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La Cámara de Diputados recibió hoy la iniciativa de decreto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que pretende contar con un sector popular eficiente y sólido; fortalecer los mecanismos de supervisión y mejorar la protección de los ahorradores.
El documento, elaborado por diputados y senadores, dice que las adecuaciones son las siguientes:
Se crea un fondo en beneficio de los depositantes de Ficrea. El organismo Sociedad Financiera Popular en Liquidaciones tiene como finalidad que los depositantes recuperen su importe adicional a las 25 mil unidades de inversión del seguro de depósito, de manera que puedan obtener hasta un millón de pesos.
Eliminación de las sociedades financieras comunitarias. La diferencia fundamental establecida en la legislación vigente entre sociedades financieras populares y las sociedades financieras comunitarias, estriba en que estas últimas prestan su servicio en zonas consideradas como rurales.
Ante ello, se considera que la distinción geográfica es innecesaria debido al enfoque predominante social de ambas figuras y en este sentido cualquier sociedad financiera debiera tener el mismo nivel de regulación y supervisión.
Igualmente, se considera la eliminación de las funciones de supervisión auxiliar a través de las federaciones. Al ser las sociedades financieras populares entidades integradas del sistema financiero mexicano, su régimen y supervisión debe ser homogéneo a quienes pertenecen a él. Es conveniente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realice una supervisión directa y sin intermediarios de tales sociedades, en cumplimiento de su objeto que es la protección de los intereses del público ahorrador.
Respecto al Catalogo único de operaciones y requerimiento, el documento dice que las sociedades financieras populares deben procurar atender las necesidades del sector social y acercarlo al sistema financiero mexicano, por lo que no es congruente que se limite el número y tipo de operaciones que pueden prestar a los depositantes y pequeños ahorradores.
En cuanto a problemas financieros e intervención, la iniciativa dice que el esquema para el tratamiento de sociedades financieras populares que presenten problemas financieros se pueden dividir en dos etapas: la primera de ellas quedaría comprendido el sistema de acciones correctivas tempranas y la segunda el proceso de salida ordenada del sector.
Con el seguro de depósitos se propone trasferir la responsabilidad de la administración del seguro de depósito del actual Fondo de Protección de Sociedades Financieras, Populares y de Protección a sus ahorradores, al denominado Fondo de Ahorro Popular, el cual será un fideicomiso público a ser constituido por el gobierno federal en el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
En otras facultades, la iniciativa faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ordenar ajustes de los registros contables que, a su vez, puedan derivar en modificaciones a su indicador de suficiencia capital.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y elaboración del dictamen.
