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Se acabó el sexenio de la “guerra” contra el narcotráfico, y el Estado mexicano nunca contó con el arma principal: una ley que golpeara las finanzas de los cárteles, los cuales se convirtieron –en menos de 6 años– en las empresas delictivas más rentables del mundo. Por si fuera poco, la controvertida Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita terminará por chocar con la Constitución apenas entre en vigor en julio del año próximo, considera Federico Ponce Rojas, catedrático de la Universidad Anáhuac.
A las restricciones a la libertad de tránsito que padecen los mexicanos por causa del narcotráfico, pronto se sumarían otras: restricciones al comercio, al flujo de efectivo y, por lo tanto, a las actividades productivas. La advertencia es del catedrático de la Universidad Anáhuac, y vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Federico Ponce Rojas.
El exsubprocurador general de la República y actual abogado de la presidencia a cargo de la Dirección de Servicios Especiales del Grupo Financiero Banamex Citigroup se refiere a las disposiciones contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida popularmente como Ley Antilavado. La disposición, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre pasado, entrará en vigor a partir del 17 de julio de 2013.
Sin embargo, explica, la Ley nacerá muerta. A decir del también profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid, España, la disposición con la que se daría al gobierno federal un instrumento para golpear las finanzas del crimen organizado resultó un despropósito: “adolece de una estructura constitucional y contradice a otras leyes federales, a la propia Constitución y a los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República”.
De acuerdo con el análisis de Ponce Rojas, la Ley nunca se aplicará. Una vez que entre en vigor, pasarán nueves meses más para que cuente con un reglamento, es decir, hasta abril de 2014. “Y entonces comenzarán los problemas, que necesariamente llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues entrará en contradicción con la Constitución y con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, entre otras leyes del mismo rango”.
Una de las primeras contradicciones con la Constitución es la relacionada con la presunción de inocencia. La nueva Ley dispone que los ciudadanos deben mostrar que sus movimientos financieros sean lícitos. “Ahora todos son sospechosos”. Por ello, a decir del catedrático de delitos federales en la Universidad Anáhuac, los problemas de la nueva ley federal comienzan “desde su nombre”.
La nueva Ley se sumará a otras 39 leyes federales vigentes en México. Ponce Rojas señala que el lavado de dinero “debe combatirse de manera firme y contundente, pero de manera integral junto con todos los demás delitos”.
De acuerdo con datos del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, proporcionados a los medios de comunicación luego de la promulgación de la Ley Antilavado, el lavado de dinero en México ronda los 10 mil millones de dólares.
Sin embargo, datos de la Comisión de Hacienda del Senado de República, de la LX Legislatura señalan que el monto podría alcanzar los 14 mil millones de dólares. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos considera un rango más amplio del monto del lavado de dinero de los cárteles mexicanos: entre los 8 mil millones y los 25 mil millones de dólares anuales. Y la organización no gubernamental estadunidense No Money Laudering estima que los cárteles mexicanos ganan anualmente un monto equivalente al 5 por ciento del producto interno de México, es decir, 59 mil 500 millones de dólares.
—¿Se hizo realmente algo significativo contra el lavado de dinero durante el sexenio de Felipe Calderón? –se le pregunta a Federico Ponce Rojas.
—En un año se han consignado 34 averiguaciones previas y dos sentenciados, en el Distrito Federal, donde se realiza el 10 por ciento de las actividades notariales relacionadas con la actividad inmobiliaria. Hoy los notarios informan puntualmente de las actividades de más de 1 millón de pesos al registro de la Propiedad y el Comercio, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (cuando hay cumplimiento de la ley de inversiones extranjeras) y, desde luego, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y lo hace con certidumbre jurídica: el notario hoy exige en estas operaciones dos identificaciones: la credencial para votar que expide el Instituto Federal Electoral (IFE) y el pasaporte. Pero estamos hablando de 90 mil reportes, que corresponden al Distrito Federal, es decir, el 10 por ciento del total. Pero solamente en el marco del ejercicio del notariado. ¿Y las otras? ¿Quién va a controlar uno por uno los reportes que se están haciendo? Es humanamente imposible. Por eso concluimos en un año solamente con 34 averiguaciones, dos de ellas con sentencia condenatoria. Eso vuelve a las leyes inaplicables e ineficaces. Y la peor ley es aquella que no se puede aplicar.
—Pero si no se combate el lavado de dinero, no se combate al crimen organizado.
—Indudablemente. Hace muchos años un procurador general de la república me comentó: “duele más una patada en el bolsillo que una patada en las espinillas”. Hay que golpear definitivamente al brazo armado del crimen organizado, pero hay que hacerlo con leyes eficientes, con procedimientos eficaces, con autoridades especializadas. Y encaminar todas y cada una de las acciones a ese crimen organizado. Y aquí debemos ser claros: seudoempresarios que evaden al fisco y lavan dinero podrían ser tan peligrosos como los narcotraficantes que nos presentan los medios, encadenados en oro. Tenemos que prestarle atención debida a cada una de las expresiones criminales que se den en nuestro país, sin calificarlas prioritariamente. Todo lo que agravie a la sociedad mexicana debe tener la misma prioridad.
—¿La nueva ley no está encaminada a combatir integralmente el lavado de dinero?
—Actualmente en México hay restricciones a la libertad de tránsito. Con la nueva Ley habría restricciones al comercio, al flujo de efectivo. Además, con una severidad draconiana, porque desde su título empiezan los problemas: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Todo el efectivo que circula en la república mexicana es ilícito? Yo creo que no. Quien recibe el pago por un servicio de alimentos, por la compra de verduras, los mercados, son actividades totalmente lícitas. Tan son lícitas, que cuando se depositan esas grandes cantidades en efectivo, el 2.5 por ciento que se retiene con depósitos mayores de 20 mil pesos, es repercutible, es decir, se los reintegra el fisco. Ahora resulta que yo tengo que probar que mis recursos son lícitos, cuando es un principio general de derecho que la ilicitud debe ser probada por la autoridad.
Ponce Rojas agrega: “que quede claro: que se combata con dureza, firmeza y certeza el brazo económico del crimen. Ahí deben estar centradas todas las acciones. Pero no por aplicar una ley a una minoría (porque los delincuentes en este país son la minoría de la sociedad civil), se ataque al resto de la sociedad”.
Quien fuera fiscal especial para Casos Relevantes de la PGR abunda: “no puedes aplicar una ley para combatir un cierto sector y una cierta actividad y cierta conducta restringiendo las libertades y agraviando al resto de la sociedad, porque ya cualquiera que maneje una cifra determinada de efectivo ya su presunción de inocencia ya no existe. Una de las reformas sustanciales del artículo 20 constitucional, fracción primera, inciso b, establece la presunción de inocencia; pero además tenemos leyes que protegen la privacidad de las personas. Es el caso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿Cuál aplicas? Viene un choque de dos leyes del mismo rango. Y eso sólo un ejemplo. Ese choque lo va a resolver la Corte al final del día. Lo va a resolver conforme lo que establece la Constitución y los tratados internacionales. Entonces esta ley que todavía ni siquiera entra en vigor ya nació muerta.
Y es que la ley que entrará en vigor a mediados del próximo año prevé todo un catálogo de actividades que las autoridades deben identificar e investigar: desde juegos, sorteos, apuestas y concursos hasta la prestación de servicios profesionales, pasando por la subasta comercial o profesional de obras de arte, el blindaje de vehículos en inmuebles.
—Qué papel juegan las instituciones financieras en el combate al lavado de dinero. ¿Son víctimas o cómplices?
—Lo hay es ineficiencia de la ley. No se le puede aplicar particularmente la ley a una persona. La ley es para todos. Y se aplica la que está vigente. La ley que está vigente es la que se le aplicó, por ejemplo al banco HSBC. Y es una ley tolerante, laxa.
—¿Y con esas sanciones tan exiguas no se está invitando a las instituciones a que laven dinero?
—Es la ley que hay. Y la nueva enfrentará a la Constitución. No se va a aplicar.
De acuerdo con las proyecciones de Global Finantial Integrity y de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos sería el país en que más dinero se lava en el mundo. Se trataría de 182 mil 600 millones de dólares.
