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En un documento difundido este miércoles, el organismo asegura que la reforma obligaría a los generadores privados a acudir a páneles internacionales para defender las inversiones por 44,000 millones de dólares que han hecho en el sector.
La reforma constitucional en materia de electricidad generaría un hueco en las finanzas públicas de 62,100 millones de pesos que, sumado a los subsidios y los sobre costos, se incrementaría a 1.4 billones de pesos.
Así lo advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un estudio denominado “Una reforma que lastima a México. Consecuencias de una eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica”, difundido este miércoles.
Según el CCE, la aprobación de la reforma enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, destruiría al mercado eléctrico, crearía un monopolio estatal en el sector y cancelaría los actuales permisos vigentes en la materia.
De entrada, señala el estudio, la reforma eliminaría a los organismos regulatorios como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional del Control de Energía (Cenace). “La reforma haría de la CFE juez y parte en el sector. Invertiría el orden de despacho eléctrico para privilegiar plantas sucias y caras de CFE sobre las limpias y de bajo costo”.
Con ello, sectores como la generación, el suministro y la comercialización quedarían reservados al Estado. Si bien se propone que los privados mantengan hasta 46% del mercado, el acceso quedará a discreción de la CFE. “Los generadores sólo podrían venderle su energía a CFE, al precio que la CFE decida”. En tanto, “los consumidores sólo podrían comprarle energía a CFE, a las tarifas que la CFE decida”.
Adicionalmente, la reforma “cancelaría todos los permisos y contratos vigentes, sin causa justificada, con efectos confiscatorios sobre 44,000 millones de dólares de inversión privada”.
Lo anterior violaría tratados internacionales y “obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-MEC, para proteger 44,000 millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y expropiación indirecta. También expondría a México a controversias internacionales Estado–Estado”.
Sumado a todo ello, la reforma “Privilegiaría generación eléctrica de CFE, que es hasta 252% más cara que la del sector privado. Obligaría a las empresas a comprar energía a CFE a precios mucho más altos, generando presiones inflacionarias”.
Finalmente, el CCE refiere que la reforma cancelaría la transición energética —encabezada fundamentalmente por el sector privado— y que “México se volvería un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático, yendo en contra de lo que el 85% de la población exige: que se usen más energías limpias. En lugar de lograr sus metas, México incrementaría sus emisiones de gas efecto invernadero en más de 46 por ciento”.
Por Raúl Castro-Lebrija.
