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La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión “genera señales a todas luces decepcionantes para la perspectiva económica del país”, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Según el organismo, la iniciativa no promueve ni fomenta el crecimiento de la inversión privada, que debe ser el principal motor del desarrollo. De hecho “va en sentido contrario”.
En su análisis económico semanal, el CEESP criticó que las autoridades mantienen un “discurso optimista” sobre la evolución de la actividad económica, cuando algunos indicadores ya muestran signos de desaceleración.
Los indicadores apuntan a que la actividad económica regresa a lo observado entre 2016 y 2019 —cuando el promedio de crecimiento fue de 0.33%—, el indicador global de la actividad económica (IGAE) cayó 1.1% mensualmente en junio y la inversión fija bruta, “a la larga el principal motor de la actividad económica, declinó 1.8% en junio”.
Además, en agosto se reportó una pérdida de 700,000 empleos. “Entonces el total de la población ocupada se ubicó en 100,000 empleos por debajo de su nivel previo a la pandemia”.
No obstante, a pesar de los problemas, México está en una posición privilegiada para la reactivación posterior a la pandemia. “Ello debido a la cercanía con América del Norte y su dinamismo, a las tendencias a la relocalización (nearshoring y reshoring) en el marco del T-MEC y a la relativa salud de las finanzas y la deuda públicas”.
“Es imprescindible y urgente —advirtió el CEESP— que se tomen medidas para aprovechar esa valiosa oportunidad y que de esa manera la economía pueda entrar a una senda de crecimiento más satisfactoria para la población, que genere mayor bienestar duradero para las familias y facilite el abatimiento de la pobreza”.
Una condición necesaria para ello es la reactivación de la inversión privada y la pública en proyectos con verdadera rentabilidad social. Que se invierta en infraestructura a fin de facilitar la reactivación económica, que se cree un ambiente de mayor receptividad a la inversión privada, que se mejore la operación del sistema de salud, de educación y de seguridad.
Sin embargo, “la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad no ayuda. Va en sentido contrario”.
La iniciativa busca devolver el poder cuasi monopólico a la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación, eliminar la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, acabar con los contratos de autoabastecimiento y reservar la explotación de litio para el estado.
“Esta iniciativa genera señales a todas luces decepcionantes para la perspectiva económica del país”, advirtió.
Por Raúl Castro-Lebrija
