mundial junto con Fitch Ratings y S&P Global, se pronunció en dos ocasiones en menos de una semana en contra de la reforma constitucional eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El debate político sobre la reforma aún no ha comenzado y el cronograma de la discusión aún no está claro”, mencionó el fin de semana la agencia.
“Aunque no podemos descartar que la propuesta se aprobará tal como se presenta, este no es el escenario más probable porque se requiere una mayoría calificada (dos tercios del Congreso) y el gobierno y su coalición legislativa tienen solo una mayoría simple”, recordó.
