La mugre sobre el césped. La columna de Mauricio Mejía sobre la sanción antimonopolios al futbol mexicano

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Por Mauricio Mejía*

El tema viene como anillo al dedo.

Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere imitar el modelo de creación de la Comunidad Económica Europea para la CELAC, habrá que hacerle notar que el proceso requiere de golpes duros en el tema de la fiscalización y las relaciones laborales, al menos en el caso del futbol profesional.

La sanción de la Comisión Federal de Competencia Económica a 17 clubes de la primera división profesional por prácticas monopólicas parece -otra- llamarada de petate, para seguir con el discurso coloquial que tanto gusta al Jefe del ejecutivo. La Cofece los acusa de inhibir la competencia, de imponer topes a la los salarios de las jugadoras y de establecer condiciones irregulares en el mercado de contrataciones (utiliza el pésimo recurso gramatical de fichajes, a la española, como si no existiera una palabra más elegante). Es decir, los señala de nada. De nada que no se sepa.

Si la Cofece, la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria en verdad quisieran poner en el orden legal a la LigaMX, a sus filiales de divisiones inferiores y a la misma Federación Mexicana de Futbol, el próximo domingo no habría partidos en México. Pero, hasta ahora, en el juego de ida y vuelta de la ilegalidad ambas partes juegan al empate, a no meterse goles que pongan en peligro el resultado del negocio. Todo en el balompié mexicano es sospechoso, hasta el reporte de utilidades de la Selección Mexicana en sus invariables partidos amistosos en Estados Unidos. La opacidad es el esquema en el que ambos banquillos se sienten tranquilos y simulan que se atacan y se defienden.

En 1995 un futbolista belga puso en crisis al futbol europeo. Jean Marie Bosman intentó jugar en la liga francesa (con el Dunkerke) y su contratación fue negada por el club por tratarse de un extranjero, al que se le negó el pago de la indemnización. Bosman entabló una demanda formal contra su club -el Lieja- en todas las instituciones deportivas y laborales de la Unión Europea -constituida como una comunidad de derecho- cuya entrada en vigor se produjo en noviembre de 1993 (el proceso comenzó formalmente con los Tratados de Roma de 1957; entonces acuerdos meramente económicos). Las amenazas de suspensión definitiva contra el jugador comenzaron con las ligas locales y después se siguieron las de la Unión Europea de Futbol y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbol, la FIFA. ¿El argumento? Ningún jugador podía asistir a los tribunales judiciales para defender sus derechos; toda inconformidad según la FIFA debía ser resuelta en la oficina de los directores de deportivos de los clubes.

Bosman resistió. Y, sin saberlo, cambiaría para siempre la relación de los Estados con las ligas profesionales. El caso dio un giro cuando los abogados del futbolista apelaron al Título III de los Tratados de Roma que establecían que en los países de la Comunidad Económica Europea había libre circulación de trabajadores. Es decir: los defensores de Bosman alegaron que los futbolistas no eran meros pasadores de pelota; eran trabajadores, y los clubes, empresas que comercializaban su “pie de obra”. La sentencia del caso -dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo- obligó al Lieja a pagar la indemnización por daños laborales a Bosman y prohibió el cobro de “comisiones” en las transferencias de jugadores, cuyos derechos eran los mismos que cualquier otro empleado de la UE. Además, obligó a la UEFA a reconocer como ciudadano a todo futbolista nacido dentro de los países de la Unión.

Las consecuencias del Caso Bosman fueron insospechadas en su momento. La UE obligó a los clubes a convertirse en sociedades anónimas; los jugadores fueron reconocidos como trabajadores y la UEFA tuvo que transparentar todas las transacciones de su estructura comercial. Todas. Así, la Champions nació como una liga fiscalizada. Las obligaciones impositivas tenían que ver, también, con la venta de mercancías, los derechos de televisión y el desarrollo de talentos en las fuerzas básicas y las apuestas. Poco a poco, la UE -a través de los Estados locales- fue diseñando mecanismos para reprimir la corrupción en un deporte considerado de interés público para sus habitantes.

Los escándalos de corrupción o evasión fiscal se produjeron en cascada. Ninguna de las ligas escapó a ellos. Luego, la unidad de fiscalización persiguió a los futbolistas, quienes en poco tiempo fueron reconocidos como empresas y quienes encontraron la manera de no reportar impuestos en Europa.

En México, el futbol siempre ha transitado al margen de la ley. Los clubes siguen siendo reconocidos como asociaciones sin fines de lucro; crean patronatos que evaden la transparencia entre sus ingresos y egresos; mienten a la hora de reportar los verdaderos pagos a sus futbolistas; no hacen públicos sus ingresos por transferencias, venta de taquilla, de souvenirs, patrocinios y derechos de televisión. Y el Estado se los ha permitido con soberano empacho.

La oscuridad fiscal de la LigaMX ha sido transportada, como copia fiel, a la liga femenil. Con aberración extra: la iniquidad. Los dueños de los equipos, con el pretexto de que las mujeres no tienen los públicos y los patrocinadores que los hombres, han abusado de la fragilidad de una competencia construida más a fuerzas (cuota de género) que a voluntad.

Pero en ambas ligas los futbolistas son la parte más delgada de la cadena. A pesar de que se han creado figuras jurídicas para su defensa laboral, los jugadores que acuden a los tribunales para defender sus derechos son marginados, sin pudor alguno, del sistema de competencia.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, plagado de enemigos, no parece el indicado para poner orden en un sistema enviciado y corrupto. Lo suyo, lo ha dicho, es el beisbol, en donde tampoco soplan vientos limpios. El presidente que asegura combate la corrupción de arriba para abajo -como las escaleras- evadirá, como sus antecesores, la responsabilidad de limpiar el futbol profesional porque, entre otras cosas, eso significaría investigar a Televisa, TV Azteca (cuyo dueño es un hombre cercanísimo a él), a Grupo Imagen, al Grupo Pachuca, FoxSports, ESPN, a la empresa de apuestas Caliente y un número considerable de empresarios y políticos (de gobiernos municipales, estatales y federales) que se han enriquecido con la indiferencia de los aparatos de procuración de justicia.

La lista incluye, desde luego, a universidades públicas (entre ellas la UNAM, que nunca ha aclarado cabalmente su relación mercantil con el club Pumas); entrenadores, promotores, periodistas y comentaristas; marcas de refrescos y cervezas; sindicatos, partidos políticos (entre ellos Morena); vendedores ambulantes y revendedores. Toda una industria, pues.

Además, el fiscal Alejandro Gertz Manero está más preocupado en perseguir científicos que en los dueños de la pelota, quienes seguirán amasando fortunas con la noble e inocente tribuna mexicana, que juega, también, a no saber nada, nada.

La captura del expresidente del Veracruz, Fidel Kuri, debiera ser un ejemplo de que, cuando quiere, la Fiscalía General de República puede cumplir con su responsabilidad en la persecución de evasores y sospechosos de lavado de dinero…

Maurio Mejía es escritos y editor en temas deportivos.

Puedes leer más sobre su trabajo en república imaginaria | el lugar de lo imposible, y así (wordpress.com)

 

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