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La industria eléctrica nacional requiere de una regulación adecuada y flexible pero “no de una estilización” como propone la iniciativa del presidente López Obrador, consideró cel Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis económico semanal, el organismo aseguró que la reforma “implica un gran retroceso” para el país ya que, entre otras cosas, elimina a los organismos reguladores independientes como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
Reiteró que “un sector eléctrico como el propuesto en la iniciativa presentada al Congreso tendría graves consecuencias de carácter social, económico, ambiental y legal, lo que ha sido señalado por prácticamente todos los expertos independientes”.
En opinión del CEESP, la iniciativa representará una fuerte presión sobre las finanzas públicas ya que solo atender la demanda de los próximos años demandaría 60,000 millones de pesos anuales, cuando el presupuesto de inversión de CFE es de 45,000 millones.
El informe anual de la empresa indica que en 2020 cerró con 959 unidades generadoras de energía, cuando el mismo informe señala que “del total de la capacidad de generación, el 26.1% corresponde a centrales que generan con fuentes de energía limpia como el agua, el vapor geotérmico, viento, sol y energía nuclear; el 73.9% restante se genera con hidrocarburos”.
Adicionalmente, hay más de 400 permisos de autoabastecimiento, con inversiones por más de 27,000 millones de dólares y las empresas en este sistema representan el 14% del PIB. “La cancelación de esos contratos viola el principio de no retroactividad y por lo tanto vulnera el estado de derecho”.
Más que proponer una estrategia de largo plazo para el desarrollo de un sector eléctrico moderno y amigable al medio ambiente, “es evidente que la reforma propuesta implica un retroceso al buscar restituir un modelo monopólico estatista que se agotó, terminó en costos demasiado altos en términos económicos, globalmente se vio superado por el avance tecnológico y su capacidad para garantizar el bienestar de la sociedad mexicana se vio disminuida”.
Finalmente, el CEESP consideró que “la razón de esta iniciativa del gobierno refleja claramente una visión política con una interpretación de la soberanía nacional que, aunque se puede considerar equivocada como lo hace este Centro, podría ser válida”.
Pero “lo que no se justifica es la cancelación de opciones para que México cuente con un sector eléctrico moderno que permita tarifas más accesibles para la población y el desarrollo y crecimiento económico que el país requiere en los próximos años”.
Por Raúl Castro-Lebrija
