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Durante los gobiernos del PRI y del PAN, dos grandes proyectos se disputaron la mayor transformación urbanística y de rescate ambiental que, aseguraban, se realizaría en el Valle de México y que albergaría a un nuevo aeropuerto internacional que proyectaba el gobierno federal de Enrique Peña Nieto en la zona de Texcoco.
Uno de ellos, Ciudad Futura, tuvo como asesor a Gabriel Quadri, diputado federal electo por la alianza PRI-PAN-PRD, luego de los resultados de las elecciones intermedias en una contienda en la que tuvo como rival a Pablo Gómez del partido Morena.
El plan, del aeropuerto que fue cancelado por la administración del Presidente López Obrador, desató la compra de terrenos aledaños y el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios y comerciales que ya están en marcha.
Aunque no contaba con definición sobre la ubicación de lo que sería el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) esperaba concluir en 2016 la compra de predios en al menos ocho ejidos del Estado de México con los que buscaban conformar el polígono de suelos susceptibles de rescatarse con el objetivo, aseguraban, de revertir el grave deterioro ambiental que experimenta esa región lacustre del Valle de México.
A pesar de que en 2012 la propia Conagua advertía que, precisamente, por estos problemas el vaso del Lago de Texcoco era una mala opción para construir un aeropuerto porque estaría en constante riesgo de inundaciones, en 2016 los arquitectos y urbanistas involucrados en el proyecto “Parque Ecológico Lago de Texcoco” y “México, Ciudad Futura”, daban como un hecho que una parte de los terrenos federales que rescataba entonces el organismo público servirían para garantizar que sí se construirá la terminal aeroportuaria.
Muy cerca de la zona de conflicto social, en donde en 2003 ejidatarios se opusieron a la expropiación de sus terrenos para la edificación del aeropuerto, en 2016 la Conagua a través del proyecto “Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco”, compró predios para ampliar las propiedades del gobierno federal en un intento, según el gobierno de Peña Nieto, de detener la crisis ambiental generada por el crecimiento de la mancha urbana sobre regiones consideradas reservas ecológicas pero, sobre todo, frente al proceso de desaparición de lo que fuera una de las principales zonas lacustres más importantes y que representa el 11 por ciento de la región metropolitana.
En 2014 la Conagua –con un incremento de 30 por ciento en su presupuesto autorizado por el Congreso– continuaba con la compra de predios en los ejidos de Santa María Chimalhuacán, San Luis Huexotla, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, San Bernardino (Municipio de Texcoco); Santa Isabel Ixtapan, San Cristóbal Nexquipayac y Francisco I. Madero, Municipio de Atenco. El objetivo de la Conagua era desarrollar suelos menos vulnerables a la erosión eólica con cubierta vegetal o acuática que permitan disminuir en forma significativa los riesgos a la salud.
La silenciosa compra de terrenos por parte de la Conagua, la recuperación de predios ocupados de manera irregular y campañas de vinculación comunitaria que alertaban sobre la urgencia de poner en marcha un programa de remediación ambiental en la zona lacustre del Valle de Texcoco, eran el telón de fondo para regresar a esa zona y volver a intentar en el gobierno de Enrique Peña Nieto la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país.
Y, precisamente, al amparo de los terrenos federales, ya recuperados por la Conagua, ya se tenía listo el plan para construir uno de los parques más grandes en América Latina dirigido a revertir el desequilibrio ambiental de la zona, proteger el lago Nabor Carrillo y que serviría como escenario ecológico para dar paso al nuevo aeropuerto en una zona que hasta ahora se llama sigilosamente “Resguardo federal”.
Para la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco, la Conagua y el Organismo de Cuencas del Valle de México, ya contaba con 663 títulos de propiedad en los municipios Santa Isabel Ixtapan, San Luis Huexotla, Santa María Chimalhacán, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, San Cristóbal Nexquipayac, Francisco y Madero. Sin embargo, en San Salvador Atenco y San Miguel Tocuila no fue posible cerrar la compra o la recuperación de predios, según consta en un documento de la Conagua.
Consultados en 2016 sobre la evaluación del proyecto de recuperación ambiental, funcionarios de la Conagua no quisieron hacer comentarios en medio de una estrategia de comunicación que colocó a la Conagua –al menos frente a la opinión pública- al margen de las gestiones del gobierno federal para construir un nuevo aeropuerto.
El dictamen valuatorio sobre el banco de tierra que ya controlaba la Conagua estuvo a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacional (INDAABIN), organismo que había certificado que el vendedor era, en efecto, el propietario de esos predios y que, además, se han pagado los impuestos correspondientes.
En total, la “Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco”, durante 2008, consideró que el polígono para la remediación ambiental comprendía una superficie total de 3,200 hectáreas, de las cuales 700 correspondían al parque Gerardo Cruickshank –propiedad del gobierno del Estado de México- mientras que 2,500 restantes debían adquirirse entre 2008 y 2012. Sin embargo, a septiembre de 2012, el avance era sólo de 1,700 hectáreas. Para la edificación del nuevo aeropuerto, empresas como ICA y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), estimaban que la superficie mínima sería de 1,500 hectáreas, 500 más que el proyecto original del año 2000.
Los negociadores
Para el arquitecto Iñaki Echeverría, quien encabezó un grupo de 200 expertos que participan en el proyecto urbanístico y arquitectónico “Parque Ecológico Texcoco”, para resolver su crisis ambiental la región necesitaba una “pieza de infraestructura suave y ecológica”, en donde el esperado aeropuerto alterno con sus cinco pistas para operaciones globales de aerolíneas internacionales, formaría parte de la recuperación del vaso del Valle de Texcoco.
Iñaki Echeverría encabezó el grupo de profesionistas de diferentes disciplinas, desde biólogos, geógrafos, químicos y ecólogos que diseñaron una propuesta para el PELT de la Conagua y, por supuesto, para albergar el aeropuerto alterno que desde hace 2003 se detuvo ante oposiciones comunitarias en la zona de Atenco y de Texcoco.
“Buscamos que en lugar de ver a esta zona como una región sólo para el trasporte, para un aeropuertos con jardines, pudiera verse como una pieza de infraestructura con capacidad de contener el crecimiento de las áreas urbanas”, explicó Echeverría en agosto de 2016 durante el Octavo Congreso Internacional de Arquitectura con Alta Tecnología.
Echeverría también confirmó, durante esa conversación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que “decidieron concentrar el proyecto en los terrenos federales. No precisó, sin embargo, si el proyecto arquitectónico ya se había licitado y si su grupo de profesionistas resultó ganador del proyecto.
Sin embargo el libro blanco de la Conagua para el proyecto de remediación ambiental en la zona confirmó la construcción del monumental parque.
“El PELT integrado a la zona federal se levanta como un parque de clase mundial ya que puede contener 42 veces al Central Park de Nueva York y 22 veces al Bosque de Chapultepec”, establece el documento “Libro Blanco Conagua-07 Programa Ecológico Lago de Texcoco (PELT).
El proyecto de Echeverría precisaba que el nuevo parque sería 19 veces más grande que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En el documento del “Parque Ecológico Texcoco” no se incluyeron desarrollos habitacionales ni industriales; se trataba –por el contrario– de una propuesta que privilegia las áreas verdes, la construcción de edificaciones ligeras que conviven con los afluentes acuícolas de la zona así como instalaciones deportivas, culturales y para la generación de energía solar y eólica. Pero también incluye al nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, en una extensión total de 143 millones de metros cuadrados.
Lipkau, Quadri e ICA
Al teléfono el arquitecto Gustavo Lipkau me respondió molesto en 2016: “No es momento de hablar del tema” cuando le pregunté sobre su participación en la promoción del proyecto ambiental y urbanístico “México, Ciudad Futura” que tendría como epicentro al nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.
Lipkau era sólo uno de los arquitectos –ligados con empresas constructoras e inmobiliarias- que, con una renovada promesa de recuperar y conservar el último reducto lacustre en el Valle de México, proponen ligar el Programa Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con un proyecto urbanístico en terrenos aledaños a los municipios de Atenco y Texcoco.
El proyecto “México, Ciudad Futura”, impulsado por el arquitecto Alberto Kalach, propuso –igual que en la década de los setentas– que Texcoco recuperara sus lagos para restablecer el equilibrio ecológico; la instalación de plantas para el tratamiento de agua (que ya forman parte de los proyectos autorizados por la Conagua); una planta más para el reciclaje de líquidos; la reinyección de los mantos acuíferos –con lo que el hundimiento del suelo sería menor– reduciendo así uno de los grandes problemas a los que se enfrentan esos terrenos de origen lacustre. En “México, Ciudad Futura”, el nuevo aeropuerto se consideraba el epicentro complejo económico e inmobiliario que daría sustentabilidad y servicios a la zona metropolitana oriente.
“Se crearía un nuevo aeropuerto…y el lago se convierte en una frontera natural para frenar el crecimiento urbano”, dice el proyecto “México, Ciudad Futura”, también conocido como “Ciudad Lacustre”. En dos décadas en Texcoco se lograría la renovación ambiental de la región.
Lipkau y este proyecto, en donde participó el ex candidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, constituirían la punta de lanza de la estrategia social y de vinculación impulsada por el grupo constructor ICA para allanar el camino hacia la construcción de un nuevo aeropuerto en el Estado de México, un sueño largamente acariciado por el grupo mexicano de ingeniería desde la década de los noventas.
Después del fracaso del gobierno foxista que en el año 2000 expropió terrenos de manera desordenada para la edificación de la nueva terminal sin tomar en cuenta a la población, la constructora ICA decidía, en espera del anuncio del gobierno federal sobre el lugar en el que se construiría el nuevo aeropuerto, fortalecer las estrategias para retirar obstáculos sociales e inconformidades comunitarias.
Se esperaba lograr un avance y aceptación social respecto a este proyecto aeroportuario, con lo que ICA no sólo consolidaría un negocio a 20 años –a través de concesiones para los servicios en la terminal– sino que liberaría al gobierno de Enrique Peña Nieto de una profunda espina en esa comunidad, en donde siendo gobernador del Estado de México ordenó el ejercicio de la fuerza pública.
Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que participó en iniciativas como el Observatorio de la Ciudad –desde el año 2000, cuando estalla la crisis en Atenco– Lipkau comenzó los trabajos de Futura Desarrollo Urbano (FDU), una sociedad civil que también está registrad en el sistema Compranet como proveedor del gobierno federal.
Entre Lipkau e ICA no existía una relación contractual directa más allá de la participación en los talleres de diseño del arquitecto Alberto Kalach, quien sí ha estado a cargo de varios proyectos de la constructora.
Pero en el Estado de México, Lipkau no sólo fue conocido por su labor de difusión del proyecto “México, Ciudad Futura”, sino también por la negociación fina para adquirir terrenos con ubicaciones estratégicas y cercanas a vías de acceso como el Circuito Exterior Mexiquense. Esos predios se sumarían a los terrenos federales propiedad de Conagua, adquiridos como parte del proyecto PELT y que, en teoría, debían concluirse con las compras de terrenos hacia el próximo año.
“Sí hemos negociado con Lipkau y viene por parte de ICA”, me confirmó en 2016 uno de los propietarios de terrenos cercanos a la región de Chimalhuacán en donde la constructora no sólo compraría a pequeños propietarios sino a empresarios dueños de algunas construcciones que operaron como haciendas y cuya cercanía con el Circuito Mexiquense –carretera que constituiría la principal vía de acceso al nuevo aeropuerto– las ubican como predios estratégicos.
En 2016, el proyecto de un nuevo aeropuerto, custodiado por complejos inmobiliarios y comerciales –al menos en el proyecto propuesto por Lipkau– necesitaba 1,500 hectáreas frente a las 1,000 contempladas en el proyecto original del año 2,000
Ni en la SCT ni en la Conagua se contaba con información disponible sobre proceso de licitación alguno para decidir el nombre de la empresa que estará al frente del proyecto; sin embargo, con 10 mil millones de dólares de por medio, los estudios sobre las opciones que podrían liberar de oposición social el proyecto daba cuenta de los interesados.
Iñaqui Echeverría era contundente respecto al proyecto “México, Ciudad Futura”: “En el caso del Parque Texcoco, definitivamente no iban a ser las desarrolladoras inmobiliarias las que podrían decidir el proyecto; éste era un tema de salud pública y, decían sus promotores, que contaban con opiniones favorables de instituciones como la Universidad de Harvard. Los asesores técnicos eran de muy alto nivel, aseguraban. En Ciudad Futura, el asesor era Gabriel Quadri. La declaración la hizo Echeverría frente a un auditorio ocupado por estudiantes de arquitectura que al escuchar el nombre del candidato a la Presidencia por el partido Nueva Alianza y ex director del Instituto Nacional de Ecología – ligado con la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, no lograron contener la risa.
La guerra por el aeropuerto desató una cacería de predios que competía con las compras que realizaba la Conagua y en donde ICA, en espera de la decisión, avanzaba en la negociación que concluyó con la liquidación del proyecto.
