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Hasta ahora la política monetaria del país ha influido en el agravamiento de la crisis y, con ello, en las perspectivas que se presentan para 2010 con el nuevo paquete fiscal. Agustín Carstens, como relevo en el Banco de México, tendrá que decidir si modifica esta tendencia que ha costado empleos y crecimiento para el país
Víctor H. Palacio Muñoz*
En el proceso de liberalización económica, la condición sine qua non es una baja inflación con estabilidad cambiaria para salvaguardar la valorización del capital financiero internacional.
La inflación promedio entre 2007 y 2009 fue de 4.8 por ciento, en tanto que la tasa de cambio se mantuvo con crecimiento anual de 8.7 por ciento (Banco de México –Banxico– 2009). Pero no son las únicas señales que han recibido los inversionistas nacionales e internacionales: la política monetaria se ha orientado a tener altas tasas de interés y baja inflación, que se traduce en rentabilidad.
Los datos lo explican: en octubre de 2007, la tasa de interés estaba en 7.7 por ciento y la inflación era de 3.7 por ciento; para 2008, las cifras eran de 8.7 por ciento y 5.8 por ciento, en los mismos rubros; en 2009, la tasa de interés fue de 4.9 por ciento y la inflación de 4.5 por ciento (Banxico, 2009). Esto es, la tasa de interés se ha mantenido por arriba de la inflación. El escenario es muy favorable para los inversionistas.
El Banxico, con las tasas de interés por arriba de la inflación, coadyuva indirectamente a la reducción del circulante. La oferta monetaria o circulante (M1, que incluye la suma de billetes y monedas en poder del público, depósitos en cuentas de cheques, depósitos bancarios) creció a una tasa media de crecimiento anual de 11.6 por ciento en septiembre de 2007; 3.4 por ciento en 2008, y 13.5 por ciento en el mismo mes de 2009 (ibid, 2009). En 2008 sí se redujo el circulante, cosa que no ocurrió en el presente año debido a la crisis económica.
Un objetivo esperado por las autoridades de la misma política monetaria es que tanto el control de los precios y de la tasa de cambio aseguren una suficiente afluencia de capital externo para financiar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. En junio de 2007, el déficit de la cuenta corriente era de 826.7 millones de dólares (MDD) y la inversión extranjera directa (IED) llegaba a 5 mil 673.5 MDD, con lo que se cubría todo el déficit. Para 2008, esta inversión era de 7 mil 140 MDD, con un superávit de cuenta corriente de 235.6 MDD, consecuencia de la crisis ya que las importaciones bajaron. En 2009, el déficit fue de 146.1 MDD, el cual se financió con una IED de 4 mil 649.5 MDD (Banxico, 2009). Estos datos son importantes ya que el gobierno y las autoridades del Banco de México han priorizado las cuentas externas, dejando de lado la problemática interna de la crisis.
Sin, embargo, la política de estabilidad monetario-cambiaria para captar capitales mediante premios competitivos, tiene consecuencias adicionales: la sobrevaluación de la moneda. En septiembre de 2007, la sobrevaluación del peso era del 27.7 por ciento, en 2008 fue de 36.1 por ciento, para llegar a 13.1 por ciento en 2009 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2009). El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se incrementó en 36.5 por ciento entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2007; -35 por ciento en 2008 como resultado de la crisis en marcha, y 40.1 por ciento al mismo mes de 2009 (Instituto Nacional de Geografía y Estadística –Inegi– 2009). En 2008 la Bolsa tuvo una estrepitosa caída, su recuperación actual tiene la misma base que el origen de la crisis: es producto de la especulación y con ganancias ficticias que no tienen sustento material, toda vez que el Producto Interno Bruto (PIB) está cayendo 7 por ciento.
Política fiscal y de gasto público
Es importante hacer notar que estabilidad del tipo de cambio aplicada por un banco central autónomo han llevado paulatinamente a que el gobierno deje de tener una política fiscal, con lo cual no incrementa libremente el gasto público (que representó el 22.2 por ciento del PIB en 2007; 22.1 por ciento en 2008, y 26.7 por ciento en 2009) ni aumenta el déficit fiscal –0.0 por ciento por ciento del PIB en 2007; -0.1 por ciento en 2008, y -2.1 por ciento en 2009– (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica, 2009/Banxico, 2009).
La propuesta teórica y práctica de las autoridades busca el equilibrio a toda costa, con un pequeño déficit, con la finalidad de evitar presiones inflacionarias o elevados niveles de endeudamiento. Esto obliga al gobierno a disminuir su gasto, vender empresas y activos, lo que posibilita la reducción relativa de la deuda pública y el ajuste fiscal. Evidentemente, en todo este proceso se constriñe el mercado interno y las utilidades de las empresas productivas.
De esta manera, la política fiscal y de gasto público han quedado también subordinadas a los objetivos de la política monetaria. El círculo es el siguiente: el banco central controla el crecimiento de la oferta monetaria, ya que está convencido de que la inflación tiene origen monetario; para controlar la inflación hay que mantener la tasa de interés por arriba de la inflación, con ello se contrae la inversión y la demanda.
Esta política procíclica ha traído como consecuencia que la proporción de la inversión en relación con el PIB se mantenga en niveles bajos: fue de 22.5 por ciento en 2007; 23.8 por ciento en 2008, y 22.7 por ciento en el primer semestre de 2009; y que la demanda haya tenido una variación de 4.2 por ciento en 2007; 2.1 por ciento en 2008, y -13.2 por ciento en 2009 (Banxico, 2008, 2009; Inegi, 2009). Conjuntamente con esto, se promueve la entrada de capitales (la inversión extranjera directa tiene una tasa media de crecimiento anual en los años de estudio de -31.2 por ciento), se aprecia el tipo de cambio al mantenerse una sobrevaluación del 25 por ciento en estos tres años y se hace posible el abaratamiento de las importaciones y la reducción de la inflación. Teóricamente, esta apreciación beneficia a las finanzas públicas ya que se paga menos por concepto del costo financiero de la deuda externa, debido a que, al convertir a pesos el saldo de la deuda externa, ésta se reduce.
La búsqueda incesante por controlar la inflación y estabilizar el tipo de cambio para detener el crecimiento de la oferta monetaria ha llevado a que la política monetaria subordine a la política fiscal.
Las políticas monetaria y fiscal operan a favor de la contracción de la economía, al tener como prioridad la baja en la inflación. Para ello se auxilian con el alza de la tasa de interés, como se vio arriba, y con la reducción del gasto público. Esta política contraccionista nos muestra que la tasa de interés es mayor que el crecimiento del PIB –en 2007 la tasa de interés era de 7.6 por ciento y el PIB creció en 3.4 por ciento; para 2008 la proporción fue de 8.2 por ciento y 1.2 por ciento, y en 2009 la tasa de interés era de 6.1 por ciento mientras el PIB llegaba a -10.3 por ciento– (Inegi, 2009). Esto es importante ya que los capitales, preferirán obtener mejores beneficios en la especulación, en invertir con altas tasas de interés, ante lo que ofrece la economía real.
Al buscar la disciplina fiscal y disminución de la inflación, se contrae el gasto público, manteniéndose la tasa de cambio. Esto ha colocado al país en una situación de insolvencia financiera porque que las deudas públicas interna y externa –a la que se suman los requerimientos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, los proyectos de infraestructura diferida en el registro del gasto, el fideicomiso de rescate a autopistas concesionadas y los programas de apoyo a deudores– se han convertido en un problema de soberanía financiera: en 2007, estas deudas representaban el 29.9 por ciento del PIB; 35.7 por ciento en 2008, y 37.9 por ciento en 2009 (Calderón, 2009; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2009). Es decir, por cada peso generado en el PIB, el 40 por ciento se adeuda a los acreedores internos y externos.
La política económica está subordinada a los intereses del gran capital financiero, y la disciplina fiscal, junto con la reducción de la inflación, no genera condiciones para el crecimiento económico y tampoco para la distribución del ingreso.
Si el gobierno intentara adoptar una política expansionista, no podría ya que se vería obstaculizado el banco central, el cual incrementaría la tasa de interés para contrarrestar la política fiscal expansionista y evitar las presiones inflacionarias resultantes. Por tanto, un gobierno que no controla el banco central y su moneda, deja de tener política monetaria, fiscal, cambiaria y crediticia para el crecimiento económico.
Al bajar el crecimiento de las exportaciones, se presenta un impacto negativo del sector externo, baja la entrada de capitales externos y presiona a una disminución del PIB. La tasa global de crecimiento del saldo en cuenta corriente fue de 68.4 por ciento entre 2007 y 2009; la IED cayó globalmente en 18 por ciento en el mismo periodo; exportaciones -17.2 por ciento; importaciones lo hizo en -15.6 por ciento, y el PIB cayó en 4.6 por ciento en el tercer trimestre de 2007, similar a 2009 (Inegi, 2009). Con estos datos se refuerza el carácter procíclico de la política fiscal.
La propuesta fiscal para 2010
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2010 son procíclicos, contraccionistas y agravarán la crisis económica en la que se encuentra el país. El aumento de impuestos devendrá en menores ingresos, baja en el consumo, disminución de la producción y no creación de empleos. Es un sueño guajiro pensar que con mayores impuestos se incrementará la captación tributaria y se logrará sanear las finanzas públicas.
La caída de exportaciones, de la IED y de las remesas, traerá como resultado un mayor déficit fiscal. “El gobierno debería hacer lo que las otras economías: trabajar con gasto público deficitario y meter a la economía más de lo que saca de ella; ello con el fin de favorecer el ingreso de empresas e individuos, y de esta forma incrementar la demanda y reactivar la economía. Por otro lado, para que la mayor demanda no se transfiera a importaciones, sino que favorezca a la producción nacional y al empleo, habría que replantear la apertura comercial así como la financiera; es decir, hay que revisar y redefinir toda la política económica, cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer”.
*Víctor H. Palacio Muñoz: Profesor-investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universidad Autónoma Chapingo. Investigador nacional
