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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó a los coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados que la reforma en materia de subcontratación (outsourcing) entre en vigor en enero de 2022 como está estipulado para el sector público.
Esta acción, aseguró el organismo, dará certeza a 3.1 millones de trabajadores que permanecen en la incertidumbre y beneficiará a más de 387,000 empresas que subcontrataban personal o servicios.
En una serie de cartas enviadas a los coordinadores parlamentarios, José Medina Mora, presidente de Coparmex, expresó el compromiso de los empresarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la reforma laboral, aunque advirtió que han encontrado obstáculos para lograrlo.
Específicamente, señaló, “las empresas han detectado serias dificultades técnicas, operativas y en materia de trámites para realizar la sustitución patronal y su inscripción en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE)”.
La reforma entraría en vigor el 1 de agosto para las empresas privadas pero en enero de 2022 para el sector público, quien también recurre a la práctica de la subcontratación.
Por ello, Medina Mora pidió a las autoridades no sólo corregir las deficiencias de la reforma que representan impedimentos para el cumplimiento de la ley, sino que hizo un llamado urgente a los legisladores para que se elimine el trato diferenciado que la reforma otorgó al sector público en detrimento del sector privado.
“Esta acción —concluyó el presidente de Coparmex— dará certeza a 3.1 millones de trabajadores que permanecen en la incertidumbre y beneficiará a más de 387,000 empresas que subcontrataban personal o servicios que debido a diversos impedimentos, aún no se han registrado en el REPSE”,
Por Raúl Castro-Lebrija
