México promulga Ley contra lavado de dinero

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El gobierno mexicano promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley contra el lavado de dinero.

Al promulgar la ley, el presidente Felipe Calderón dijo que se requería de dotar de nuevas herramientas al Estado mexicano para golpear la capacidad financiera de las organizaciones criminales y señaló que la ley está diseñada para detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Recordó que en agosto del 2010 entregó una iniciativa al Congreso de la Unión con los criterios adoptados por la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero, misma que dio lugar a la ley promulgada este 16 de octubre de 2012.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que la Ley contra el lavado de dinero otorga las herramientas necesarias para debilitar estructuras delictivas y se establece un marco jurídico que contribuirá en la lucha contra el crimen organizado.

Afirmó que con esta ley se protege al sistema financiero y al resto de la economía, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

En el marco de la promulgación de la ley, Meade indicó que el mejor mecanismo para blindar a la economía formal de operaciones de blanqueo, es el conocimiento del cliente. Precisó que aunque este principio estaba previsto en la legislación y es operativo para el sistema financiero desde hace muchos años, el resto de la economía no tenía un marco normativo ni mecanismos de reporte que la protegieran de esta actividad delictiva.

El funcionario sostuvo que un primer objetivo de la iniciativa es extender los mecanismos de identificación y reporte vigentes en el sector financiero en la intención de evitar que sea utilizado para el lavado de dinero.

Además, dijo, se logra armonizar la legislación mexicana con los principios, criterios y reglas que hoy rigen a la comunidad internacional en materia de combate al lavado de dinero.

A partir de esta ley, diversos entes privados estarán obligados a identificar  y, en su caso, informar a las autoridades federales sobre actividades inusuales, preocupantes o relevantes. Asimismo, lo harán aquellas entidades financieras, notarios, corredores públicos y quienes lleven a cabo actividades vulnerables en los términos de este nuevo marco jurídico, agregó el secretario de Hacienda.

Destacó que esta ley permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas en el combate al lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.

Ley contra el lavado de dinero

Entre algunos aspectos de la Ley contra el lavado de dinero es que se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley.

Dentro de estas actividades se encuentran las vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos; la comercialización de tarjetas de crédito o prepago, como en el caso de las tiendas departamentales; el otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por casas de empeño; la construcción, el desarrollo o la compra-venta de bienes inmuebles; la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.

La ley obliga a los intermediarios no financieros, es decir, a quienes participan en determinadas transacciones económicas, a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y usuarios, solicitar información sobre su actividad, ocupación o fuente de ingresos, así como conservar y proteger por cinco años la documentación.

Los fedatarios públicos tendrán la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre aquellas operaciones relacionadas con la constitución de personas morales, la transmisión de acciones o partes sociales, la constitución o modificación de fideicomisos y la compra-venta de inmuebles.

La ley también establece nuevas obligaciones a las entidades financieras. Los bancos y las casas de cambio deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser caso de lavado de dinero. Entre otras medidas, deberán presentar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las acciones consideradas como vulnerables por la propia ley.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos. Se otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley. Esta dependencia podrá imponer sanciones de hasta el 100% del valor de las operaciones.

La ley también establece la creación de una unidad especializada en análisis financiero, enfocada en la investigación de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Esta unidad dependerá de la PGR y los servidores que la integren serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su profesionalismo.

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