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El Gobierno Federal presentó este miércoles un diagnóstico sobre las pensiones más altas que actualmente se pagan a exaltos mandos de confianza en empresas públicas, organismos descentralizados y banca de desarrollo, y anunció el envío de una reforma constitucional al artículo 127 para establecer un tope equivalente al 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal. Durante la conferencia matutina, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que existen casos de pensiones que superan ampliamente los promedios nacionales e incluso las percepciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pensiones en Luz y Fuerza del Centro En la extinta Luz y Fuerza del Centro se reporta un padrón de poco más de 14 mil extrabajadores jubilados, con un costo anual de 28 mil millones de pesos. De ese total, 9 mil 457, es decir el 67 por ciento, reciben pensiones que van de 100 mil a un millón de pesos mensuales, y se documentó al menos un caso que supera el millón de pesos al mes. A ello se suma un subsidio parcial al Impuesto Sobre la Renta que representa 2 mil 400 millones de pesos adicionales al año. Según lo expuesto, estas pensiones llegan a ser hasta 140 veces superiores al promedio nacional, que ronda entre 6 mil 600 y 8 mil 400 pesos mensuales en instituciones como IMSS e ISSSTE. Pemex: pensiones por encima del tabulador vigente En Petróleos Mexicanos hay poco más de 22 mil jubilados del régimen de confianza, con un gasto anual cercano a 25 mil millones de pesos. De ellos, 144 personas reciben montos superiores a los de la Presidenta, lo que implica mil 827 millones de pesos adicionales al año. Además, 618 casos superan el monto anual bruto asignado al director general, y mil 96 jubilados perciben más que el personal en activo bajo el tabulador vigente. En promedio, estas pensiones representan 39 veces el promedio nacional. La Presidenta subrayó que se trata exclusivamente de altos mandos de confianza y no de trabajadores sindicalizados ni de base. CFE y banca de desarrollo En la Comisión Federal de Electricidad se registran 54 mil jubilados del régimen de confianza, con un gasto anual cercano a 41 mil millones de pesos. De ese total, 2 mil 199 personas reciben montos superiores al salario presidencial, lo que representa casi 4 mil 500 millones de pesos adicionales al año. Asimismo, 45 mil 680 casos superan el promedio de pensiones del ISSSTE y 8 mil 157 exceden el promedio del IMSS. En la banca de desarrollo también se identificaron casos relevantes. En Nacional Financiera nueve personas superan el salario presidencial dentro de un padrón de casi mil 500 jubilados, con un costo anual de 643 millones de pesos. En Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos son 19 los jubilados que perciben más que la titular del Ejecutivo, con un gasto anual de mil 29 millones de pesos. En Banco Nacional de Comercio Exterior se identificaron 22 casos similares dentro de un padrón de 966 personas jubiladas. Reforma al artículo 127: pensiones sin privilegios Ante este panorama, Sheinbaum anunció el envío al Senado de una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que las pensiones de exaltos mandos de confianza en paraestatales no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, explicó que la propuesta se basa en los principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera, y contempla como excepción las pensiones previstas en contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, por lo que no afectará a trabajadores sindicalizados o de base. La Presidenta aclaró que la reforma no modificará lo ya devengado, pero que, una vez aprobada por el Congreso, los pagos futuros deberán ajustarse al nuevo límite constitucional. “Estamos hablando de altos mandos que pudieron haber trabajado uno o dos años como directores y hoy reciben hasta un millón de pesos mensuales de pensión. Eso ya no puede seguir ocurriendo en un gobierno que busca eliminar privilegios”, afirmó. La iniciativa será discutida en el Congreso como reforma constitucional.

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