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El Acueducto Independencia ha sido uno de los proyectos más auditados desde su licitación, una obra que comprometía en sus inicios más de 3 mil millones de pesos. El último año de la administración calderonista, los auditores del máximo órgano de fiscalización del país recuperaron más de 20 millones de pesos, como consecuencia de irregularidades administrativas.
Impulsado por administraciones panistas, el Acueducto tiene una observación por más de 250 millones de pesos durante el último año que este partido estuvo al frente del poder federal. También, revela el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 que fueron recuperados más de 20 millones de pesos.
Además de la vigilancia al manejo de los recursos públicos que implica este proyecto, el Acueducto ha sido impugnado ante diversas instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los afectados por la construcción de esta obra se encuentra la comunidad yaqui, asentada al Sur de Sonora.
Y es que, de acuerdo con el documento de la Auditoría, el órgano interno de la Conagua deberá justificar por qué no fueron entregados 252 millones de pesos al gobierno de Guillermo Padrés para la obra que involucra el Acueducto Independencia. “Esta posible omisión causó atrasos en los pagos de la obra”, dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lo anterior promovió una Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante el Órgano Interno de Control en la Conagua, para que investigue los actos o las omisiones de los servidores públicos que en su gestión sólo radicaron recursos al gobierno de Sonora por 673 millones de pesos de los 925 millones de pesos comprometidos, lo que ocasionó el atraso en los pagos de las estimaciones de obra y la formalización de un convenio de diferimiento a la terminación de la obra en 91 días naturales por falta de liquidez presupuestal.
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, también se determinaron incumplimientos de las leyes, los reglamentos y las disposiciones normativas relacionadas con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En específico, dice el Informe, el Artículo 82, en sus fracciones III y IV, que a la letra dice: “Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios”. Así como, “evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las entidades federativas”.
Irregularidades en el Acueducto
Rodrigo González Enríquez, investigador del Instituto Tecnológico de Sonora (Iteso), dice que el acueducto tiene diversas fallas: “Es un proyecto que se licita sin proyecto ejecutivo. Realmente el gobierno tenía la idea de llevar agua de un lado a otro, sin un proyecto analizado a profundidad”.
Y es que para ese año fiscal Conagua -entonces a cargo de José Luis Luege Tamargo- y el gobierno de Sonora –encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías– no cumplieron las disposiciones normativas aplicables respecto del procedimiento de licitación y adjudicación del Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia.
De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, los auditores del máximo órgano de fiscalización del país determinaron que la contratación de la obra no se ajustó a un proceso que garantizara las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Otra anomalía fue que ninguno de los licitantes cumplió con la experiencia y capacidad técnica previstas en las bases de la licitación. Para la ASF, la evaluación de las propuestas y adjudicación del contrato fueron deficientes y, como resultado se adjudicó, al licitante que ocupó el cuarto lugar, se incluyó un criterio relativo a la evaluación del proyecto fuera de la normativa aplicable.
Las ganadoras de la licitación 55201001-001-10 fueron Mezquite Construcciones; Terracerías Construcciones y Vías Férreas; Constructora Miramar; Inmobiliaria Carlos Alberto; Tecnoasfaltos y Terracerías; Proyectos y Consultoría del Desierto; Gluyas Construcciones; Constructora Trax; La Azteca Construcciones y Urbanizaciones; Grupo Krene; Afel Constructores; Desarrollos Tecnológicos del Noroeste; CSI Ingenieros México; Acuícola del Desierto; y Proyectos y Supervisión JH Romero.
El investigador de tiempo completo del Iteso indica en su estudio Análisis de la Disponibilidad Efectiva de Aguas Superficiales de la Cuenca del Río Yaqui, y factibilidad para Trasvasar Aguas a la Cuenca del Río Sonora que “el acuerdo publicado el 24 de septiembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, donde se da a conocer los resultados de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales de varias cuencas del estado de Sonora, incluida la cuenca del Río Yaqui, han perdido vigencia legal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales -donde establece que la disponibilidad media anual del agua se revisará al menos cada tres años-, el estudio en el que se basó la publicación del acuerdo antes mencionado se realizó en el año 2005 con datos del período 1964 a 2004.
González Enríquez indica que la cuenca del río Yaqui registra ya una reducción en las captaciones de agua en presas. Dice en entrevista que, sumado a los efectos del cambio climático global y la pretensión de importar aguas a Hermosillo mediante el Acueducto Independencia, se va a afectar al área de siembra y en consecuencia a la economía de la región principalmente en los pobladores de la cuenca baja del río Yaqui, lo que pone en un mayor riesgo la sustentabilidad de la cuenca del río.
Asegura que con el Acueducto Independencia se instrumentó una medida simplista, no sustentable, fuera de la lógica y afectando derechos legítimos de terceros. “No se justifica establecer como argumento que la importación de aguas desde la cuenca del Río Yaqui permitirá equilibrar la grave sobreexplotación que se está dando en la cuenca del Río Sonora, situación que generará una sobreexplotación a futuro en ambas cuencas”.
El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el director de Conagua, David Korenfeld
Inconformidad social
Transcurridos cuatro años desde la licitación del Acueducto, la tribu Yaqui sigue en la lucha por no quedar desabastecidos del agua. Tomás Rojo Valencia, uno de los voceros de la comunidad indígena, considera que con todo este proceso legal se deja ver que “el gobierno del estado ha sido impulsor de la ilegalidad”. En entrevista, habla del vía crucis que ha significado para su etnia la construcción del Acueducto. Hasta recurrir al máximo órgano de justicia de la nación sin lograr detener el proyecto.
“El Acueducto está impugnado desde la licitación, previamente hubo mesas técnicas en donde no se logró demostrar los beneficios, pero si los perjuicios a la tribu Yaqui. Los impactos de derecho ambiental están impugnados, todo es ilegal”, comenta.
Prueba de ello, dice el líder indígena, es la clausura del ramal norte del Acueducto. “Por violaciones a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, así como de la Ley General de Protección del Equilibrio Ecológico, el Gobierno de la República a través de Profepa y Conagua, determinaron clausurar la obra en proceso denominada Ramal Norte, por no contar con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y su resolutivo”. Así lo informaron en conferencia conjunta los delegados federales: Adolfo García Morales, de la Secretaría de Gobernación; Ulises Cristopulos Ríos, de Semarnat; César A. Lagarda Lagarda, de Conagua; y, Jorge Carlos Flores Monge, de Profepa”, informó el portal Agora Sonora.com.
“No entendemos, si el ramal norte está en la misma situación -de no contar con MIA y ocupa zona federal- por qué no se actúa sobre la tubería de mayores dimensiones”, comenta el otrora gobernador Yaqui.
Acusa que el Acueducto no tiene permiso de trasvase de una cuenca a otra, tampoco para poder extraer agua de la presa El Novillo. Las afectaciones son evidentes, dice. Además que en los últimos 20 años no se les ha dado el agua que les corresponde legalmente.
El decreto, firmado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas el 30 de septiembre de 1940, ordena que el 50 por ciento del agua de la presa La Angostura, más los escurrimientos de ésta, les serán dotados a la tribu. Según Tomás Rojo, ésta tiene un promedio de captación y una capacidad instalada de 980 millones de metros cúbicos y sólo les han asignado anualmente en promedio unos 250 millones de metros cúbicos.
