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La agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings dijo este viernes que las elecciones intermedias de México, a realizarse el próximo 6 de junio, serán determinantes en la agenda de intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que ha incorporado en sus tres años de gobierno en materia energética y el Sector Eléctrico.
“El presidente López Obrador ha disfrutado de un fuerte respaldo en el Congreso desde su elección en 2018, y los resultados de las elecciones intermedias determinarán si continúa disfrutando de tanta libertad para implementar políticas”, mencionó el codirector de soberanos de América de la firma, Charles Seville
La poll of polls, un compendio de más de una veintena de encuestas integrada por la firma Oraculus arrojó en el último ejercicio de este tipo previo a las elecciones, que la Cámara de Diputados Federal que renovará a sus 500 legisladores estará dominada por el partido que llevó a la presidencia al Primer Mandatario, Morena, con el 41% de las preferencias del voto.
“La ruta principal hacia los cambios constitucionales también pasa por el Congreso y los gobiernos estatales, que pueden afectar las ´contrarreformas´ del sector energético y eléctrico del presidente”, resaltó a su vez Seville.
La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) equivale al 9% del PIB y Fitch la coloca como un pasivo contingente del Soberano de México.
La agencia asume un respaldo del gobierno para Pemex de alrededor de 0.5% del PIB por año, además de los recientes recortes de impuestos que probablemente se harán permanentes.
Tan solo durante 2021, el gobierno apoyará a la empresa por un total de 236 mil millones de pesos, equivalente al 1% del PIB, un nivel relativamente más alto que anteriores.
De acuerdo con la agencia calificadora, una de las tres con mayor influencia a nivel mundial, los cambios más recientes realizados por la administración actual afectan al sector energético, donde el Estado controla a los ex proveedores monopolistas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Si bien el Congreso aprobó la Ley de la Industria Eléctrica, que cambia las reglas para priorizar el envío de energía a la red de generadores térmicos propiedad del ex monopolio estatal CFE, la ley fue suspendida por tribunales en marzo.
En la misma ruta, la Cámara de Diputados aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos que permitiría al gobierno suspender las licencias otorgadas a inversionistas del Sector Privado en petróleo y gas en ciertas circunstancias, aunque los artículos relevantes de la ley también fueron suspendidos.
“Las elecciones de mitad de período al Congreso el 6 de junio podrían cambiar el equilibrio de poder, haciendo que el gobernante partido Morena y sus aliados pierdan su mayoría de dos tercios en la cámara baja, lo que dificultaría la aprobación de cambios constitucionales”, resaltó Fitch.
La calificadora adjuntó con las declaraciones de Seville un anuncio que realizó el 17 de mayo pasado, donde reafirma los grados de incumplimiento de emisor (IDR, por sus siglas en inglés) de largo plazo en moneda local y extranjera de México, en un nivel de ‘BBB-‘, con una Perspectiva “Estable”.
El grado asignado a México está respaldado por un marco de Política Macroeconómica consistente; finanzas externas relativamente estables y sólidas, además de una deuda pública con relación al PIB en niveles “levemente por debajo” de la mediana, con un grado más, en “BBB”.
“La calificación está restringida por una gobernanza relativamente débil, un desempeño silencioso de crecimiento a largo plazo y las implicaciones para las propias finanzas del gobierno federal de su estrategia de aliviar la carga tributaria de Pemex”, reiteró Fitch.
La Perspectiva Estable respalda la evaluación de la credibilidad de la Política Macroeconómica de México como una fortaleza de calificación y un respaldo a la confianza del Sector Privado, “a pesar de algunos riesgos de gobernabilidad y política microeconómica”.
De acuerdo con Fitch, el Presupuesto de 2021 de México mantiene una postura fiscal estricta con un crecimiento general del gasto del 4.3% frente a 2020, mientras que el déficit general del Gobierno, que excluye a Pemex, pero incluye deudas de los estados, por su parte, alcanzó el 49% del PIB, favorable frente a la calificación mediana de economías pares revisadas por la agencia, de 54.4 por ciento.
“Esperamos un ligero aumento del déficit de la Administración Pública hasta el 2.8% del PIB en 2021, ya que algunas fuentes únicas de ingresos, incluidos los retiros realizados a los Fondos de Reserva, que se cuentan como ingresos no fiscales, no se repetirán en 2021”, destacó.
Para 2022, Fitch espera que los cambios fiscales generen un aumento de 0.5 puntos porcentuales de los ingresos del Gobierno Federal, con relación al PIB.
