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Por Luis Hernández Martínez*
A través de los años transcurridos, y luego de varios sexenios vividos (padecidos), somos millones los mexicanos que coincidimos en algo: ¡estamos hartos de que el sistema político mexicano sea sinónimo de corrupción!
También nos ofende y afecta que representantes de distintas profesiones (abogados, administradores, contadores, historiadores, médicos, antropólogos…) formen parte de las tropelías, delitos y redes de un saqueo patrimonial orquestado por un puñado de funcionarios públicos.
¡Una delincuencia organizada, documentada y publicada en medios de comunicación, pero sin consecuencias legales aún!
¿Y qué haremos? Una triada como sugerencia: investigar, litigar y comunicar. Todo para movilizar un cambio en nuestra actitud ciudadana. Por cierto, aquí cinco creencias (hoy forman parte del mercado de ideas a disposición de los mexicanos) que valdría la pena recordar:
1. Los mexicanos no podemos ni debemos permanecer impasibles ante la corrupción y la impunidad. México no está condenado a ser un país corrupto.
2. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los gobiernos y de los políticos, sino que atraviesa sectores, actividades y clases sociales. El problema, aunque no seamos los responsables, sí requiere de nuestra intervención plena para su solución.
3. La corrupción va más allá de la utilización del cargo público para beneficio privado. Es toda acción que se aparta de lo que marcan las leyes y reglamentos a cambio de una recompensa o beneficio indebido.
4. Los actos de corrupción son evitables y las redes de corrupción desmontables a través de la legislación, el establecimiento de una política de Estado, el cumplimiento de la ley, la voluntad y liderazgo políticos (locales y nacionales).
5. El combate a la corrupción requiere de la participación de la sociedad organizada y de ciudadanos empoderados.
¿Qué está en juego? ¿Cuál es la visión ciudadana que debemos cumplir? La construcción de un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz… Libre de corrupción e impunidad.
*El autor es abogado, administrador, periodista y educador. Es perfeccionador y experto en compliance en Alta Dirección de Empresas y docente a nivel posgrado en materias de innovación, negocios y derecho.
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