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Las defensorías públicas en México reciben, en promedio, seis centavos por cada peso que reciben las fiscalías para operar, mientras que cada defensor público representa a 163 imputados por año, siendo Oaxaca la entidad federativa con la mayor carga, con 556 imputados por cada defensor, seguida de la Ciudad de México, con 369.
Producto de la reforma al Sistema de Justicia Penal de 2008, la cual cobró plena vigencia en todo el País hace cinco años, las defensorías públicas y las fiscalías exhiben hasta hoy asimetrías en sus capacidades, las cuales, lejos de remediarse, se han acrecentado. Y el presupuesto destinado a cada actividad es prueba de ello, según las conclusiones de la mesa “Igualdad de armas para la defensa penal efectiva”, organizado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann.
El evento reunió a especialistas nacionales e internacionales que expusieron los retos que enfrenta el Sistema de Justicia Penal del País para dotar a las defensorías de los recursos necesarios y ser una garantía de efectividad en todo el proceso penal, el cual implica dos partes: una, la que acusa, y otra, la que defiende al imputado.
Para garantizar el debido proceso debe existir igualdad de armas, lo que significa tener condiciones y capacidades en ambas partes, coincidieron los expertos.
“La mayoría de los esfuerzos para consolidar el sistema de justicia penal acusatorio se han dirigido a las procuradurías y fiscalías.
“Esto no se ha acompañado de acciones para fortalecer a la parte defensora, la cual enfrenta importantes limitaciones de recursos, lo que pone en riesgo la defensa penal efectiva y la posibilidad de un juicio justo”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Otras implicaciones operativas para las defensorías públicas son el acceso a servicios periciales y a las carpetas de investigación, y la capacidad para construir una teoría del caso y desarrollar la investigación correspondiente; la insuficiencia presupuestal impide que lo anterior se garantice.
Dulce Aguilar, líder de persecución penal estratégica de la organización ConJusticia señaló que es necesario repensar la manera de asignar el presupuesto, para que éste refleje una visión sistémica.
Jaime Arellano, director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), por su parte, señaló la importancia de contar con una defensa pública especializada y en formación permanente.
“Ya no podemos tener una defensa general que sirve para todos, hay que ir especializando según el tipo de delito y de acuerdo con el tipo de persona que está solicitando la defensa”, agregó Arellano.
“La defensa penal efectiva es el mecanismo que garantiza a todos el acceso a la Justicia, sobre todo para quienes no pueden pagar un abogado.
“Sólo con instituciones independientes, se logrará consolidar un Estado de derecho capaz…”, apuntó a su vez Siegfried Herzog, director regional de la fundación Friedrich Naumann.
