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De 2003 a 2008, el narcotráfico habría lavado 3.1 billones de pesos, de acuerdo con una proyección basada en datos del Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas de Estados Unidos. En ese mismo periodo, los criminales trasegaron al país 22 mil millones de dólares en efectivo, revela un informe de la SHCP. Reprobadas, las políticas antilavado de Calderón: FMI y GAFI
En México –“una de las jurisdicciones vulnerables al lavado de dinero que mayor riesgo presentan”, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) describe al país– se habrían blanqueado entre 1.4 billones y 3.1 billones de pesos durante seis años. La proyección se basa en datos estimados por el Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) respecto de los recursos derivados del narcotráfico.
De acuerdo con la National drug threat assessment 2009 (o Evaluación nacional de la amenaza de drogas 2009), los narcotraficantes mexicanos lavan entre 18 mil millones y 39 mil millones de dólares al año.
Si se toma en cuenta la cifra más baja, entre 2003 y 2008 se habrían blanqueado 108 mil millones de dólares: 1 billón 436 mil 400 millones de pesos o 295 veces el presupuesto del Programa Oportunidades para 2009, que destina 4 mil 869 millones de pesos al combate a la pobreza en México. Esto significaría que durante esos seis años se lavaron en promedio 655 millones 890 mil 410 pesos al día.
Si la proyección se hace con la cifra más alta, el lavado ascendería a 234 mil millones de dólares, equivalentes a 3 billones 112 mil 200 millones de pesos o dos veces el costo del rescate bancario (Fobaproa-IPAB), considerado uno de los “grandes fraudes a la nación”. A diario se habrían legalizado 1 mil 421 millones 96 mil pesos. Con esta cifra, en cuatro días se habría superado el presupuesto del Programa Oportunidades de todo 2009.
Del dinero que se habría blanqueado, 22 mil millones de dólares (o “22 billones de dólares”) se habrían “repatriado” “por canales ilícitos no bancarios”, según se desprende de un análisis hecho por la SHCP: los narcotraficantes habrían burlado la frontera más vigilada del mundo para introducir al país parte de sus ganancias en efectivo.
“Diversas organizaciones delictivas instaladas en México se han venido aprovechando de la extensa frontera entre México y Estados Unidos y del gran flujo de remesas ilegales”, asegura Hacienda en un documento dirigido a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, denominado Anexo. Transmisores de dinero.
“Oficiales estadunidenses estiman que desde 2003, cerca de 22 billones de dólares fueron enviados a México desde los Estados Unidos de América, por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas”, cita el análisis elaborado a fines de 2008 por la SHCP, en el marco del “Proyecto de disposiciones de carácter general, a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito”.
Ese monto equivale a 292 mil 600 millones de pesos, a un tipo de cambio de 13.3 pesos por 1 dólar. También implica un trasiego sostenido de al menos 3 mil 666 millones de dólares anuales.
De acuerdo con el informe de la SHCP, de 2002 a 2008 las autoridades apenas han logrado incautar 60 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los aseguramientos fueron producto de “una estrecha cooperación entre la oficina de Aduanas de México, la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el Crimen Organizado y varias agencias de Estados Unidos”.
La estrecha cooperación no basta. La Drug Enforcement Administration señala que México es “un punto de colocación primaria para el blanqueo del capital derivado del tráfico de estupefacientes”.
En el International narcotics control strategy report 2009 estima que hasta un 90 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos transita por México, al que también señala como país origen de otras drogas ilícitas que se venden en ese mercado: heroína, metanfetamina y marihuana.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifican que la fuente más grande de lavado de dinero en el país está asociada con el tráfico ilícito de drogas. “México es uno de los principales productores de drogas y una nación de tránsito. Tiene poderosos cárteles de la droga que participan en la producción y el tráfico, incluyendo el transbordo de la cocaína de América del Sur a Estados Unidos y Europa, los dos principales mercados de consumo. En este contexto, México es vulnerable al lavado de dinero asociado con la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas”.
En su reporte conjunto México: detailed assessment report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, señalan que “la complejidad del lavado de dinero en México ha aumentado, pues las organizaciones delictivas amplían su influencia y desarrollan nuevos métodos para el blanqueo de sus fondos ilícitos, en particular mediante los vínculos con grupos delictivos en otros países”.
Lavado en bancos
“En el proceso de blanqueo de capitales las instituciones financieras son de vital importancia” para los narcotraficantes mexicanos, advierte la National drug threat assessment 2009. En su capítulo “Ilicit finance”, la NDIC también indica que los nuevos productos y tecnologías utilizadas en transacciones por internet aumentan los riesgos para el sistema financiero mundial.
Explica que desde 2002 los corredores de contrabando de drogas y dinero ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos tienen mayor importancia para los traficantes de drogas, pues la colocación de los recursos en las instituciones financieras (bancos, casas de cambio, centros cambiarios) se hace en territorio mexicano. Aquí y en Colombia se facilita lo que la NDIC llama “el mercado negro intercambiario del peso”.
Identifica, además, que desde México se extendería una red de lavado de dinero por medio de las remesas internacionales que alcanzaría a países como China, Panamá, Taiwán y el propio Estados Unidos. El producto derivado de las operaciones financieras se utilizaría en la adquisición de bienes que se venderían en el mercado negro de Colombia.
El reporte de la NDIC, publicado en diciembre de 2008, espera que las acciones legales contra casas de cambio llevadas en tribunales de México y de Estados Unidos, así como el aumento de controles en la “industria bancaria” de ambos países afecten al “mercado negro intercambiario del peso”.
“El gobierno mexicano tiene una debilidad enorme en materia de investigación de delitos financieros. No hay instituciones sólidas para combatir el lavado de dinero, los procesos de identificación y de lucha contra este delito son débiles y no existe una cantidad de recursos suficientes como para crear una fuerza real antilavado de dinero que golpee el corazón financiero de las bandas del narcotráfico”, explica Jorge Luis Sierra, especialista en temas de seguridad nacional.
La persecución y el castigo de este delito se encuentran entre los puntos más débiles, señalan el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional.
En su reporte indican que, “habida cuenta de la magnitud del tráfico de drogas, la delincuencia organizada y otras actividades delincuenciales, los delitos como el lavado de dinero no están siendo debidamente investigados: las autoridades (mexicanas) sólo han obtenido 25 condenas por lavado de dinero desde 1989”.
El exjefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Roberto Badillo, explica que el combate al lavado de dinero “es un punto verdaderamente cardinal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no en México sino en el mundo. El problema –identifica– es la relación existente entre el dinero mal habido, dinero negro, y los bancos: es una relación muy estrecha y debe de ser combatida en todos los niveles. Desgraciadamente es una situación que se ha descuidado no sólo en México sino en el mundo”.
El también general en retiro y aún diputado del Partido Revolucionario Institucional considera que el sistema bancario mexicano debe mejorar sus medidas de control para transferencias de dinero, sobre todo en efectivo.
De las 149 acusaciones firmes por lavado de dinero, promovidas por autoridades mexicanas en el periodo de 2004 a 2007, sólo dos están basadas en informes de inteligencia producidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, critican el FMI y el GAFI.
Ello sucede a pesar de que para el gobierno de México “el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo representan prioridades” establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, asegura la Secretaría de Hacienda. En el Anexo. Transmisores de dinero, insta a las autoridades a seguir fortaleciendo los controles existentes, “para evitar abusos del sistema financiero”.
Más adelante reconoce debilidades en el sistema, a las que nombra “retos”: “particularmente en cuanto a las facultades para procesar de manera efectiva a quienes lavan dinero, la identificación y conocimiento del cliente y el tratamiento de los servicios de transmisión de fondos o valores y del cambio de divisas”.
Sin coordinación
Al revisar las políticas de México en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, el FMI y el GAFI encontraron falta de coordinación y de cooperación interinstitucional. Para las autoridades internacionales es necesario que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajen juntos “para asegurar el pleno, oportuno y seguro acceso a los informes sobre transacciones sospechosas de centros de intercambio y las empresas de servicios monetarios”.
El amplio informe indica que, actualmente, la UIF no tiene acceso directo a los registros de antecedentes penales, debido a limitaciones jurídicas. Sólo a posteriori y respecto de los casos que esa unidad denunció a la PGR.
“Estamos hablando de una comunidad de inteligencia desintegrada. Los organismos de inteligencia de tipo de financiero y los de tipo civil y militar no están trabajando con un plan estratégico de manera unificada. No están compartiendo información como la podrían y deberían compartir”, explica Jorge Luis Sierra.
El FMI y el GAFI también censuran que, en su lucha contra la delincuencia organizada, el gobierno de Felipe Calderón no provea el dinero necesario a las unidades de investigación, como la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). “La insuficiencia de recursos en esa fiscalía ha obstaculizado la capacidad de México para llevar a cabo investigaciones de lavado de dinero y el enjuiciamiento de los delitos de manera eficaz”.
Ambas autoridades recomiendan que la SIEDO mejore su estructura y sus procesos de investigación. Agregan que tanto los fiscales como los jueces se deben capacitar en cuestiones de antilavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.
Vulnerabilidad del sistema
En su informe conjunto, el FMI y el GAFI observan que la institución con mayores problemas es el SAT, pues le falta personal y recursos que hagan cumplir los requisitos de registro y las políticas antilavado y antifinanciamiento al terrorismo respecto de las instituciones que coordina: centros de cambio de divisas y operadores de remesas.
El “reto”, como lo llaman, “se agrava por el creciente número de sociedades financieras de usos múltiples no reglamentadas, producto de la desregulación de las sociedades de financiamiento de propósito limitado”, conocidas como Sofoles. Estas instituciones se dedican a actividades de préstamos, arrendamiento y factoraje.
Otro riesgo identificado por los organismos internacionales se ubica en la carencia de medidas legales o reglamentarias contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que regulen la actuación de las empresas no financieras, los profesionales y las organizaciones nacionales sin fines de lucro.
Al referirse a la necesidad de cambiar el marco regulatorio, en su anexo la Secretaría de Hacienda defiende los intereses de la iniciativa privada. El presente proyecto de disposiciones de carácter general, a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito “tiene por objeto cumplir con los compromisos internacionales de México en la materia, procurando siempre un equilibrio entre las necesidades de regulación y las condiciones necesarias para una sana competencia en el sector financiero”.
Luis Astorga, experto en el estudio del narcotráfico mexicano e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que ni siquiera los países que se consideran más exitosos en materia de combate al lavado de dinero de la delincuencia organizada lo son.
“Es muy bonito hablar de lo que se tendría que hacer; el problema es que es muy complicado hacerlo. No bastan las leyes actuales contra el lavado de dinero, la ley de la extinción de dominio que ya se aprobó. Son herramientas muy útiles, pero no son suficientes. Hay que crear instituciones para que eso se consolide y tenga un seguimiento. Porque aquí le podemos preguntar a la Unidad de Inteligencia Financiera cuántos casos exitosos tiene”.
En el cuarto párrafo de su análisis, la Secretaría de Hacienda afirma que, “de acuerdo con lo aseverado por autoridades de diversos países, México sigue siendo una de las jurisdicciones vulnerables al lavado de dinero que mayor riesgo presentan”.
La dependencia que encabeza Agustín Carstens detalla que la vulnerabilidad radica, “especialmente, en la investigación de actividades de lavado de dinero que involucran el contrabando de efectivo derivado de la venta de drogas y otras actividades criminales dentro y fuera del territorio nacional”.
Amenaza a la seguridad nacional
Al delinear los “hallazgos clave” de su investigación conjunta, el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional afirman que “México se enfrenta ahora a una amenaza a su estabilidad y a su seguridad nacional sin precedentes, por el tráfico de drogas y la delincuencia organizada”.
Agregan que “los poderosos cárteles de la droga, que recurren a la violencia extrema, han extendido sus actividades en diversas partes del país. Estas actividades suponen un importante desafío para el gobierno”.
Para los organismos internacionales, “esta situación refleja la magnitud de recursos financieros, económicos y de poder a disposición de los cárteles de la droga y la delincuencia organizada. El poder económico de las organizaciones criminales les ayuda a seguir funcionando y socava al buen gobierno y la autoridad del Estado”. (NF)
Corrupción, problema estructural
En el International narcotics control strategy report 2009, la Drug Enforcement Administration (DEA) advierte que uno de los principales obstáculos para combatir a la delincuencia organizada y al lavado de dinero es la corrupción. El contexto en el que se da la batalla contra estos ilícitos es de “altos niveles de corrupción” y de “desorden dentro de los órganos judiciales y de seguridad de México”.
“La corrupción en todas las instituciones públicas mexicanas sigue siendo un impedimento clave para reducir con éxito el poder de los cárteles de la droga”. Este fenómeno, indica la DEA, también obstaculiza la reforma de las instituciones mexicanas.
El informe ejemplifica que, el 27 de octubre de 2008, el procurador general Medina Mora anunció la detención de cinco altos funcionarios de la SIEDO, por pasar información “a un importante cártel de drogas”, el de los Beltrán Leyva.
Agrega que el 31 de octubre del año pasado el comisario de la Policía Federal, Gerardo Garay Cardeña, dimitió por acusaciones de posibles vínculos con el cártel de Sinaloa. Posteriormente fue detenido por corrupción. Sin detallar, el documento indica que “docenas de jóvenes funcionarios federales de seguridad también han sido suspendidos o despedidos por acusaciones de corrupción”. (NF)
