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La iniciativa de reforma al artículo 117 de la Constitución busca frenar el endeudamiento galopante de las finanzas de estados y municipios haciendo explícito el hecho de que cualquier pasivo que contraigan debe considerarse como deuda pública que no deberá destinarse a financiar gasto corriente, establece un análisis publicado por el Instituto Lucas Alamán.
El texto elaborado por el investigador Alberto Córdova recuerda que si bien en los últimos años, se puede considerar que la deuda pública de México ha sido manejada adecuadamente y que se encuentra dentro de límites aceptables y no representa ningún riesgo para las finanzas públicas en el corto plazo, el endeudamiento de los estados es un área de debe vigilarse.
Recordemos, dice Córdova, que la deuda pública externa se convirtió en un serio problema en el país a finales de 1982, cuando alcanzó los 80,000 millones de dólares, pero con un PIB muy inferior al que contamos hoy en día.
“Era el último año de mandato del Presidente José López Portillo y se enfrentó un grave problema de liquidez, al no contar el país con recursos para cubrir sus obligaciones en el pago del servicio de la deuda. Lo anterior provocó la primera gran crisis económica a la que nos enfrentamos los mexicanos, en nuestra historia reciente”, apunta el investigador en e documento de análisis y opinión del Instituto de Investigación Económica y Social, Lucas Alamán.
Por ello, agrega, a pesar de que la deuda del gobierno federal se ha mantenido en niveles aceptables eso no ha sucedido con la deuda de los estados, la cual ha crecido de forma exponencial y lo más preocupante es que en muchos casos se ha utilizado para financiar gasto corriente.
Por este motivo, recuerda, en días pasados se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el Artículo 117 de la Constitución con el fin de acotar los niveles de endeudamiento de los estados y municipios, transparentar las finanzas públicas y evitar que la contratación de deuda pública se destine al gasto corriente.
La iniciativa – cita Córdova – establece que será considerada como deuda pública cualquier operación constitutiva de un pasivo directo, indirecto o contingente de corto, mediano o largo plazos que se derive de un crédito, financiamiento, empréstito o préstamo, independientemente de su denominación, que sea asumida por los esta-dos y municipios o inclusive por sus respectivas entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal.
En segundo lugar, se propone que para afectar como fuente de pago o garantía cualquier ingreso o derecho estatal, sea éste presente o futuro, necesariamente deberá mediar una operación constitutiva de deuda pública.
“Debemos reconocer que los altos niveles de endeudamiento de las entidades, han sido posibles gracias a que los gobiernos estatales, en muchos casos, buscan la forma de disfrazarlos, por lo que estos se han disparado y terminarán siendo pagados por los ciudadanos con un costo muy alto”, dice el analista.
Por ello, además, se propone plasmar expresamente en el texto constitucional que el financiamiento público subnacional no podrá destinarse a gasto corriente con lo que se pretende garantizar que los recursos se destinen únicamente a inversión pública produce
De esta forma, los niveles de endeudamiento contraídos por los ejecutivos estatales correspondan a las fortalezas hacendarias de cada entidad y no provoquen endeudamientos que tendrán que enfrentar los ciudadanos.
El monto de endeudamiento a corto plazo de los gobiernos estatales con los bancos, ronda los 50 mil millones de pesos. Estados como Michoacán, Nuevo León y Veracruz, tienen deudas considerables en el corto y largo plazos, por lo que se debe buscar transparencia de la contratación de sus respectivas deudas.
En el pasado dos entidades ya enfrentaron problemas para cubrir su pago con instituciones financieras. Aguascalientes tuvo problemas frente al banco Interacciones con un adeudo de 110 millones de pesos, lo que obligó al intermediario financiero a boletinar al gobierno del estado al Buró de Crédito.
Otro de los casos fue Zacatecas que, durante la gestión de Amalia García, se vio en la necesidad de reestructurar su adeudo con Banamex.
Hace unas semanas, el Banco de México, alertó sobre el hecho de que las entidades federativas y los municipios incrementaron el uso de créditos, principalmente, los que provienen de la banca comercial.
Entre el cierre de 2008 y junio de 2010, el total de obligaciones financieras consideradas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP pasó de representar 50.7% a 61% de las participaciones federales totales.
Aunque bien podría considerarse que lo que estados y municipios le deben a la banca es relativamente bajo, y si bien “no se les ha cerrado la llave de los préstamos” resulta muy importante transparentar su información financiera cómo si se tratara de cualquier empresa, asegura Córdova.
El hecho de que las empresas calificadoras sigan de cerca el comportamiento de los estados, resulta en un incentivo para que busquen mantener un buen comportamiento de pago.
Por ejemplo, Fitch Ratings y Standard & Poors han bajado o puesto en perspectiva negativa las calificaciones crediticias de estados como Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Quintana Roo, Coahuila y Veracruz, entre otros. Algunos otros analistas consideran que de no ponerse límites, el monto de la deuda pública de los estados llegaría a niveles insostenibles y podría producirse una crisis financiera que obligaría a la Federación entrar al rescate, aunque legalmente no está obligada.
Por su parte, el Banco de México ha señalado que el reciente incremento en la deuda de varios estados del país no representa un peligro para las finanzas del país, ya que estas entidades sólo significan una “mínima” parte del financiamiento total, dado que la deuda de las entidades equivale a sólo 3% de todo el crédito nacional, por lo que no son un riesgo sistémico para el sector financiero de México.
Por lo tanto, el problema de fondo no es que los estados se endeuden, sino que dichos recursos se empleen en proyectos productivos que generen los recursos para pagar dichas deudas.
