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La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó el Manual que provee los criterios y la metodología de separación contable por servicio que deberán aplicar los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y que entrará en vigor el 23 de marzo de 2013.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cofetel señala que todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que prestan uno o más de los servicios descritos en el Manual deberán presentar la información de contabilidad separada por servicio antes del 1 de agosto de cada año y deberá contener la opinión de auditores externos de los concesionarios.
La Cofetel podrá solicitar y revisar, en cualquier momento, la información en que se basó la elaboración de los formatos presentados.
Los concesionarios deberán someter para aprobación de la Cofetel un programa de implantación de la metodología prevista en el manual dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución, o previamente al inicio de la explotación de la red, tratándose de nuevos concesionarios.
El programa de implantación deberá apegarse a los criterios establecidos en el Manual y deberá contener como mínimo la información y explicación de criterios utilizados en la revaluación de los activos con base en la metodología de contabilidad de costos actuales.
Según la Cofetel, la contabilidad separada coadyuvará en la supervisión y verificación del cumplimiento de la normatividad y legislación aplicable, ya que permitirá conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones por servicio, función y componentes de las redes, lo que será útil para evitar la existencia de subsidios cruzados entre los servicios y detectar trato discriminatorio en la prestación de los mismos.
Además permitirá identificar prácticas anticompetitivas y dar certidumbre a los inversionistas, ya que su incursión en el mercado será en condiciones equitativas, apunta el organismo.
Impacto en la administración de activos
El Manual de Contabilidad Separada permitirá al ente regulador identificar los activos utilizados por servicio, lo cual puede ser un precedente para una posible regulación tarifaria, de acuerdo con la empresa consultora Levin Global.
“Al determinarse que el valor contable de las redes de telecomunicaciones será el menor entre: el costo neto del valor del Activo Moderno Equivalente (“AME”) y el monto recuperable que generen los flujos de efectivo de los negocios, están sentando un criterio que, en la práctica, evitará cualquier pretensión del propietario de la red a ser remunerado por los flujos de negocio que perderá, al permitir el tráfico de los competidores sobre su infraestructura”, dice Aldo Di Paolantonio, socio de Levin Global en México.
Según esta empresa de consultoría especializada en valuación y administración de activos fijos, la reciente reforma en materia de telecomunicaciones asigna al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano autónomo encargado de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que hará efectiva la competencia entre los operadores.
Respecto a las actividades que quedarán a su cargo, destaca el efecto que tendrá la aplicación del Manual de Contabilidad Separada, que obliga a todos los concesionarios a llevar un registro contable independiente por servicio, función y componentes de la red, con el fin de que la autoridad pueda detectar la existencia de subsidios cruzados entre los servicios.
La resolución sugiere implementar un modelo de Contabilidad de Costos Actuales (“CCA”) entre los operadores, lo cual sería útil para fijar reglas de retribución al uso del capital invertido por los operadores dominantes cuando dicha infraestructura deba ser puesta a disposición de terceros agentes, quienes ahora tendrían regulado y asegurado el derecho al uso de la red del dominante.
El criterio Activo Moderno Equivalente (AME) será el que prevalezca mayoritariamente en el modelo de CCA. Si la aspiración es mayor acceso y competitividad entre los jugadores del mercado, con este proceder se garantiza la eficiencia económica al establecer el costo de un servicio, ya que la tecnología provoca una disminución del capital invertido en activos fijos, respecto de los costos históricos.
El AME buscaría reconocer en los precios de transferencia una medida racional de retribuir el capital inmovilizado: no menos (pero tampoco más) de la incidencia que resulte con base a las actuales condiciones tecnológicas y de las reglas en la industria. Es decir, asignar el valor de un bien concebido desde las actuales tecnologías, que implica cambios funcionales, aumentos de capacidad y avances tecnológicos.
Año con año, entre los proveedores de equipamiento de la industria de telecomunicaciones se presentan dos tendencias: disminución de precios unitarios y/o aumento de la capacidad de servicio sosteniendo el precio anterior, tendencias que serían reguladas por el modelo de CCA y obligarían a remunerar un precio justo.
“Todos los argumentos favorables que inclinan la balanza hacia la apertura y mejor control de las reglas de juego del sector, también encierran una amenaza significativa: ¿serían estas condiciones las aceptables para sostener el ritmo de inversión que globalmente necesita la red?”, cuestionó Aldo Di Paolantonio.
Un operador que ya tiene desplegada su red, se enfrentará con esta revisión económica de sus instalaciones a lo largo de distintos momentos de la vida útil; y aquella inversión que cumplía el criterio de precio de activo moderno cuando la red fue desplegada, puede al cabo de un lustro generar una pérdida irrecuperable, por lo que parte del costo inmovilizado no podrá ser trasladado a las tarifas que reciba de los servicios mayoristas entregados.
Definitivamente el IFT podrá implementar este tipo de medidas asimétricas sobre aquellos activos que hoy se encuentran instalados, pero sus reglas para compartir la infraestructura no deben desalentar la dinámica de la reinversión. Se deberá reconocer adecuadamente el costo del capital privado sujeto a riesgo, o más temprano que tarde se estará pidiendo el auxilio de capitales paraestatales.
“Las telecomunicaciones operan en un ambiente de constante evolución, se trata de un mercado que requiere una permanente e importante inyección de capitales. La intervención política deberá interpretar todos los intereses en juego y hallar el balance que mejor convenga al país”, aseveró el socio de la consultora Levin Global.
