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Sumamos crisis tras crisis, agravadas y magnificadas porque siguen abiertas: el manejo de la pandemia, los cambios en el marco regulatorio, la violencia que persiste y nos toca en la vida cotidiana, trastocando lo que consideramos ya normal: los homicidios dolosos, los feminicidios o el acoso judicial contra periodistas -que de acuerdo con Artículo 19 y la Fundación para la Libertad de Arena, ha crecido de “manera alarmante”.
Tenemos ahora esas crisis que parecieran impredecibles, como el descarrilamiento de dos vagones de la línea 12 del metro, aunque pudieron ser perfectamente evitables, dado que el proyecto -desde que era eso: un proyecto- ya tenía vicios de falta de planeación y los vecinos habían estado alertando sobre la precariedad de la infraestructura, acentuada tras el sismo de 2017, sin que se tomaran las medidas necesarias.
Y todas esas crisis, esas cifras que tienen tras de sí la vida de alguien, el patrimonio de alguien, la confianza de alguien, la familia de alguien, tienen un discurso común y predecible: “vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”.
Es una respuesta de libro en el manejo de comunicación. Primero, la empatía como recurso: “lamentamos la situación”; después, un compromiso: “vamos a investigar” y finalmente, un llamado a la acción: “no olvidemos la importancia de esta situación”.
Sin embargo, estas palabras muy rara vez van respaldadas de un compromiso real. Incluso, hemos tenido funcionarios que lo primero que dicen es que ellos no estaban enterados -aún cuando en la descripción de su función, se establece que es parte de su trabajo, lo que los sitúa en una incómoda posición entre la ignorancia y la omisión-; funcionarios que dicen que ellos sólo son directivos; funcionarios que se “ponen a disposición” de las autoridades porque saben que las autoridades no harán nada y ellos son intocables.
Es difícil que las palabras realmente reflejen un compromiso cuando de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, uno de los mayores desafíos en el sistema de justicia penal en es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público, en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación.
Sin un compromiso real que acompañe a las palabras, el discurso es eso: una falsa empatía que -por lo pronto- en la más reciente tragedia suma cerca de 23 vidas perdidas, luego de que colapsara parte de la estructura donde corría el metro de la línea 12 de la CDMX y se descarrilaran dos vagones.
“Vamos a investigar”, es una promesa que seguramente terminará con un informe vago y sin responsables. Una situación que parece inevitable, una crisis que permanecerá abierta hasta que se materialice la siguiente.
Lilia Carrillo
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