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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la política de seguridad debe ser transexenal y con un énfasis en la profesionalización de los cuerpos policiales.
Por tal motivo, se pronunció por la consolidación de la Guardia Nacional y no por la militarización de este cuerpo de seguridad como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con otras reformas constitucionales.
“Es responsabilidad del Estado garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista”, explicó.
Por ello, “queremos un país con tranquilidad y en paz que solo podrá alcanzarse con instituciones sólidas y logrando que impere el Estado de Derecho. No a la militarización, sí a la estrategia, inteligencia y coordinación”.
La Coparmex reconoció que México “vive una crisis adicional a la de salud y a la económica: vive el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de los grupos criminales en diversas regiones del país”.
Prueba de ello son los recientes asesinatos en Reynosa, Tamaulipas; Salvatirra, Guanajuato y la cifra mas alta de homicidios alcanzada en mayo pasado con 3,000 casos. Estos “confirman que la estrategia gubernamental no ha rendido los frutos esperados”.
En ese contexto, continuó Coparmex, el titular del Poder Ejecutivo ha planteado la necesidad de una reforma constitucional para que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“De ser así —alertó— se desmantelaría el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de esa corporación fuese civil”.
“Es importante que la Guardia Nacional mantenga un crecimiento progresivo para alcanzar, en el año 2024, la integración de 200,000 elementos civiles con el nivel de profesionalización y entrenamiento que se requieren, y con ello relevar a las Fuerzas Armadas de las tareas que han asumido provisionalmente en la materia”, sostuvo.
A lo largo de la presente administración, las Fuerzas Armadas ya han asumido al menos 13 tareas adicionales a las de seguridad nacional, “entre ellas: la construcción de infraestructura (Tren Maya, Aeropuerto en Santa Lucía, Bancos del Bienestar); capacitación policial; apoyo y distribución de programas sociales; control de puertos y aduanas; combate al robo de hidrocarburos; control de la migración, así como la atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la distribución de vacunas”.
Además, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército contraviene lo que la
ha sostenido, que únicamente en las circunstancias de un caso concreto pudiera justificarse la participación temporal de fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
“Estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado con instituciones civiles y no militares”, concluyó la Coparmex.
Por Raúl Castro-Lebrija
