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A pesar de que el país podría ser una potencia agrícola y de que posee un gran capital humano, el campo no da empleo. Se vive una situación de dependencia alimentaria “lastimosa” y millones de mexicanos están en vulnerabilidad alimenticia.
En México, el 80% de quienes padecen la pobreza extrema viven en el medio rural: ellos son las principales víctimas del aumento en los precios de los productos alimenticios.
México importa más de la tercera parte del maíz que consumen sus ciudadanos, el 60% del trigo; se compra en el exterior el 90% de sorgo y soya para alimentación animal; también se importa cerca de la mitad del arroz y casi el 80% de los requerimientos de leche en polvo.
Así, la creciente importación de cereales, de lácteos y productos cárnicos es un síntoma de la gran dependencia mexicana del exterior. A pesar de que México podría ser una potencia agrícola, desde hace dos décadas abandonó este sector como actividad económica. Hoy, millones de ciudadanos no pueden pagar sus alimentos básicos; niños y jóvenes están desnutridos y aumenta el desempleo en el campo
México destina entre 15 mil millones y 18 mil millones de dólares anuales para comprar alimentos en el exterior ?cifra equivalente a casi la totalidad del monto de las exportaciones petroleras del país o al monto de las remesas que envían los trabajadores migratorios a sus familias?. Este escenario podría agravarse porque los recursos para tales adquisiciones ya no serán tan fluidos, ya que los ingresos que México recibía por la venta de petróleo son insuficientes para financiar el desarrollo; además, tras la recesión estadunidense, las remesas descendieron.
A pesar de que el país podría ser una potencia agrícola y de que posee un gran capital humano, el campo no da empleo. Por ello, la falta de alimentos en México no es un problema de poca magnitud: se vive una situación de dependencia alimentaria “lastimosa” y millones de mexicanos están en vulnerabilidad alimenticia, advierte Felipe Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Indica que poco se hará en el sector agrícola durante 2011 con los 6 mil millones de pesos que el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó. Desafortunadamente, a casi 17 años de que México ingresara al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), persisten la inseguridad y la dependencia alimentaria.
Tal situación es contraria a la tendencia mundial por la soberanía alimentaria que se lanzó formalmente el 20 de septiembre de 2003 con apoyo de Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, y Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil.
En el mundo, se han identificado cuatro factores de muerte precoz: la guerra, el terrorismo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) y el hambre. Este último es el que mata más gente, aun más que la suma de las víctimas de los primeros tres causantes, señala el fraile dominicano Carlos Alberto Libanio Christo, Frei Betto, exasesor especial de Lula da Silva para combatir el hambre.
Al explicar el alcance de ese programa, Betto pregunta: “¿Por qué mientras se legisla contra el terrorismo, el Sida, o la guerra, no se legisla contra la pobreza? La única respuesta que encuentro por ahora es cínica: porque de los cuatro factores de mortandad, el único que hace distinción de clase es la pobreza”.
Con la intención de reducir esa pobreza y abatir los cuatro factores de muerte precoz, Brasil lanzó el programa Hambre Cero ?financiado con 700 millones de dólares? para impulsar la agricultura de las comunidades pobres. Garantiza la presencia de sus productos en el mercado nacional y fomenta la competitividad de esos productos frente a la tendencia importadora de las cadenas y compañías graneleras mundiales que son las que “lucran con el hambre”, sostiene Torres.
Lo significativo del programa Hambre Cero es que se asignó a familias sin analfabetas en la que todos los niños y jóvenes asistieran a la escuela y el conjunto se inscribiera en un programa de salud.
En contraste, la situación mexicana no avizora en el corto plazo el diseño de una política pública que busque la recuperación de la agricultura como una rama de la actividad económica.
El autor del estudio Rasgos perennes de la crisis alimentaria en México (Centro de Alimentos y Desarrollo de Sonora) no observa la intención, en ninguno de los tres niveles de gobierno, de generar más empleos y de mejor calidad en el medio rural. Tampoco se ve, en el corto plazo, ningún programa para recuperar la calidad de la alimentación de los mexicanos.
Sostiene que al mejorar las condiciones nutricionales de la población, ésta será más apta para el trabajo, tendrá mejor rendimiento escolar. Sin embargo, describe que el impacto negativo en la mala alimentación de millones de mexicanos en el ámbito rural se refleja en la falta de competitividad agrícola y, por lo tanto, el país no puede acceder a una mejor posición internacional. “Hoy, la escala de competitividad que se exige para estar a tono con los otros países es prácticamente difícil de alcanzar en México y este país no puede impulsar su desarrollo económico”, refiere Torres.
Escenario dramático
En términos económicos, si no se modifica el camino actual, habrá una mayor dependencia del exterior, ya que parte del crecimiento económico se destina a la compra de alimentos. Esa política compromete el futuro de los recursos naturales del país por la vía de la compra de alimentos, sostiene el especialista.
En lo político, se acelera cada vez más la posibilidad de que estalle un conflicto en el campo por la vía de su inviabilidad; no se arraiga a la población rural en sus comunidades; el desempleo y la emigración aumentan. Como esta situación no se podrá sostener por mucho tiempo, habrá impactos sociales de gran envergadura, como una mayor penetración de la delincuencia organizada en el ámbito rural, advierte el especialista.
Este esquema de retiro del Estado en la agricultura no le favorece al país, pues sólo reproduce los niveles de pobreza. Se estima que más de la mitad de la población mexicana ostenta diferentes grados de pobreza. De ese total, entre 22 millones y 25 millones se sitúan en pobreza extrema. A pesar de que la pobreza urbana también ha crecido en los últimos años, el 80% de quienes padecen la pobreza extrema viven en el medio rural: ellos son las principales víctimas del aumento en los precios de los productos alimenticios.
Varios actores políticos y sociales se han pronunciado contra la vulnerabilidad alimenticia de los mexicanos. En diciembre de 2010, Cruz López Aguilar, entonces presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), hizo notar que en los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, el precio de la canasta básica de alimentos encareció hasta en 115%.
El incremento en los precios de los productos agrícolas no es un problema nuevo, coinciden en señalar académicos y la CNC. Sin embargo, el acento se pone en el alto costo que representa producir cualquier alimento. De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, los salarios mínimos tuvieron su peor caída, pues rebasaron el 60%. Este hecho no se presenciaba en el país desde la década de 1940.
Por esa reducción en sus ingresos, se observó en diciembre de 2010 que las familias de los trabajadores adquirieron hasta 40% menos de alimentos que los que compraban a principios de ese sexenio. Para Gerardo Sánchez García, secretario de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el sector rural es el que más ha sufrido esos efectos.
A fines de 2010, Sánchez García, ahora presidente de la CNC, declaró que 33.8 millones de mexicanos viven en el medio rural y 37% de esa población, que representa a 12.5 millones de personas, no recibe ningún ingreso. Esto obedece a la falta de políticas efectivas de generación de empleos y de apoyo y garantías a los productores agrícolas. Por esa razón, 8 millones 450 mil personas que viven en el campo, que representan un 25% del total, reciben un solo salario mínimo para costear su manutención y educación.
De los 33.8 millones de habitantes rurales del país, otro 26.9% (unos 9 millones de personas) recibe entre uno y dos salarios mínimos; solo 8% (2 millones 704 mil personas) gana de dos a cinco minisalarios. Al incrementarse el precio de la canasta básica en solo cuatro años, 30 millones de personas ya no están en condiciones de adquirirla completamente, aseguran investigadores y legisladores.
Más vulnerabilidad con y sin TLCAN
Además de la ya compleja situación del campo mexicano, la apertura al TLCAN trajo mayor grado de dependencia. Así lo ilustran los datos que aporta el investigador Felipe Torres: México importa más de la tercera parte del maíz que consumen sus ciudadanos, más del 60% del trigo para elaborar el pan; se compra en el exterior el 90% de sorgo y soya para alimentación animal; también se importa cerca de la mitad del arroz y casi el 80% de los requerimientos de leche en polvo. “Somos ya el primer país importador a nivel mundial de ese producto”, refrenda el especialista.
A pesar de que, en las décadas de 1950 y 1960, México era autosuficiente en la producción de sus alimentos e incluso exportaba, en la década de 1970 comenzó a abandonarse la política de apoyo al agro. Entonces, resultaba más barato comprar e importar productos agrícolas en el mercado internacional, pero esto condujo a imponer un modelo que eliminó los subsidios a la agricultura, mientras que en otros países se fortalecieron.
El ingreso al TLCAN agudizó las contradicciones internas, pues los productores, ya descapitalizados y sin apoyos técnicos o crediticios, fueron puestos a competir con las agriculturas de Canadá y Estados Unidos, que son las más poderosas del mundo y, además, fuertemente subsidiadas.
En contraste, los productores mexicanos no tuvieron los incentivos ni el apoyo previo para ser competitivos. Esa falta de atención se tradujo, años después, en el desmantelamiento de la producción agrícola que somete a México a un mayor grado de vulnerabilidad y de dependencia del exterior. Vulnerabilidad, describe Torres, porque ahora se discute el precio de la tortilla cuando la producción nacional es deficitaria y han venido creciendo constantemente los precios internacionales del maíz y de todos los cereales.
El maíz, esencia de la alimentación de los mexicanos y pueblos mesoamericanos, se cotiza a un precio internacional creciente desde hace dos años. De mantenerse la política gubernamental de importación de ese grano, se estará frente a un problema creciente y permanente. Esto significa que no mejorarán los ingresos, los esquemas de producción ni las condiciones de competitividad del productor nacional para que pueda hacer frente a la situación internacional.
El caso del maíz se reproduce con todos los productos alimenticios que México importa: leche, frijol, trigo, carne, pollo y huevo. “Estamos en el camino inverso porque no ha habido un diseño de políticas públicas que permitan recuperar la agricultura como elemento de desarrollo”, señala Torres Torres. Aunque la modificación al artículo 27 constitucional se logró con el argumento de que los productores privados podrían invertir en el campo, ninguno de ellos ha financiado el desarrollo de este sector.
La iniciativa privada sólo se ha dedicado a los nichos exportadores y por eso son competitivos los productores de aguacate, de frutas y hortalizas, pero no en otros productos. Esos nichos son de grandes empresarios agrícolas, mientras que se abandona la producción de básicos. Adicionalmente, desaparecieron instituciones de comercialización de productos, como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares; de financiamiento, como el Banco de Crédito Rural, o de apoyo técnico, como la Productora Nacional de Semillas. Ahora, dice Felipe Torres, sólo se aplican programas, como el Programa de Apoyos Directos al Campo, que no alientan al productor a vivir de su trabajo, sino por la vía de la asistencia social. “Así no se apoya la competitividad”, sentencia.
Destinar 15 mil millones o 18 mil millones de dólares a la compra externa de alimentos no sólo es lastimoso, sino una amenaza para la seguridad nacional. Por sí sola, la escasez de alimentos no representa un riesgo para la seguridad nacional del país, pues, hasta el momento, existen elementos para contrarrestarlo, asegura Felipe Torres. Aún hay disponibilidad de alimentos y se asegura su abasto por la vía de la adquisición en el mercado internacional, sin embargo los niveles de pobreza extrema en México han aumentado, así como el desempleo.
Si ese panorama se asocia al problema de la crisis económica permanente y a los problemas del deterioro ambiental, que hacen ya inviable la producción agrícola interna, es probable que se desencadene un conflicto social de alcances importantes “y entonces sí puede ser un riesgo para la seguridad nacional”. El académico ha manifestado esta preocupación en distintos foros; la respuesta por parte de funcionarios de nivel federal y estatal es el silencio.
Esto significa que se está sacrificando el abasto nutricional de los mexicanos. En este marco, la dificultad de acceder a suficientes alimentos en regiones y entidades enteras del Sur y Sureste de México se traduce en hambrunas, como ocurre en la Sierra Tarahumara, Chihuahua; comunidades de Chiapas, Oaxaca y de gran parte de Yucatán e Hidalgo. Ésa es la vulnerabilidad creciente que existe en todo el país y por eso es necesario incorporar el medio rural al desarrollo económico en una posición digna y en una mejor condición, concluye el experto.
