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La necesidad de conseguir un trabajo orilla a la a muchos interesados a aceptar condiciones laborales denigrantes y ofensivas, aunado al bajo salario que se ofrece y a las nulas prestaciones sociales.
Una de las estas prácticas que utilizan algunos patrones es que cuando se ofrece el trabajo se condiciona el interesado a firmar una hoja en blanco, que más adelante es utilizada como renuncia voluntaria, es decir se puede despedir al empleado sin otorgarle las prestaciones de ley, entre ellas su liquidación.
Tres de cada 10 trabajadores despedidos fueron obligados a firmar un papel en blanco como requisito para ser admitidos en el trabajo, de acuerdo con información difundida por la Cámara de Diputados.
“El patrón guarda el documento en blanco y en el momento en que considera oportuno le agrega el texto de una renuncia junto a un recibo de una cantidad nunca pagada. Algunos abogados afirman, con cinismo incluso, que es una política de su despacho aconsejar a los clientes que obliguen a los trabajadores a firmar un documento en blanco al contratarlos”, dijo la diputada de Morena, diputada Luisa María Alcalde Luján.
Los diputados aprobaron reformas a la Ley Federal del Trabajo para prohibir a los patrones hacer firmar a los trabajadores documentos en blanco que impliquen renuncia de derechos o impongan obligaciones.
Las reformas adicionan un párrafo al artículo 33 de dicha norma, para que en caso de que el trabajador sea obligado a la firma de documentos en blanco pueda acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho.
Se adiciona un párrafo al artículo 1006 para señalar que se considerarán documentos falsos aquellos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador.
Siempre según el dictamen, en caso de quedar acreditado, en el juicio correspondiente, el dicho del trabajador, el patrón será sancionado con penas de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a mil 900 veces el salario mínimo.
Pero lo que marca el dictamen, remitido al Senado para su análisis y aprobación, es completamente distinto a la realidad que se vive en el mundo laboral.
Actualmente, los tribunales de trabajo no atienden los reclamos de las víctimas de esta práctica, pues sostienen en los procesos que al ser auténtica la firma del trabajador en el documento no hay nada que reclamar, de acuerdo con la diputada.
Obligan al trabajador a demostrar que la firma fue obtenida bajo presión o condicionamiento de obtención del empleo, cuestión que evidentemente es prácticamente imposible de probar, de acuerdo con la legisladora.
Los tribunales de amparo aportan su granito de arena a esta generalizada indefensión, planteando en lo general la tesis y criterios que incrementan la impunidad.
Las instancias encargadas de la defensa de los trabajadores, denominadas Procuradurías de Defensa del Trabajo, a pesar de tener identificados muy bien a los defraudadores no parecen interesados en hacer absolutamente nada al respecto, dijo Alcalde Luján.
Finalmente, pidió a la Secretaría del Trabajo ayude a difundir este derecho para que los trabajadores sepan que en el momento en el que los obliguen a firmar una hoja en blanco cuando los contraten, pueden acudir a las autoridades y dar aviso porque será tomado en cuenta en caso de demandar su reinstalación o el despido justificado.
Edgar Amigón Domínguez
