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Silvia Martínez/Prensa Latina
Las tres iniciativas para reformar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentadas al Congreso, apuntan a elevar la economía de la nación pero difieren en cómo llegar a la ansiada competitividad de la paraestatal.
Tanto la propuesta del gobierno, como las de los partidos opositores Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), más allá de las diametrales diferencias sobre cambios constitucionales en términos privatizadores de los recursos energéticos, coinciden en la necesidad de transformar la petrolera en motor impulsor del desarrollo.
El PAN, primero en presentar su proyecto, aboga por una apertura total a la inversión privada en toda la cadena productiva, incluida la transportación.
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya presentación la hizo el presidente Enrique Peña Nieto, si bien no llega al extremo neoliberal panista, propone modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para introducir la participación privada.
Mientras, la iniciativa del PRD promueve cambios a 12 leyes y la creación de una nueva legislación sobre excedentes petroleros, pero en ningún caso pide modificar la Carta Magna, pues considera que con esas propuestas y con liberar a Pemex de la carga fiscal actual tendría suficientes recursos para su modernización y desarrollo.
De hecho, a casi horas de los debates parlamentarios, los criterios de expertos y en la prensa giran en torno a las proposiciones de Peña Nieto y de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y artífice y presentador de la iniciativa de ese partido de izquierda.
Ni se privatiza ni se vende
La propuesta del titular del Ejecutivo busca la participación de la iniciativa privada nacional y foránea en contratos de utilidad compartida en los sectores de exploración y extracción de petróleo y gas, así como en refinación, transporte y almacenamiento.
Argumenta que Pemex carece de suficientes recursos, experiencia y tecnología para emprender la exploración y explotación de las reservas que existen en aguas profundas.
También sostiene que la CFE enfrenta crecientes protestas por el alto costo del servicio eléctrico, y la participación de particulares para generar y vender ese servicio utilizando la red pública nacional ayudaría a disminuir los precios.
Entre los objetivos de las modificaciones en materia energética expuestas por Peña Nieto, y que aparecen publicados en el sitio oficial de la Presidencia, están favorecer la economía familiar con servicios eléctricos y de gas a más bajos precios, así como la producción de fertilizantes y alimentos más baratos.
Igualmente prevé aumentar la inversión y los empleos, estos en el orden de cerca de medio millón de nuevas plazas en este sexenio, y dos y medio millones más para 2025.
Con ello también se buscará reforzar la Comisión Federal de Electricidad y la infraestructura de Pemex, ésta última bajo un régimen tributario diferente al actual y mayor autonomía de gestión. En ambos casos seguirán siendo empresas mexicanas y públicas.
Otro de los propósitos es reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, así como regulador de la industria.
Previo a la firma del documento, el mandatario ratificó el principio de que Pemex ni se vende ni se privatiza, seguirá siendo ciento por ciento propiedad de todos los mexicanos.
Variable ajustada a la Constitución
De entreguista, neoliberal, reducida e incompleta calificó Cuauhtémoc Cárdenas la propuesta oficial, pues, dijo, desplaza al Estado del control y manejo de sus riquezas petroleras, puntal de su independencia económica, y es inconsistente en sus argumentos económicos.
El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien expropió los recursos energéticos mexicanos en 1938, presentó en nombre del PRD una propuesta que es el sentir de la izquierda mexicana para transformar al sistema energético nacional sin tocar la Constitución.
La misma contempla cambios a 12 leyes secundarias, entre ellos reducir el actual régimen fiscal al que está sometido la paraestatal, calificado por Cárdenas como confiscatorio, económicamente irracional y financieramente insostenible.
Las reformas del PRD, tal como fueron presentadas, tienen como objetivos prolongar las reservas; disminuir gradualmente las exportaciones de los recursos; desarrollar las cadenas productivas; aumentar la capacidad de producción y refinación, además de construir nuevas instalaciones.
Las propuestas perredistas buscan conceder autonomía presupuestal y de gestión a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, además de transformar a ambas en empresas públicas.
Conciben también dar un nuevo destino al excedente petrolero, como por ejemplo, utilizarlo en el desarrollo prioritario de la educación y la salud.
Cárdenas declaró en la explanada del Monumento a la Revolución, lugar donde se lanzó la iniciativa, su disposición personal de entregarse a tiempo completo para desatar una campaña dirigida a impedir que el gobierno y la derecha mexicana cumplan sus pretensiones privatizadoras de los hidrocarburos.
Como elemento nuevo a las ideas mucho antes anunciadas por el PRD, Cárdenas valoró la importancia de promover una consulta popular, dado el caso de que por mayoría el Congreso apruebe, con el voto en contra de los legisladores patriotas, las reformas encaminadas por el Ejecutivo para cambiar la Constitución.
Ello sería posible a partir de lo estipulado en el artículo 35 constitucional, según explicó, el cual da derecho a los ciudadanos a votar en consulta popular, si se hace al menos en la cantidad equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Aclaró que como tal ese precepto no está reglamentado por una ley secundaria, y la campaña deberá montarse ajustada al texto constitucional, por lo que la consulta popular deberá realizarse concurrente con la próxima elección federal el primer domingo de julio de 2015.
Me arrogo la facultad de convocarlos, dijo a los mexicanos en el acto público, para oportunamente disponer del millón 630 mil inscritos en la lista nominal y poder presentar a las autoridades nuestra demanda, dijo.
La estrategia de la izquierda mexicana buscará echar para atrás las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, dado el caso de que lleguen a acordarse tales cambios en ambas cámaras con los votos del PRI, del PAN y de otros legisladores proclives a esa tendencia.
Un análisis de expertos en el programa televisivo El Mañanero señaló la importancia de ganar consenso en acuerdos que ofrezcan seguridad ciudadana sobre cuál será realmente el destino de las riquezas petroleras, consideradas por los mexicanos como un bien sagrado.
ppc
