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Fue 2012, a sólo unos meses de su inauguración, cuando las autoridades del gobierno del entonces Distrito Federal decidieron suspender el tramo elevado de la Línea 12 del Metro.
Fue entonces cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la creación de una comisión investigadora para conocer las razones por las que cerraron 11 de las 20 estaciones de la Línea.
En Junio de 2014, la empresa francesa Systra entregó la Secretaría de Obras del gobierno capitalino el segundo informe sobre las fallas que generaron el desgaste ondulatorio en las vías de la Línea 12.
A partir de esta fecha, en la opinión pública se generó una guerra de filtraciones para inculpar a una u otra empresa que participaron en el consorcio que construyó esta línea develando acusaciones de corrupción.
A sólo dos meses de haber sido inaugurada la Línea 12 del Metro, doce de las estaciones se clausuraron. La opinión pública comenzó a cuestionar al consorcio que ganó el contrato.
Derivado de estas investigaciones, en julio de 2015 se informó sobre la cumplimentación de las órdenes de aprehensión en el caso de los ex funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, que tuvieron que enfrentar cargos por los problemas operativos y pérdidas patrimoniales que generó la Línea 12 en la Ciudad de México.
Juan Armando Rodríguez Lara, Juan Manuel Martínez Juárez y Abraham Vizcarra Baltazar, forman parte de las indagatorias hecha por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el supuesto uso ilegal de atribuciones y facultades, en los contratos para la Línea 12 del METRO de la Ciudad de México.
Enrique Horcasitas Manjarrez, director del Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, ex director de construcciones de obras civiles, y Sergio Aguirre Mendoza, ex subdirector de obras y apoyo técnico, también enfrentaron el proceso para librar órdenes de aprehensión.
Joel Ortega, ex titular del METRO, fue responsable de la licitación para la extensión de los contratos necesarios para que la llamada “Línea Dorada”, operara de manera eficiente y segura.
La administración de Miguel Mancer tuvo como responsabilidad vigilar si esos funcionarios cumplieron con vigilar y exigir que se ejecutaran al pie de la letra los contratos que se otorgaron al consorcio conformado por ICA, Alstom y Grupo Carso, responsable de la construcción, la señalización y la propuesta tecnológica de esta línea. La administración de Mancera también tenía que responder si esos servidores públicos cumplieron con vigilar que los trenes que vendió la española CAF fueron los que en realidad necesitaba esta línea.
Uno de los elementos más escandalosos en la investigación y que fue resultado de las conclusiones a la que llegó la comisión investigadora del caso en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, es que el contrato para la adquisición de los trenes se firmó en dólares sin una cobertura que lo respaldara.
En 2015, la entonces PGJDF detuvo a Juan Manuel Martínez Juárez, ex subdirector de
Costos y Concursos del Proyecto Metro, y Abraham Vizcarra Baltazar, ex jefe de la Unidad Departamental de Concursos, sólo se les imputa haber otorgado y autorizado uno de los contratos para la vigilancia de los trabajos de la Línea 12 a pesar de que la licitación se declaró desierta.
