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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la Banda de 2.5 Gigahertz (GHz) y “rescatar” las que aún están vigentes en la misma Banda, de las cuales 42 están en poder de MVS Comunicaciones, para licitarlas nuevamente.
Dionisio Pérez-Jácome Friscione, titular de la dependencia, dijo en conferencia de prensa que nuevas decisiones del gobierno han llevado a la determinación de “negar la prórroga de todas las concesiones vencidas en la Banda de 2.5 GHz, lo que en la mayoría de los casos ha sido ya notificado”.
Además de “iniciar el procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la misma Banda, con el propósito de llevar a buen fin su reordenamiento”.
Argumentó que los avances tecnológicos han cambiado gradualmente las posibilidades de uso de la Banda de 2.5 GHz, por lo que en su momento se promovió la prestación de nuevos servicios en esta Banda.
Sin embargo, se decidió “diseñar una política de rescate de frecuencias poco utilizadas o no utilizadas, a partir del vencimiento de concesiones y permisos, regularización de usuarios, y cambios derivados del desarrollo de nuevas tecnologías en bandas de frecuencia específicas y este es el caso de la Banda de 2.5 GHz”, puntualizó el funcionario.
Explicó que desde 2008, la SCT inició el proceso de reordenamiento de esta Banda, con el fin de aprovechar todo su potencial para brindar servicios de telecomunicaciones móviles avanzadas, en especial de banda ancha, que antes no se podían ofrecer en estas frecuencias.
Al modificarse las posibilidades tecnológicas del uso de la Banda de 2.5 GHz, cambia el “uso eficiente”. Cuando se otorgaron las concesiones en esta Banda, los servicios eran sólo los de televisión y audio restringidos, pero actualmente son muchos más los servicios que pueden prestarse, como los de cuarta generación que implica mayor velocidad y que incluyen, los de banda ancha móvil, abundó el secretario federal.
Según Pérez-Jácome Friscione, esto implica también cambios en el valor de mercado de estas frecuencias y ofrecer más servicios a la población de todo el país, “en mejores condiciones de alcance, calidad y precio”, pero también evitar la saturación de la capacidad del espectro disponible.
En México existen 11 operadores con 68 concesiones vigentes en la Banda de 2.5 GHz, que van desde operadores con una concesión, hasta MVS Comunicaciones, con 42 concesiones vigentes.
“Más allá de la disparidad en cantidad de MHz concesionados y del número de concesiones que cada operador tiene, lo cierto es que la Banda está considerablemente subutilizada”, aseveró el titular de SCT.
Puso como referencia que “la Banda de 2.5 GHz es como una autopista de alta especificaciones, de la que en México estamos utilizando apenas el acotamiento”.
Con el reordenamiento de estas frecuencias, bien utilizadas, se podría atender en pocos años a varios millones de usuarios, mientras que actualmente sirve apenas a poco más de 200 mil suscriptores, indicó el funcionario.
Dijo que durante las pláticas que se sostuvieron con los representantes de MVS Comunicaciones, entre 2007 y 2012, la Secretaría presentó diversos esquemas para autorizar la prórroga y la prestación de servicios amplios en sus concesiones, sin embargo la empresa no aceptó ninguna de las propuestas.
Reconoció que MVS también planteó alternativas, las cuales “fueron inaceptables, ya sea porque no aseguraban la explotación eficiente del espectro o no cumplían con las mejores condiciones económicas para el Estado, como lo prevé el Artículo 134 de la Constitución”.
Señaló que “la posición adoptada por el mayor operador de la Banda de 2.5 GHz quedó muy lejos de lo que es aceptable para la Secretaría”.
Debido a que los periodos de vigencia originales de las concesiones son hasta el año 2020, esta administración decidió iniciar el “rescate” de todas las concesiones de la Banda de 2.5 GHz para licitarlas bajo nuevas condiciones, proceso en el que podrán participar los actuales operadores.
Pérez-Jácome Friscione aclaró que el procedimiento de rescate implica diversas etapas y plazos fijados en las leyes y en los reglamentos aplicables. Por lo que, la siguiente fase será la probatoria, en la que los concesionarios podrán presentar las pruebas y los argumentos que convengan a su interés, y conforme a su derecho de audiencia.
Después vendrán las etapas de valoración de pruebas y análisis de información; de alegatos, y de resolución. El procedimiento contempla también determinar el monto de la indemnización de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales a la que, en su caso, los concesionarios tengan derecho.
