Afirma Vargas que concesiones de MVS fueron condicionadas

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El presidente del Consejo de Administración de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas Guajardo, dijo que el procedimiento de rescate de las concesiones vigentes en la Banda 2.5 Ghz de las que su empresa es el principal concesionario es una decisión equivocada y costosa para el país, ya que atenta contra los derechos de un concesionario y afecta  la competencia del sector.

En conferencia de prensa, Vargas Guajardo afirmó que fueron engañados por las autoridades, ya que en días recientes los abogados de MVS se reunieron con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome,  y otros funcionarios, quienes les aseguraron que evaluarían sus propuestas.

Señaló que Alejandra Sota, encargada de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, les dijo el pasado 3 de junio, que la resolución favorable de la concentración de Televisa-Iusacell ofrecía una ventana de oportunidad a MVS para destrabar el proyecto de la Banda 2.5 siempre y cuando no se impugnara la resolución, con lo cual al parecer esa decisión ya estaba tomada.

Vargas Guajardo explicó que la Presidencia de la República condicionó el trato de dicha banda a una disculpa de la periodista Carmen Aristegui, luego de que en febrero de 2011, ésta cuestionara el “supuesto alcoholismo” del presidente Felipe Calderón.

Afirmó que el titular de la SCT le dijo: “tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MVS y en especial de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca disculpa pública por lo que hizo”.

Narró que el 13 de febrero de 2011 existió una nueva condicional a MVS, pues en un encuentro con el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, le dijo: “hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 Ghz, tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día”.

Para Vargas Guajardo el rescate de frecuencias de MVS combina dos hechos ”abominables”, por un lado la actuación sesgada de funcionarios públicos y por el otro la revancha ejecutada desde el gobierno, con lo que se busca favorecer a la empresa Televisa y a organismos afines.

Aseguró que si el gobierno no se desiste “de su decisión de rescatar dicha banda y ratifica este atropello, atará de manos al próximo gobierno al restringirle la libertad para definir la política pública aplicable a la banda de frecuencias 2.5 Ghz”.

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