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Sin una cifra exacta sobre el número de sociedades de ahorro y crédito popular que operan de forma irregular en el país,la Comisión Nacionalparala Proteccióny Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) estima que hay, cuando menos, 200 entidades en el país que captan recursos de forma indebida.
En contraste, tan sólo 99 sociedades de este tipo en el país –59 cooperativas y 40 sociedades financieras populares– cuentan con autorización dela Comisión NacionalBancaria y de Valores (CNBV) para operar.
Pensadas para atender a las comunidades de menores recursos económicos (poco atractivas para la banca privada), las entidades de ahorro y crédito popular han sido “un sector incipiente en transparencia y educación financiera”, reconoció la Condusefen febrero pasado al dar a conocer información sobre su situación actual.
Además de la estimación sobre las entidades que operan al margen de la ley,la Condusefreportó que hay 231 sociedades en proceso de obtener la autorización dela CNBV, así como otras 152 exentas de dicho permiso, debido a que sus activos son menores a los 2.5 millones de Unidades de Inversión (Udis).
El titular de Comunicación Social de la entidad, Marco Carrera Santacruz, advierte un problema entre las sociedades que están en proceso de ser autorizadas pero que se ostentan como si ya lo estuvieran, pues ello implica un engaño a las personas y podría significar un fraude.
Carrera Santacruz refiere que esto se debe al complejo marco legal que las regula. Y es quela Leyde Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, vigente desde2001, haconsentido diversas prórrogas al tiempo originalmente estipulado para que las entidades dedicadas al sector popular se adecúen a los dos únicos esquemas permitidos: las sociedades financieras populares y las cooperativas de ahorro y préstamo.
Ello se ha traducido en un “amplio abanico de opciones”, pues lo mismo existen instancias autorizadas porla CNBVque otras en proceso de regularización, pero que también pueden captar recursos del público, lo que se presta a confusiones, reconoce el vocero dela Condusef.
Además, dentro de las cooperativas de ahorro y préstamo, la ley establece cuatro niveles conforme a la capacidad de captación de cada entidad, que en todos los casos es superior a los 2.5 millones de Udis, que se suman a las que tienen un nivel de operación básico (con activos menores a los 2.5 millones de Udis) y las de prórroga condicionada.
Marco legal complejo
Patricia Rodríguez López, del Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) dela Universidad NacionalAutónoma de México, critica que esta complejidad en el marco legal de las entidades de financiamiento popular ha sido resultado de la incapacidad de las autoridades financieras para establecer una normatividad acorde con la realidad del país.
La especialista en economía fiscal y financiera refiere que la proporción de personas que recurren al sector financiero informal es alta dada su imposibilidad de acceder a la banca privada comercial.
Pese a ello, la CNBV, el Banco de México yla Secretaríade Hacienda y Crédito Público no han ofrecido una respuesta efectiva para regularizar entidades como cajas de ahorro o pequeñas cooperativas, a través de las cuales se canalizan ahorros y la gente de menores recursos tiene posibilidades de acceder a financiamientos, critica la investigadora.
De acuerdo con datos dela CNBV, en el país hay en promedio 1.8 sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes. Nuevo León, Colima y el Distrito Federal son las entidades donde más se concentran. Por el contrario, la proporción disminuye en los estados más pobres: Chiapas, Oaxaca, Guerreo y Veracruz, principalmente en sus zonas rurales.
Rodríguez López reflexiona que si los bancos comerciales no tienen opciones accesibles para niveles de ahorro bajos, debería regularse a todas aquellas instancias que sí lo pueden hacer. Además de su legalización, la investigadora propone que se le dé seguimiento a su operación.
Pero al no existir un mecanismo realmente eficaz para formalizar este tipo de entidades, se fomenta que éstas continúen operando en la informalidad. Ello implica que los usuarios están expuestos a un riesgo permanente de ser víctimas de un fraude, ante lo cual están indefensos, pues como se trata de entidades que trabajan de forma clandestina,la Condusefno puede rastrearlas.
El vocero de la entidad refiere que aunque el marco legal sí establece sanciones,la Condusef“no tiene la coercibilidad necesaria” para ejecutarlas. De nueva cuenta, Carrera Santacruz alude a la complejidad del marco legal y apunta que si bien éste tendría que ser eficaz, se requiere que sea “práctico, ágil, eficiente”.
Sector desdeñado
El Reporte de inclusión financiera 2010, dela CNBV, muestra que en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz la oferta de servicios bancarios es incipiente. Se trata de los estados en los quela Condusef reportó mayor incidencia de fraudes vía las sociedades de ahorro y crédito popular.
Los datos dela CNBVregistran que en la zona rural de Puebla existen 0.09 sucursales bancarias por cada 10 mil habitantes, mientras que hay sólo 0.27 cajeros para la misma proporción de habitantes, que suman 110 mil 231 en esa región.
Aunque en el área rural de Veracruz viven 42 mil 916 personas, no existe ningún banco que opere en la zona y, conforme a la población que tiene, existirían apenas dos cajeros. En Guerrero ni siquiera hay registros sobre oferta de servicios financieros en la región rural.
En la zona “semi-metrópoli” de dicha entidad, el panorama no es mejor: menos de dos sucursales bancarias y 5.46 cajeros por cada 10 mil habitantes.
La investigadora Rodríguez López critica que los servicios financieros estén altamente centralizados en las grandes ciudades, mientras que en la mayoría de los municipios la presencia de bancos es escasa, no operan adecuadamente y las tasas de interés que pagan son muy bajas, además de que sus requisitos para otorgar un crédito son inaccesibles para la mayoría de la población.
Recalca que el Estado tiene la obligación de hacer penetrar el tema financiero regulado en todo el país, responsabilidad que había ejercido a través de la banca de desarrollo. Sin embargo, ésta ha sido paulatinamente relegada, dejando los servicios de primer piso en manos de la banca privada.
Sumado a la poca atención que ha puesto el Estado en ofrecer servicios en las zonas más pobres del país, existe un desinterés por acercar a esas comunidades la información necesaria para evitar que sean víctimas de fraude.
Carrera Santacruz lo atribuye a la falta de educación financiera que prevalece en el país y que se agudiza en las zonas más pobres y de difícil acceso. En las comunidades indígenas se suma el problema de la lengua, lo que dificultaría la transmisión de información, diagnostica el representante dela Condusef.
De acuerdo con el propio Carrera Santacruz, hasta la fecha la instancia encargada de proteger a los usuarios de los servicios financieros no ha puesto en marcha ningún programa informativo que atienda a este tipo de población.
La investigadora del Iiec disiente de la postura de que en las comunidades más marginadas no hay una cultura financiera. En su opinión, se trata de una visión distinta sobre lo que son las finanzas, pues ante la ausencia de medios formales, las personas recurren a mecanismos como cajas de ahorro, tandas, cooperativas o préstamos con agiotistas para poder financiarse.
Fraude y lavado de dinero, los riesgos
Aunque el mayor riesgo de que entidades de financiamiento popular operen de forma irregular es que incurran en prácticas fraudulentas, la maestra Rodríguez López no descarta que también puedan servir para blanquear recursos de procedencia ilícita.
Puntualiza que si bien podría darse el caso, el lavado de dinero requiere un esquema financiero mucho más amplio, por lo que las pequeñas estructuras de las sociedades de ahorro y crédito popular resultarían insuficientes para ese propósito.
Las estimaciones más recientes dela Condusefseñalan que hay, “cuando menos”, 200 entidades financieras populares que operan de forma irregular. Sin embargo, Carrera Santacruz aduce que no se puede conocer una cifra exacta dado que no hay forma de saber de su existencia a menos que sean denunciadas por los usuarios, lo que suele ocurrir cuando el fraude ya se ha consumado.
El vocero dela Condusefpropone una alternativa: conocer las entidades que están autorizadas y, por consiguiente, saber que el resto no lo está.
Pero tal solución podría ser válida únicamente para quienes tengan acceso a internet (29 por ciento de la población en el país), pues la Condusefpublica dicha información sólo a través de su página web. Por consiguiente, para las regiones más depauperadas del país no existirían vías para conocer dicha información.
Recuadro
Composición actual del sector financiero popular
De acuerdo con información dela Condusef, actualmente el sector de las entidades de crédito y ahorro popular está conformado por un grupo de 12 federaciones y una confederación autorizadas al primer cuatrimestre de 2007 que están en proceso de prórroga para tramitar su autorización.
Otro grupo, el de las entidades ya autorizadas, está integrado por 20 sociedades financieras populares y 28 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Un tercer grupo lo conforman las entidades con prórroga condicionada para adecuarse a la normatividad vigente. Aunque se había estipulado como fecha límite para el trámite de regularización el 31 de diciembre de 2012, el plazo se extendió cuatro años más.
Sin embargo, la Comisión NacionalBancaria y de Valores registra 57 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 36 sociedades financieras populares, 13 federaciones de entidades de ahorro y crédito popular, y una confederación de entidades de ahorro y crédito popular.
