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Marcos Chávez M.*
En 2002, Joseph Stiglitz –premio Nobel de economía en 2001, asesor de William Clinton y vicepresidente del Banco Mundial, organismo del cual desertó para convertirse en uno más de sus críticos, al igual que del Fondo Monetario Internacional–, calificó a los turbios manejos cometidos por un gran número de corporaciones estadounidenses que llevaron a la quiebra a varias de ellas, entre otras a Enron, íntimamente asociada al baby George Bush, como el capitalismo de amiguetes al estilo americano. (El País, 14/02/02)
Esa forma capitalista de operar no se reduce sólo a la voracidad depredadora de las empresas, que para maximizar sus ganancias engañan a los inversionistas y la sociedad por medio de la inescrupulosa manipulación de sus hojas de balance. Con un cierto pudor académico, Stiglitz denomina a esa práctica de uso corriente como “falta de transparencia en sus operaciones”, y “extravagantes trucos contables”. El problema, según el premio Nóbel, es más complejo, ya que involucra a una perversa relación entre el gobierno y los empresarios. Las corporaciones compran influencia y poder, con el objeto de evadir las regulaciones gubernamentales o ser rescatadas con cuantiosos recursos públicos cuando quiebran. A esos beneficios, se le pueden añadir los recortes en las cargas tributarias, la tolerancia a la evasión y elusión en el pago de impuestos, los subsidios fiscales, la obtención de información privilegiada, los prerrogativas en las compras e inversiones estatales, la colocación de sus empleados en puestos claves de la administración pública, su conversión en interlocutores selectos del gobierno, o su relevancia decisiva en la definición de las estrategias públicas, entre otras tantas formas que redundan en el acrecentamiento de la acumulación privada del capital, a costa del estado y la mayoría de la sociedad. En ese sentido, añade Stiglitz, en el “el capitalismo de amiguetes no hay nada nuevo. El mercado libre no es más que un ligero disfraz del anticuado bienestar corporativo: hay que dar a quien tenga las conexiones apropiadas”.
Bajo la lógica del capitalismo de amiguetes, como bien señala Stiglitz, el financiamiento privado de carreras públicas no significa un desperdicio de recursos. Representa una inversión. Por esa razón, los empresarios siempre están deseosos por sufragar las campañas electorales de candidatos a congresistas y de futuros presidentes, como ha ocurrido con legisladores estadunidenses o con Bush, por mencionar a un ejecutivo. Estos últimos, una vez ubicados en sus respectivos puestos públicos, defenderán rabiosamente los intereses corporativos, tal y como sucede, por ejemplo, con la brutal agresión de ese país a Afganistán o Irak, o con la alteración de la estabilidad y del mapa geopolítico del medio oriente y Asia central, entre otros lugares.
De lo anterior Stiglitz deriva algunas lecciones: 1) los costos de la perniciosa financiación de las campañas electorales, el imperativo de modificarla y la necesidad por aplicar leyes más estrictas para la exhibición pública del origen de dichos recursos; 2) “la democracia se mina cuando los intereses corporativos pueden, de hecho, comprar las elecciones”; 3) el problema del acceso a la información; 4) la contradicción entre los intereses de los dueños y los administradores de las corporaciones con los de los inversionistas; 5) la urgencia por encontrar el equilibrio correcto entre gobierno y mercado; 6) la necesidad de inculcar nuevos modelos éticos a los empresarios. A partir del punto tres Stiglitz, que dista de ser un radical de izquierda, se muestra ingenuo. Pretende ir en contra de la naturaleza del capitalismo. La única ética que conocen y respetan los empresarios es la de la acumulación por cualquier método. Su ímpetu animal le impone obtenerla y aumentarla por cualquier medio, al margen de cualquier regulación que, cuando funciona, le seduce para violentarla. Si no funciona de esa manera no es capitalismo. La simbiosis entre el poder económico y político es fundamental para que opere.
Otros analistas han definido mejor a esa forma de operar al sistema: el capitalismo mafioso, de rapiña, depredador.
En el caso mexicano se aplican, de manera aún más descarnada, todos los aspectos delineados del capitalismo de amigotes o mafioso. Los escándalos que rodean a Petróleos Mexicanos (Pemex) lo sintetizan. Nacionalizada el 18 de marzo de 1938 por Lázaro Cárdenas, con el objeto de convertirla en un puntal del desarrollo nacional, Pemex terminó convirtiéndose en un suculento botín de priistas y panistas. La paraestatal es una de las empresas más importantes del mundo. Con el alza de los precios internacionales del crudo (el precio medio de la mezcla de exportación en 1998 fue de 10.18 dólares por barril y en 2007 de 56.37; en septiembre llegó a 66.18) ha recibido una verdadera avalancha de dólares (entre el 2000 y septiembre de 2007 el ingreso acumulado de las ventas externas del crudo y sus derivados sumaron 185 mil 578 millones de dólares). Sin embargo, se encuentra al borde de la bancarrota financiera y es incapaz de cumplir con sus actividades más elementales. Varios factores explican esa lamentable situación:
- 1) La desastrosa planeación de sus actividades.
- 2) La brutal expoliación fiscal. Entre 1998 y 2006 Pemex obtuvo un rendimiento neto acumulado por 2.9 billones de pesos, a precios reales de 2002. Sin embargo, después del pago de impuestos arrojó una pérdida acumulada real por 214.5 mil millones. Sus resultados negativos se observan anualmente 1998 y 2005. Los cambios en su régimen fiscal, desde el 2006, en poco han contribuido para modificar su complicada situación.
- 3) La desaforada corrupción gubernamental, en especial la de sus directivos, solapados por el gobierno en turno, cuyos manejos turbios se volvieron vox populi desde la época de Jorge Díaz Serrano y que se extiende hasta la de los panistas Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo y que, se presume, involucra a Jesús Reyes Heroles, su actual director quien recibió ese puesto como pago a los oficios electorales que le otorgó a Felipe Calderón. Ellos han acumulado sus fortunas con la sangría de Pemex.
- 4) Su estrangulamiento financiero presupuestal, su desmantelamiento y su destrucción deliberada, impuesta por los tres últimos gobiernos priistas y los dos panistas (Vicente Fox y Calderón), bajo las directrices neoliberales impuestas por la Casa Blanca, las transnacionales petroleras, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
- 5) El tráfico de influencias y otra clase de corruptelas observadas entre el sector público y privado. En esa lógica se ubican, presumiblemente, los sustanciosos contratos de Transportación Marítima Mexicana (El Universal, 30 y 31/10/07), así como Oceanográfica, S.A. de C.V, Arrendadora Ocean Mexicana y del Río Virgen, que involucra a las familias de Marta Sahagún y Vicente Fox; Muñoz Leos, Ramírez Corzo y Reyes Heroles y otros muchos funcionarios públicos. El gobierno federal se ha convertido en su principal cómplice y protector.
- 6) La reprivatización de la industria petrolera, que ha permitido la anticonstitucional participación empresarial, nacional y extranjera, en las actividades petroleras (exploración y perforación, refinación, gas y petroquímica básica), a través de los contratos de servicios múltiples (los Pidiregas), obras de dudosa calidad (costos, financiamiento, plazos de entrega, características de las obras, etc.) iniciadas en 1997 con Ernesto Zedillo. A precios corrientes, entre 1997 y 2006, la inversión acumulada de Pemex en ese lapso fue por 865.3 mil millones de pesos. De esa cantidad, 629.5 mil millones (72.8 por ciento) correspondieron a los Pidiregas y el resto, 235.7 mil millones (27.3 por ciento) al presupuesto público. Sin embargo, de esta última cantidad, 120 mil millones, el 51 por ciento, fueron destinados a amortizar Pidiregas vencidos (desde el 2003 absorben la mayor parte de los recursos presupuestales). En 1997 los Pidiregas equivalieron a 14.3 por ciento del total de la inversión de Pemex. En 2006 a 86.6 por ciento. Para 2008 será una proporción similar.
¿De quién es Pemex actualmente?
En los años subsecuentes esta nociva y peligrosa carga, junto con la deuda tradicional, se convertirá en un grave problema para Pemex, para las finanzas públicas y los contribuyentes. Sin duda el esquema privatizador ha sido generoso negocio para los depredadores hombres de presa.
Pese al obscuro funcionamiento de los Pidiregas, Calderón se ha comprometido con los empresarios a profundizar la participación pública. (La Jornada, 17/10/07). Con la complicidad de la mayoría priista y panista del Congreso y el silencio del poder judicial. Al cabo, todos ellos salen beneficiados.
Tan jugosa es la rapiña cometida en contra de Pemex, que hasta uno de los buitres mayores del imperio, John Negroponte, el secretario adjunto, apremia a los productores petroleros para que abran sus puertas a los inversionistas estadunidenses.
El capitalismo de amiguetes, el capitalismo mafioso mexicano es opulento. No cabe la menor duda. Y Calderón lleva prisa por ampliar y acelerar la asfixia financiera de Pemex y aumentar los beneficios para los empresarios.
