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En medio de cambios a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que marca nuevas reglas del juego a los participantes, priorizando el despacho a la Comisión Estatal de Electricidad (CFE) con combustión fósil respaldado apenas por el Congreso, la industria eléctrica de México está en tránsito hacia mejores épocas, donde la recuperación económica permitirá una revisión al alza en precios, aunque las decisiones políticas estén resultando un escollo para la transición hacia energías renovables.
“La influencia política seguirá siendo un obstáculo para la transición”, dijo la calificadora de riesgos crediticios S&P Global en un reporte fechado el 11 de febrero pasado y difundido este miércoles bajo el nombre “Energía renovable en México se queda a oscuras”.
Históricamente, el consumo de energía eléctrica es mayor al desempeño del PIB mexicano y esto se ha repetido en el pasado reciente, pese a la Pandemia Covid-19. S&P Global estima que en el punto más álgido de la crisis, mientras que el PIB mexicano caía 9%, la demanda de electricidad apenas bajó entre 2% y 3%.
Como varios bancos globales, corredurías y estrategas de inversión, S&P Global Ratings espera que la actividad económica del País revierte su tendencia negativa iniciada en 2019 a partir de este año. La agencia, además, prevé que este entorno seguirá siendo el principal motor de la demanda de electricidad.
“Por consiguiente, estimamos que la demanda de electricidad crezca alrededor de 4% en 2021 y un 3% en 2022, en línea con nuestro crecimiento esperado del PIB de 3.9% en 2021 y de 2.9% en 2022”, señala.
Otro punto que resalta S&P Global es que a medida que la economía mexicana progrese, los precios de la energía eléctrica aumentarían hacia niveles de 35 dólares por megavatio hora (MWh) en los próximos 12 a 24 meses, frente a los 30 dólares Mwh vigentes durante 2020.
S&P Global advierte, sin embargo, que la política gubernamental actual es “reacia a incentivar el desarrollo de nueva capacidad renovable” y expone ejemplos concretos, como la cancelación de nuevas subastas de proyectos de energía renovable de largo plazo.
La agencia de riesgos también menciona como puntos adversos los requerimientos adicionales incorporados por México –como permisos y nuevos estudios para la inclusión de nuevos proyectos en el Sistema Eléctrico Nacional– además de señalar la intención de CFE de participar en el mercado de Certificados de Energías Limpias.
Recuerda que México, además, detuvo la prueba preoperatoria de energías renovables durante la Pandemia.
Este conjunto de acciones en la política pública desincentiva la meta del País de alcanzar el 30% de la generación de energía a partir de fuentes renovables en 2021 y elevar el nivel a 35% para el 2024.
México tiene una capacidad renovable principalmente de tres frentes: plantas hidroeléctricas de la propia CFE; contratos heredados o contratos bilaterales entre la CFE y empresas privadas que se concretaron anterior a la Reforma Energética del 2013 y la capacidad instalada de las tres subastas de energía renovable de largo plazo fechadas en 2015, 2016 y 2017.
Hasta el cierre de 2020, la capacidad instalada representaba un 30%, de acuerdo con el análisis de S&P Global.
“Sin embargo, la generación de energías renovables oscilaba alrededor de 20%, según el orden del despacho (eléctrico)”, dijo
“Con base en las políticas actuales, consideramos que hay mucha incertidumbre (y/o falta de incentivos) para que las empresas inicien nuevos proyectos de energía renovable, lo que dificultaría lograr el objetivo de 35% para la generación renovable en 2024”, advirtió.
