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Las organizaciones que integran el Grupo Focal de Sociedad Civil participante en la formulación del programa nacional de empresas y derechos humanos se deslindaron de la propuesta presentada por el gobierno federal al respecto, debido a que consideran que no cubre los estándares internacionales ni fueron tomadas en cuentas sus aportaciones.
El grupo Focal integrado por ocho organizaciones manifestó, en un comunicado, que durante dos años han participado en el proyecto, tiempo en el que han realizado un importante trabajo aportando insumos sustantivos al proceso.
Pese a haber sido ignoradas por parte del gobierno propuestas que consideran fundamentales, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que seguirán trabajando para mejorar los marcos jurídicos y otros mecanismos para asegurar que las corporaciones nacionales e internacionales no cometan violaciones a los derechos humanos.
Con recursos propios, esta alianza de OCSs generó un Diagnóstico de Línea Base independiente para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU en México. Este documento, así como otros aportes realizados en diversos foros y por escrito, no han sido considerados por el gobierno pese a múltiples reuniones celebradas.
La sociedad civil alertó en marzo pasado, mediante un comunicado público, de las principales omisiones en el primer borrador del Programa. En el borrador final, recibido en días recientes, siguen sin atenderse las principales peticiones de sociedad civil, y preocupa que el borrador actual no abarca los mínimos necesarios para contar con un programa que mejore la situación del país en materia de empresas y derechos humanos.
Las prioridades de sociedad civil que el gobierno mexicano no está atendiendo son varias ya que el borrador no contiene un apartado ni acciones efectivas sobre el acceso al remedio y a la justicia, pese a que Naciones Unidas establece claramente que éste es un punto fundamental en un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos basado en los Principios Rectores.
Específicamente, en materia de acceso a la justicia, se ignoró la recomendación de implementar la reforma a la Ley de Amparo de 2013, la cual permite señalar a las empresas como autoridad responsable cuando cometan violaciones a los derechos humanos.
Otro aspecto relevante es el referido a la debida diligencia de las empresas para identificar, evitar, mitigar y, en su caso, remediar los daños no figura de manera contundente en el borrador, indicaron.
Tampoco se incorpora el reconocimiento expreso de la obligación de las empresas a respetar derechos humanos, ni la publicación de las evaluaciones de impacto ambiental y social (que por ley no son públicas), ni se consideran procesos de debida diligencia en toda la cadena de valor. La transparencia se maneja de forma discrecional y dejando importantes vacíos.
En el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive el país, el Programa no contempla mecanismos sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ni reconoce la figura de los informantes (whistleblowers) como recomienda la sociedad civil.
Tampoco se insta a las empresas a manifestarse pública y contundentemente en contra de los ataques e intimidación a estos actores, como recomendó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Además, consideran que la consulta previa, libre e informada, para obtener o negar el consentimiento, no está reconocida como derecho y su aplicación se restringe a los pueblos y comunidades indígenas, lo que excluye a comunidades campesinas y otras equiparables con problemáticas similares. Además, este derecho no se vincula con la responsabilidad de la debida diligencia de las empresas como recomienda Naciones Unidas.
La responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos cuando funge como actor económico no es hecha explícita, indica el comunicado. E, igualmente, faltan lineamientos fuertes para las empresas de participación o control estatal, y para los procedimientos de compras públicas, que den el ejemplo al sector privado, tal y como establecen los Principios Rectores.
El Grupo Focal se conformó en 2015 en el marco del inicio de la elaboración del PNEDH. El objetivo era participar para que esta política pública garantice el respeto a los derechos humanos frente a la actividad empresarial.
Las organizaciones que forman el Grupo Focal: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), acompañados por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
