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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) exigió poner alto a la impunidad fiscal mediante el combate a la informalidad, la piratería y a la falta de facturación, entre otros ilícitos, que provocan la evasión y el fraude fiscal.
Diana Bernal, titular de la Prodecon, se pronunció porque la próxima reforma hacendaria adopte medidas concretas contra la evasión y el fraude fiscal en el que incurren personas y empresas, lo que genera insuficientes recursos fiscales para el gasto público social y redunda en una mayor carga tributaria a los contribuyentes.
Entre estas medidas, Bernal propuso la incorporación por autoridad a la base fiscal a las personas y empresas que se encuentran en la informalidad, combatir la piratería, el contrabando y el lavado de dinero como actividades ilícitas pero también como actos de defraudación fiscal.
De no combatir estos ilícitos y no incorporar al padrón de contribuyentes a todos aquellos que realizan actividades económicas y perciben ingresos, las cargas tributarias seguirán recayendo exclusivamente sobre los contribuyentes cautivos y conduciría al incremento de impuestos, indicó.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el último trimestre de 2012 casi 30 millones de personas pertenecían a la informalidad, es decir, no están contribuyendo al gasto público. De esos 30 millones, se estima que más de 14 millones realizan actividades clandestinas de piratería.
La evasión y el fraude fiscal son acciones que comúnmente están vinculadas a otras formas de actividad criminal, como el lavado de dinero, la piratería y el narcotráfico, señala la Prodecon.
Por ello considera fundamental que en la reforma fiscal estructural se establezca la colaboración y competencia de otras autoridades, además del SAT, tales como unidades de inteligencia financiera, la Procuraduría General de la República (PGR) y el propio Poder Judicial Federal.
En conferencia de prensa, la titular de la Prodecon se pronunció por la simplificación del pago de impuestos, el fomento a la cultura contributiva, mejorar la estrategia de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y evitar los excesivos requisitos formales para el cumplimiento de los contribuyentes. Además, de la rendición de cuentas y la transparencia del gasto público.
También recomendó una mejor y más fortalecida Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en la que se reconozcan ampliamente las prerrogativas de quienes sí pagan sus impuestos.
