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En materia energética, la planeación se realiza sobre las rodillas, con miopía en las expectativas y asegurándose de tomar distancia de las mejores prácticas internacionales. No obstante, se mantiene viva la retórica sobre el cambio climático.
Una de las estrategias, considerada por expertos de mayor relevancia a partir de la reforma energética de 2008, ha sido colocada a nivel de trámite por la burocracia operativa y política: la Estrategia Nacional Energética 2011-2024 (ENE).
“La ENE es un avance que permitiría elaborar, con la aprobación del Congreso, la política del sector para los próximos lustros”, señala la especialista Lourdes Melgar. Sin embargo, en la práctica no sucede así.
En el primer ejercicio entregado por la Secretaría de Energía, el Congreso la tramitó ágilmente. Aprobada sin debate en ambas cámaras, donde los argumentos para su aprobación nunca se conocieron, al grado de que el presidente de la comisión responsable en el Senado, Francisco Labastida Ochoa, no se tomó la molestia de subir a defender el dictamen. En San Lázaro la inconformidad de varios legisladores giraron en torno al insuficiente análisis en la Comisión de Energía.
De esa manera, la Secretaría de Energía, en colaboración con representantes de 15 unidades involucradas con el sector, presentó su propuesta y el Congreso la aprobó.
Transición energética postergada
Melgar considera que el plazo que abarca el plan no corresponde con las características del sector donde las mejores prácticas internacionales se aplican para periodos de 30 a 50 años. Por su parte, el experto Pablo Mulás, ex director del Programa Universitario de Energía de la UNAM, expuso que la industria está muy amarrada al largo plazo porque las inversiones son muy grandes y la vida útil de las instalaciones está entre 50 y 60 años o más.
Mulás, miembro del Instituto de Investigaciones Eléctricas, al igual que lo hizo en el Foro del Senado para la Reforma en 2008, advierte que la ENE “para un horizonte tan corto no podrá ser algo diferente de lo que dicen las prospectivas de las entidades a las que debe enmarcar”. Tal es el caso del Plan de Negocios de Pemex y el Programa de Operaciones e Inversiones del Sector Eléctrico, de la Comisión Federal de Electricidad.
Para Lourdes Melgar resulta sorprendente que en su contenido la ENE, “parta de planteamientos y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que ya han sido rebasados por la realidad”, así como la excesiva relevancia que pone en los recursos de origen fósil, frente a los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. “Nuestro país se ha propuesto reducirlas 30% para el 2020”, recuerda.
“Dado que cerca del 70% de nuestras emisiones provienen de la producción y generación de energía, la transformación del sector energético es una condición necesaria”, insiste Melgar. Sin embargo, los objetivos expuestos en el documento no parecen dirigirse en dicho sentido, al plantearse en primer plano “restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural”, seguido de “diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias” y, finalmente, “incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía”.
“Las metas planteadas en materia de generación con energías renovables resultan poco ambiciosas ya que se basan en una expectativa sumamente baja” del crecimiento del país, añade Melgar. El riesgo, en este sentido, será depender de otro tipo de recursos para satisfacer los requerimientos excedentes, porque la Estrategia “no es promotora de una verdadera transición hacia una economía baja en carbono”, agrega.
Dependencia de hidrocarburos, confirmada
La elevada prioridad en la restitución de reservas de hidrocarburos, como lo advirtió el diputado Mario Di Constanzo, está sustentada en un grado excesivo sobre Chicontepec “que cada día produce menos”. Lourdes Melgar tiene una apreciación similar: “resulta preocupante que la ENE presente este proyecto como la principal solución a la caída de la producción petrolera nacional”.
Pero no son los únicos preocupados al respecto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ente creado por la reforma energética del 2008, al evaluar la estrategia seguida en el yacimiento enumeró detalles de una larga cadena de inconsistencias que presenta el denominado proyecto Aceite Terciario del Golfo, en las que Pemex queda expuesto técnica, financiera y administrativamente.
De manera sencilla, recuperamos lo que dice el dictamen sobre Chicontepec, en cuya elaboración apoyaron a la CNH una decena de expertos: no ha alcanzado el nivel madurez apropiado para proceder a la solicitud de recursos financieros. Sin embargo, las inversiones se han incrementado consistentemente en los últimos años, para proponerse la perforación de cerca de 21 mil pozos como lo tiene previsto Pemex.
Aunque esa misma estimación se queda corta frente a la que hizo la CNH, tomando en cuenta los mismo parámetros de Pemex Exploración y Producción; documenta que sólo para extraer 11% de los hidrocarburos en la región, sería necesario perforar “251 mil 406 pozos, lo cual estaría completamente fuera de las capacidades nacionales”.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos es integrante del Consejo Nacional de Energía, cuya única función es elaborar anualmente la ENE. En el lapso de dos semanas ambas entidades emitieron documentos en sentido no sólo discrepante sino hasta confrontado sobre Chicontepec.
Las burocracias se imponen
Los temores respecto de que las pesadas burocracias de las empresas del sector impongan sus proyectos sobre la política energética de largo plazo, pronto han tenido su confirmación. La más contundente es la expresada por Alberto Ramos Elorduy, subdirector de proyectos de la CFE, respecto a la Estrategia Nacional Energética (Excélsior 30/04/2010).
“Como todo plan sabemos que no se va a cumplir, pero, es una forma de comunicación entre todos los actores del sector y es un plan que se deberá ir modificando conforme vayamos avanzando en el progreso de cada entidad en su particular, a este plan tendrán que apegarse todas las acciones tanto del gobierno como del sector privado”.
Para el Congreso de la Unión, la Estrategia Nacional de Energía fue un trámite. Para la burocracia del sector, también.
La seguridad energética, muy lejos del crudo
Países cuya producción de hidrocarburos supera con mucho sus necesidades internas han enfrentado crisis energéticas sumamente graves que los han obligado a suspender suministros de energía a todas las actividades y consumidores, incluidas las productivas y, por supuesto, las residenciales.
Tal es el caso de Ecuador y Venezuela, que en el último año han padecido la incapacidad de mantener el suministro de electricidad, debido a la escasez de agua para la operación de sus respectivos sistemas hidroeléctricos, como consecuencia de efectos de fenómenos asociados con el cambio climático.
En noviembre pasado, el gobierno ecuatoriano mantenía la esperanza de que para las celebraciones decembrinas su país recuperara la suficiente capacidad de generación, que permitiera a la población mantener sus tradicionales festividades. Esa expectativa no se cumplió.
En febrero de este año, Hugo Chávez decretó la “emergencia energética” en Venezuela, que premiaba la reducción del consumo de electricidad y castigaba el incremento tanto residencial, comercial como industrial. La medida está vigente, ya que se esperan para mediados de mayo, los efectos más severos de la crisis.
Sin considerar dichos eventos, en México la Estrategia Nacional Energética postula sus tres metas para garantizar la seguridad asociadas con los hidrocarburos y sus derivados. No obstante que la diputada Ifigenia Martínez advirtió que “no se podrá considerar que, el simple incremento en la producción de petróleo garantice la seguridad energética”. (GS)
