Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 50 segundos
El año 2015 no pudo haber concluido de mejor manera que con el histórico acuerdo de la Conferencia de Estados Parte del Convenio Marco sobre el Cambio Climático, mejor conocida como la COP 21, en la que un centenar de países decidieron de manera unánime asumir el compromiso de reducir de manera significativa las emisiones de gases contaminantes con el objeto de revertir los efectos dañinos del calentamiento global. Sin duda, un compromiso de alcances inimaginables que constituye una muestra categórica de lo necesario que es la colaboración entre la iniciativa privada y el Estado.
Por Adalberto Méndez López*
Compromisos como el de la COP 21 son sólo una muestra del gran potencial transformador que el binomio Estado-Empresa representa; basta con imaginar que sería de la movilidad en una zona tan compleja como la Ciudad de México si la política pública en la materia fuera diseñada por las autoridades capitalinas de la mano con las empresas líderes en transporte y accesibilidad, o bien, con las acciones emprendidas en materia de sistematización y acceso a la información si éstas fueran asesoradas por las desarrolladoras de software que llevan años de experiencia en el rubro de referencia. Así, la obligación perpetua del Estado de regular la realidad histórica de la sociedad lograría ser eficiente si a ésta se sumara el poder creativo e innovador del sector privado.
Teorizar al respecto resulta esperanzador, ya que actualmente es posible encontrar ejemplos concretos de que este tipo de colaboración es posible. Cito el caso del multimillonario empresario y fundador de Microsoft, Bill Gates, quien en una entrevista realizada a inicios de 2016 por la Revista Forbes, tras haber sido abordado para que hablara respecto de su trabajo filantrópico en la India, describió los proyectos emprendidos de la mano del gobierno hindú relativos a servicios de salubridad para la población más vulnerable de ese país. Es aún más interesante cuando se refirió al trabajo social en el que sus empresas y fundaciones llevan trabajando desde hace ocho años, -la inclusión financiera-, asegurando que “al mirar las tasas de interés bancarias que la gente paga normalmente, éstas resultan ser muy altas debido a los costos que una transacción representa sin importar el monto de la misma, por lo que la única manera de mover pequeñas cantidades de dinero sin costos elevados es no involucrando personas en la realización de dichas transacciones, es decir, digitalizando la banca”.
Gates explicó que lo anterior motivó que desde hace tres años estén enfocados principalmente en la inclusión financiera de los sectores más vulnerables en países con una situación de pobreza considerable, por lo que a la fecha este trabajo lo han desarrollado principalmente en Kenia e India, en donde ya trabajan de la mano con los gobiernos de dichos países para la modificación de la regulación bancaria, buscando desarrollar un modelo de banca digital que pueda ser implementado por esos Estados de la mano del sector privado donde efectivamente se incluya en los productos y servicios financieros a todos los sectores de la población, resaltando incluso ejemplos de éxito como el de la República de Somalilandia, un país no reconocido e independiente de facto desde 1991 ubicado al noroeste de Somalia, que ha logrado que un porcentaje de su Producto Interno Bruto se genere gracias a transacciones realizadas desde teléfonos móviles, confirmando así que la apuesta principal de Microsoft y su fundador sin duda es que el acceso a la tecnología deje de ser un privilegio y verdaderamente constituya un derecho.
El testimonio anterior, además de ser inspirador, aporta elementos que sostienen la afirmación de que la iniciativa privada es indispensable en la promoción y respeto efectivo de los Derechos Humanos; sin embargo, no hay que olvidar que así como la empresa puede transformar y generar grandes beneficios a la sociedad, también puede ser altamente destructiva, de ahí la necesidad de que el Estado promueva una cultura de derechos y evite, mediante su regulación e imperium, aquellos abusos en los que puedan incurrir las corporaciones. Estados Unidos de América es uno de los mejores ejemplos de este contraste.
En diciembre del año pasado, una delegación de la Organización de las Naciones Unidas integrada por expertas provenientes de Costa Rica, Reino Unido y Polonia, visitó al país del Norte con el objetivo de elaborar un informe sobre el trato igualitario hacia las mujeres, obteniendo hallazgos que resultarían impensables en una potencia mundial. En su informe, las expertas en discriminación contra la mujer manifestaron, entre otras graves omisiones, que ese país no cuenta en su regulación con ninguna disposición que garantice el pago por incapacidad por maternidad, por lo que los empleadores en los Estados Unidos no están obligados a garantizar dicho derecho a la mujer, lo cual es alarmante dado que es un reconocimiento por el que se luchó durante siglos en distintas partes del mundo, mientras que en siglo XXI en los Estados Unidos se ha perdido por completo.
En forma contrastante, en este mismo país una decisión histórica ha puesto el ejemplo a nivel mundial con la reciente determinación de prohibir las botellas de plástico en San Francisco, California, convirtiéndose así esta ciudad en la primera del continente en implementar tan progresista legislación, sobre todo si consideramos que alrededor del 50 por ciento de la contaminación por envases de plástico en el mundo deriva del uso por una sola vez de alguno de estos recipientes. Esta medida se suma a una serie de normativas anteriores que en el pasado ya lograron la prohibición de las bolsas de plástico así como del uso de rellenos de espuma plástica, sin embargo, a diferencia de las ocasiones anteriores, el no acatar la normativa de referencia ahora conlleva multas de hasta mil dólares, por lo que invertir en una botella de reúso resulta conveniente.
En conclusión, esta comparación de buenas y malas prácticas que coexisten en países considerados de avanzada, sólo muestran lo importante que es coordinar acciones y esfuerzos de Gobierno y empresas. Lo aquí expuesto es una muestra contundente de la relación de codependencia que existe entre ambos actores, la cual puede reflejarse en consecuencias tanto positivas como negativas, por lo que resulta prioritario coordinar y, sobre todo garantizar, que las acciones derivadas de dicha relación estén siempre encaminadas a salvaguardar la dignidad e integridad humana, que el fin último de los derechos humanos. En este sentido, vale la pena recordar al extinto presidente argentino Juan Domingo Perón, quien alguna vez afirmó que el Estado debía auspiciar preferentemente la creación y desarrollo de aquellas empresas cuyo capital estuviera al servicio de la economía en función del bienestar social.
*Consultor en materia de Derechos Humanos y empresas; Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y del Programa de Maestrías en la Escuela de Trabajo Social de la SUNY University al Buffalo, Nueva York, EUA.
