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Las alianzas con grupos de interés que se realizan en las campañas políticas deberían hacerse públicas, incluso aquellas que forman parte del entramado político para alcanzar el triunfo en los comicios, consideran analistas y expertos en combate contra la corrupción.
En países de América Latina, los “inminentes” triunfos que permiten adelantar estas alianzas se han convertido en una amenaza para la democracia y el combate contra la corrupción.
El financiamiento de grupos de interés sigue siendo un riesgo en las campañas políticas y en varios países de la región y la experiencia muestra que los candidatos que exhiben triunfos inminentes, según las encuestas, se convierten en apuestas seguras para los financistas que después buscarán contratos y prebendas.
El caso AMLO en México resulta inédito, acumula varias décadas de campaña; sus simpatizantes, asegura, financian sus gastos proselitistas y parece que llegó el momento de ganar. Al cierre de esta edición, AMLO arrasaba en las preferencias con más del 40 por ciento en la intención de voto, según diversas encuestas.
Sin embargo, a diferencia de las dos elecciones previas en las que no logró ganar, el fundador de Morena ha cambiado completa su estrategia y ahora declara alianzas cuyo contexto y protagonistas han activado las alertas de la opinión pública.
En busca del voto del sector minero, Andrés Manuel López Obrador anunció que el líder del Sindicato Minero que se encuentra en auto exilio, Napoleón Gómez Urrutia, regresaría al país como legislador con fuero si gana las elecciones. También reconoció que ha pactado con el movimiento magisterial que encabeza la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien se encuentra bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena por diversos delitos, crimen organizado, lavado de dinero, y otras operaciones con recursos de procedencia ilícita. AMLO ha prometido que se modificará la reforma educativa.
En busca del voto del sector minero, AMLO anunció que el líder del Sindicato Minero que se encuentra en auto exilio, Napoleón Gómez Urrutia, regresaría al país como legislador con fuero si gana las elecciones.
AMLO, cuyo partido ha recibido para gastos de campaña al menos 3 mil millones de pesos del Presupuesto Público, asegura que su movimiento se encuentra financiado por las aportaciones de sus simpatizantes. Ese monto se puede confirmar en los pocos documentos públicos sobre Morena que se encuentran en el sitio de Internet del Instituto Nacional Electoral. No obstante, no se tiene acceso a las finanzas de Morena.
Es un hecho, además, que los políticos de Morena recibieron la indicación de “donar” un porcentaje de sus ingresos a su partido. ¿Ha sido legal que, a diferencia de otros partidos, AMLO sostenga una campaña de varias décadas con este esquema de financiamiento y otros que no conocemos? “Se trata de un tema del cual el INE se tendría que ocupar”, dijo un investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) que pidió omitir su nombre.
Sin embargo, la pregunta ¿De qué vive y se ha sostenido AMLO se repite constantemente entre sus opositores?
En su campaña, participa el empresario Alfonso Romo que en 2005 impulsó su propio movimiento Opción Ciudadana; antes había apoyado a Vicente Fox, a quien conoció cuando el ex mandatario era responsable de las operaciones de The Coca-Cola Company en México.
Romo fue presidente del Grupo Savia, de Seminis, de un poderoso grupo financiero; sin embargo, fue precisamente durante la gestión de Fox que sus negocios enfrentaron la peor de sus crisis. Hoy, Romo podría ser el Jefe de Gabinete de AMLO y tendría que concentrarse en su puesto público. Nada de negocios. Tampoco se ha relevado si Romo ha apoyado con fondos el movimiento de AMLO.
Cambio de reglas
Durante casi 18 años, AMLO ha trabajado en el diseño y construcción de un movimiento que exalta el nacionalismo económico y que, en opinión de expertos como el sociólogo Roger Bartra, autor de La Jaula de la Melancolía, no representa un movimiento de izquierda. Por el contrario, Bartra identifica los ideales y objetivos de AMLO y su partido Morena con la época nacionalista y corporativista del sistema político entre la década de los cincuentas y los setentas cuando, si bien la economía registro altas tasas de crecimiento económico, fue a partir de un modelo que privilegió el consumo interno, los productos nacionales, las inversiones locales pero que, en el mediano plazo, provocó desequilibrios en rubros como las cuentas externas y la deuda pública.
Durante el gobierno de EPN el gasto público disminuyó mientras aumentaron las partidas a gobiernos de los estados para gastos que no estaban totalmente definidos, situación que incrementó la opacidad
AMLO, cuyo movimiento y campaña política se extiende por más de dos décadas, propone un redimensionamiento del gasto público; reducir los salarios de la alta burocracia; terminar con las prácticas de corrupción que se transforman en grandes sangrías para los contribuyentes. También buscará rescatar la producción agrícola.
El gasto corriente que se gasta en secretarias, choferes y celulares y que Morena calcula en al menos 120 mil 000 millones de pesos, también se ha convertido en una de las obsesiones de AMLO. El equipo del político tabasqueño buscaría dedicar al menos 106 mil millones de pesos a subsidios que sostengan el programa de apoyo para jóvenes. El fantasma de la deuda también persigue a AMLO porque sus detractores opinan que sus promesas son muchas y que el presupuesto en un escenario de reforma energética y precios del petróleo a la baja (respecto a los niveles de 100 dólares que tuvo el gobierno de Vicente Fox), podría ser insuficiente impulsado la contratación de deuda, precisamente como sucedió después del periodo del llamado “Milagro económico”.
En una entrevista con el portal Arena Pública, el economista Gerardo Esquivel, catedrático del Colmex, egresado de la Universidad de Harvard y uno de los principales asesores en la cartera de economía de AMLO, aseguró que otro de los puntos clave del proyecto de Morena es recuperar la inversión del gasto público en infraestructura, que la inversión pública se transforme en un motor de desarrollo.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto público disminuyó mientras aumentaron las partidas a gobiernos de los estados para gastos que no estaban totalmente definidos, situación que incrementó la opacidad, de acuerdo con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Campos, quien también es coordinadora del micro sitio La Caja Negra, asegura que mientras la inversión disminuyó la discrecionalidad para ciertos rubros y transferencias de las partidas a los estados aumentó, lo que preocupa por el alto grado de opacidad y escasa rendición de cuentas.
No sólo eso, la inversión privada, al menos durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, tomó el lugar de la inversión pública pero protegida por esquemas que les garantizaban rentabilidad a cargo de los usuarios como fue el caso de las vías de cuota concesionadas a la española OHL.
De ganar AMLO, esos esquemas se revisarán porque se buscará el mayor beneficio de la inversión, dice Esquivel en la entrevista con Arena Pública. Para empezar, la obra insignia del sexenio de Peña Nieto: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, podría sufrir cambios en la estructura financiera y operativa con la que se está construyendo. Por lo tanto, los grupos empresariales y de inversionistas se encuentran sumamente inquietos. AMLO ha dicho que una concesión del nuevo aeropuerto podría ser una de las opciones que permitirá un mayor equilibrio para los contribuyentes.
*Periodista
@LaVillegas1
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