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En un momento en que más empresarios mexicanos manifiestan en diversos foros su inconformidad por la propuesta presidencial de reformar al Sector Energético, lo que ha conducido al propio partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, promotores de la reforma, a reconocer que habrá un parlamento abierto a más tardar en diciembre, las líneas de acción por venir parecen más definidas.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que refiere que sus afiliados aportan alrededor del 30% del PIB nacional, señaló el viernes que el trabajo de investigación de expertos sobre las repercusiones de la iniciativa del presidente, y las nuevas propuestas del empresariado ante el Congreso, se traducirán en mesas de trabajo, foros y paneles.
Carlos Garza, presidente de la comisión de enlace legislativo del organismo empresarial, será uno de los enlaces clave, detalló José Abugaber, presidente de la propia Concamin, de acuerdo con información derivada del foro “Costos y beneficios” sobre la reforma Eléctrica presidencial, donde, además de los empresarios afiliados, participaron académicos y ex funcionarios del Sector.
“Necesitamos generar confianza y dar continuidad a tratados internacionales y el cumplimiento de la agenda 2030, apoyando el cuidado del medio ambiente y el cambio climático.
“México tiene gran potencial renovable para invertir en energía solar y tenemos que aprovecharlo” mencionó Claudia Terzi, vicepresidente de la comisión jurídica en materia de derecho ambiental de la Concamin.
La propuesta del Ejecutivo Federal tiene por objetivo fortalecer el papel de la empresa eléctrica estatal, la CFE en las decisiones de mercado, en clara oposición a la reforma Energética de 2012, que abrió el sector a privados para incentivar proyectos con fuertes requerimientos de inversión para operar, y que se había mantenido completamente cerrado hasta 1992.
Entre otros, la iniciativa del Ejecutivo Federal contempla supeditar al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), institución autónoma que se encarga de la distribución de la electricidad en el País, a la estructura orgánica de la CFE, cancelar contratos de energía limpia y cambiar las reglas del juego con las que participan los privados.
También propone desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los dos entes reguladores autónomos del Sector Energético.
Cero y van tres
La propuesta del presidente López Obrador es el tercer intento del Gobierno de cambiar la forma en que opera el Sistema Eléctrico mexicano, cuyas resoluciones han desembocado en los laberintos del Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En 2019, el Máximo Tribunal de Justicia del País dictaminó que los cambios propuestos a las políticas energéticas vigentes, que apuntaban a cambiar los criterios de despacho en su conjunto, eran inconstitucionales, sentando un precedente para las disputas venideras.
Apenas en febrero pasado, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que fue avalada por el Congreso, pero que hoy está siendo impugnada por la Suprema Corte.
Recientemente, el embajador de EU en México, Ken Salazar, y congresistas estadounidenses llamaron la atención en los primeros círculos del Gobierno mexicano al externar preocupación en torno a las consecuencias económicas, de abastecimiento, y de comercio y relación bilateral de la propuesta del Ejecutivo Federal.
Jesús Serrano Landeros, ex Comisionado de CRE, agregó en el foro que organizó la Concamin que uno de los retos de la iniciativa presidencial lo representan las presiones de requerimientos de capital, del orden de los 130,000 millones de pesos (mdp) anuales para redefinir un mejor sector eléctrico, lo que no puede suceder sin el complemento del capital privado.
A su vez, Carlos Belausteguigoitia, presidente del Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM aseguró que, si bien la electricidad sólo representa una quinta parte del consumo total de los hogares mexicanos, si se mide frente a los costos que pagan las familias de EU, es 25% más cara, en una perspectiva de mayores presiones financieras a raíz de la iniciativa presidencial.
“En México se espera que el uso de electricidad crezca 2% anual, lo que implica mayor costo, (y) la pregunta es ¿de dónde saldrá esa capacidad, ¿quién la pagará?”, mencionó el directivo.
“Reitero mi compromiso y el de toda la Confederación, para trabajar en la búsqueda de las mejores condiciones para la industria mexicana y por ende de los mexicanos”, aseveró por su parte Abugaber.
